lunes, 27 de octubre de 2014
sábado, 18 de octubre de 2014
EL ESTADO: ASIENTO DE TODOS LOS MALES...
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Estas
medidas, nunca del todo ausentes, regresan de manera inevitable a
nuestra memoria al mirar las políticas de austeridad que, como un fantasma,
recorren hoy Europa y otras naciones. En
la nuestra se asoman, en forma recurrente, con frecuencia animadas por los ejemplos
tomados de esas otras realidades o de los persistentes pensamientos de los
actores en los cuales se sustenta el proyecto mercado-céntrico.
Los impactos de las profundas reformas
del Estado, aplicadas en el marco del ajuste, tenían el propósito de “encoger”
el Estado, según lo calificó Oszlack. Segmentos enteros de éste fueron
trasladados al sector privado -medidas con las cuales se crean o se multiplican
cuantiosos capitales-, algunas funciones estatales se trasladan a los gobiernos
sub-nacionales y varias dependencias se mantienen, pero cumpliendo sus
funciones en franco deterioro, producto de las agresivas políticas de movilidad
laboral y de las drásticas reducciones en el gasto público, adoptadas con el anunciado
objetivo de alcanzar el equilibrio macroeconómico. Reforma del Estado, en ese
período, es sinónimo de achicamiento de su tamaño y disminución de sus
funciones: el objetivo es implantar el soñado Estado mínimo.
Los cambios se efectúan en medio de un
clima político-ideológico y de generación de opiniones, con un acusado papel
de los medios de comunicación, en el cual el Estado se coloca como el asiento
de todos los males vividos por la sociedad. La eliminación de la sociedad Estado-céntrica, con sus virtudes y sus
defectos, y la transición a la sociedad mercado-céntrica,
proclamada como el inevitable e ideal futuro, se produce, de manera más o menos
radical, aquí y allá: era la época del pensamiento y el modelo únicos.
En la actualidad, varias naciones tratan
de recuperar algunas de las funciones reguladoras, distributivas y de garante
de los derechos de ciudadanía por parte del Estado, sin pretender la vuelta al
estadocentrismo del pasado, sino creando, más bien, las condiciones requeridas para avanzar hacia
una sociedad ciudadano-céntrica, en
cuyo avance se revitaliza el Estado y el mercado cumple con un destacado papel,
pero se coloca a la ciudadanía en el centro del proceso de desarrollo.
Lo ocurrido en Costa Rica durante este
período, presenta características diferentes, en algunos aspectos, en relación
con la situación de otros países. Si bien los aires aperturistas soplan fuerte
por estos lares y el pensamiento y las políticas de este tipo se enraizaron en
esta sociedad, es importante hacer, en algún momento, un análisis comparativo
sobre la profundización alcanzada por las reformas económicas y políticas en
diversas sociedades latinoamericanas.
En los países centroamericanos, y en la
mayor parte de los sudamericanos, por ejemplo, les resulta incomprensible la
conservación en Costa Rica de una suerte de propiedad mixta de las empresas en
sectores privatizados en aquellas otras naciones con la primera generación de
reformas del Estado: banca, telefonía, producción y distribución eléctrica,
seguros, pensiones…en nuestro caso, se mantienen las inversiones públicas en
esos sectores y ¡hasta la producción de aguardiente continúa en manos del
Estado!.
En las otras naciones predominó la
privatización indiscriminada por la vía de la venta de empresas estatales -en
muchas ocasiones a precios ridículos-, o el traslado de funciones públicas al
sector privado. La subordinación de lo público por el mercado alcanzó, en estos
casos, ribetes dramáticos. En Costa Rica, la vía adoptada fue la de la apertura:
se abrió la competencia entre las empresas públicas y las privadas,
posiblemente para algunos con la oculta esperanza de que las dadas por seguras
ineficiencias estatales y las supuestas superiores condiciones de las empresas
transnacionales conducirían, a cierto plazo, a la salida de las primeras del
mercado.
Estas disimilitudes, fáciles de
distinguir sin pasar de la superficie de estos procesos, encuentran en la porfía
asumida en distintos momentos por la ciudadanía, un ineludible factor
explicativo. La reiterada oposición a las reformas de este corte, su
movilización e impedir que por medio de las urnas electorales los grupos anti
estatales obtengan los sufragios suficientes para imponer sus proyectos, han
sido situaciones esenciales en la definición del rumbo seguido por esta
sociedad. Aunque los expertos siguen insistiendo en la “baja cultura política”
del costarricense, algo deja en las mentes y la conciencia de un pueblo su
secular vida democrática y por lo menos un desarrollado “olfato político” les
acompaña en los senderos recorridos por su vida política.
La constatación de estas diferencias no
menores en el camino aperturista seguido en las diferentes naciones, encuentra,
eso sí, un elemento común en la arremetida contra los presupuestos públicos, la
reducción drástica de las inversiones y el desmantelamiento o el deterioro de
servicios esenciales prestados por el Estado.
El cierre o “cuasi cierre” de
instituciones –recordamos hoy lo ocurrido con el Banco Anglo, INCOFER, el CNP y
el IFAM, entre otras-, la movilidad laboral, el impedimento de sustituir al
personal jubilado, el congelamiento de las plazas y los presupuestos, aplicados
con algunas excepciones, condujeron a situaciones en las cuales un porcentaje
muy elevado de los recursos recibidos por estas dependencias se dedicaran al
pago de los salarios, con ausencia de financiamiento para cumplir eficazmente
con los objetivos institucionales y ejecutar las tareas correspondientes con la misión institucional.
De igual manera, se redujeron, en forma sensible, las inversiones públicas, con
los consecuentes rezagos en la infraestructura y sus negativas consecuencias
para el desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad costarricense.
Bajo estas condiciones, se cumple la
profecía: el Estado con insuficientes recursos y con sus capacidades disminuidas,
reduce también sus capacidades y le resulta muy difícil atender a las
crecientes demandas originadas en la sociedad, muchas de ellas provenientes de
los sectores desprotegidos al modificarse las políticas y deteriorarse el
sistema institucional. Se le pide eficacia a un Estado al cual se le estrechan
sus recursos y se le disminuyen sus facultades. ¡El Estado continúa siendo el
asiento de todos los males!
El mayor deterioro se presenta en el
ámbito del Gobierno Central, mientras por otro lado crece una maraña de
instituciones, con altos niveles de autonomía, con presupuestos y condiciones de contratación y
remuneración dispares entre ellas y, en forma categórica, en relación a lo
ocurrido en las dependencias centralizadas. Esa es la realidad actual de buena
parte de las entidades y el conjunto del sector público en el país, con
modalidades heterogéneas de empleo y con recursos desiguales para cumplir con
su misión.
Las arremetidas anti estatales son
habituales y hacen su aparición, con periodicidad amparadas en llamativos
“apoyos” externos, en aquellos momentos en los cuales se dictamina la
existencia de un decretado por alguien “inmanejable déficit fiscal”. Surge de
nuevo la reiterada y desacertada ficción según la cual la nación es como una
familia y no puede gastar más del monto total de sus ingresos. En primer lugar,
desde luego, habría de preguntarse de qué clase de familia estamos hablando, pues
un buen número de ellas no logra obtener los ingresos necesarios para la
subsistencia de sus miembros. ¿Será con una de estas numerosas familias con las
cuales hacemos la comparación?
En segundo lugar la descabellada analogía
deja de lado la capacidad con la que cuenta el Estado para generar ingresos
adicionales con el propósito de atender las demandas de diversa índole surgidas
en la sociedad, mediante la aplicación de las potestades fiscales con las
cuales cuenta o del manejo de las medidas e instrumentos por medio de las
cuales se reduzcan las colosales evasiones proclamadas por las propias
autoridades gubernamentales. No es lo más eficaz, ni sensato, tratar de racionalizar
el gasto y las inversiones públicas aplicando recortes generales, sin responder
a determinadas prioridades u objetivos estratégicos originados en un explícito
proyecto político al cual se adhiera la mayoría de la ciudadanía.
Mucho más sencillo les resulta, aunque
evidentemente también más incoherente, recortar el gasto público o embestir
contra las rentas medias, medidas con las cuales se gana el favor de los
medios, el reconocimiento de las visiones cortoplacistas y el aplauso de
aquellos intereses que encuentran, en estas decisiones, una forma de retraer
cualquier intento de reforma fiscal con la cual quién quita y se afecten a las
rentas altas.
En el centro de la discusión política en
el país sigue estando, aunque sea de manera soterrada, la puja por el modelo de
desarrollo con el cual emprenderá la sociedad costarricense el camino al
futuro. Algunos personajes, a los cuales
la ciudadanía costarricenses de manera reiterada les ha dicho no a sus
pretensiones de gobernar el país, por sus propuestas radicales de austeridad y
de claro corte anti estatal, encuentran espacios para promover, a contrapelo de
lo decidido cuando corresponde por la ciudadanía, un nuevo e indiscriminado ataque
a los presupuestos públicos, con todas las consecuencias que esto a la larga
traerá en el menoscabado bienestar de la población, en el funcionamiento del
maltrecho Estado costarricense y en el accionar de las instituciones
democráticas.
