domingo, 27 de septiembre de 2015

COLOMBIA

Contando apenas con cinco años de edad inicié mis estudios primarios en la Escuela República de Colombia, ubicada en el centro del cantón de Naranjo. Los lunes de cada semana, empezábamos las actividades con un acto cívico en el que se entonaban las notas del himno nacional de nuestro país y, enseguida, cantábamos, “¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal! ¡En surcos de dolores el bien germina ya!...”; las estrofas del himno colombiano resonaban en el patio central de la escuela vocalizado por los numerosos niños que formábamos parte de aquel querido centro educativo. Ese hecho y las estrechas relaciones existentes en esa época entre la Embajada de Colombia en Costa Rica y la escuela, marco de relaciones en el que se organizaban distinto tipo de acciones, ineludiblemente generaba identidades, las cuales, por la corta edad de los participantes en ellas, tienden a perdurar.

En los años 80, siendo extensionista en la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, desarrollamos una aplicación del Laboratorio de Capacitación en Organización (elaborado por Clodomir Santos de Morais), con el que apoyamos la formación de empresas asociativas de producción en Costa Rica y en varios países de América Latina, con el patrocinio del IICA. Esto me llevó hasta la costa colombiana, a promover una experiencia en la comunidad afro descendiente de Aguas Negras, en el municipio de San Onofre, relativamente cercano a Sincelejo, capital del  Departamento de Sucre. En ella participaron funcionarios del SENA y del antiguo INCORA, así como numerosas familias campesinas, con quienes se proponía integrar una empresa asociativa. Una hamaca colocada en una de las humildes casas de techo de paja me sirvió de dormitorio en las dos semanas durante las cuales se extendió la experiencia. Fue este un tiempo extraordinario para compartir y palpar en aquel bello y humilde poblado costero, las tensiones y crispaciones de un conflicto extendido en forma preponderante por estos sitios del medio rural colombiano.

En años más recientes, la participación desde FLACSO Costa Rica en una red de instituciones de educación superior, en el marco del proyecto SERIDAR (Sociedad Rural, Economía y Recursos Naturales), fue una buena oportunidad para compartir con colegas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), vinculados con diversos territorios rurales del país y con una clara visión sobre lo ocurrido en ellos, como consecuencia del conflicto en que se hayan envueltos.

Por estas razones, entre otras, y por la perenne cercanía afectiva, con el tiempo miraba embargado de desazón el prolongado conflicto cuyos antecedentes algunos los ubican en la época de “La Violencia”, enfrentamiento cargado de furia ocurrido durante la primera mitad del siglo XX, entre los partidos Liberal y Conservador. La pugna actual, sin dejar de lado ese antecedente, se origina al calor del conjunto de movimientos políticos que, en la Latinoamérica de los años 60 y 70, adoptan el camino de la lucha armada para tratar de introducir cambios estructurales en las excluyentes sociedades prevalecientes en esa época en la región. ¡Mucho de eso vivimos en Centroamérica, en donde en plena guerra fría ardieron las hogueras y se alcanzaron altos grados de violencia!

Ningún conflicto de esta naturaleza puede comprenderse fuera del entorno histórico, económico, social, político y cultural de la sociedad en donde ocurre. Por eso resultan absurdas las generalizaciones y las referencias simplistas al conflicto armado colombiano, caracterizado por una mayúscula complejidad y el involucramiento de muy diversos actores, situación que obliga a ser cautos con las miradas externas hacia una realidad exhaustivamente analizada por los propios colombianos. La presencia del narcotráfico, las diferentes tendencias dentro de los grupos guerrilleros de izquierda, los grupos paramilitares de derecha y de extrema derecha, los partidos políticos y las variantes políticas públicas asumidos por el Estado ante el conflicto, le dan una tonalidad confusa y difícil de desentrañar para los ojos propios y sobre todo para los ajenos.

Lo cierto es que según el primer registro oficial de víctimas de la guerra en los últimos 30 años, preparado por el gobierno colombiano por medio de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, el número de víctimas causadas por este conflicto asciende a la pavorosa cifra de 6,8 millones de personas. De estas,  el 86 por ciento son desplazados y el 14 por ciento víctimas de amenazas, homicidio y desaparición forzada. En menor proporción, según la información proporcionada en el registro, aparecen las víctimas de secuestro, violencia sexual, despojo y abandono de bienes, lesiones, tortura, reclutamiento forzado de niños y niñas y atentados (Entrevista a Paula Gaviria, El Tiempo, 28 de diciembre de 2014). Por otra parte, en el informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en 2013, se apunta que el número de muertes causadas por el conflicto entre 1958 y 2012 llega a 220.000 (El País, España, Miércoles, Julio 24, 2013).

La noticia sobre los significativos avances alcanzados en las negaciones para lograr la firma de la paz en Colombia, nos llena de júbilo y hace surgir la esperanza de que este prolongado conflicto encuentre su final. La voluntad política y los liderazgos dispuestos a encontrar los mecanismos viables para alcanzar un acuerdo y una paz duradera, han logrado enfrentar los obstáculos interpuestos por quienes en forma insensata consideran que es la guerra el camino para alcanzar la conclusión de la confrontación y lograr la anhelada paz o de quienes interponen, en forma obstinada, sus intereses al logro del fin de las hostilidades. ¡La hora de la paz está cerca de llegar a Colombia, con el beneplácito de quienes valoramos y miramos con respeto a esa gran nación!





domingo, 20 de septiembre de 2015

ELECCIONES MUNICIPALES

El primer domingo de febrero de 2016 se llevará a cabo una votación de singular relevancia para la longeva democracia costarricense, renovada y revitalizada con  medidas mediante las cuales la ciudadanía participa y decide sobre sus representantes en los diferentes ámbitos de la acción estatal.

Este torneo permitirá elegir por primera vez en forma separada de los comicios nacionales  a alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito, intendentes, viceintendentes y concejales municipales de distrito, en atención a las modificaciones introducidas en la legislación nacional. 

Un proceso de esta naturaleza, es novedoso para nuestro país, no lo es así para numerosos regímenes políticos en la región. La experiencia obtenida en varios países muestra que si bien estas elecciones movilizan a las alicaídas estructuras partidarias nacionales, los factores preponderantes del proceso se concentran en las propias dinámicas municipales o cantonales, con sus particularidades estructurales, sus instituciones, sus organizaciones sociales y políticas y sus demandas específicas.

Esto se expresa en la inclinación del voto hacia agrupaciones locales, a alianzas partidarias municipales o hacia personas de la comunidad que por su trayectoria en la vida local, el respeto guardado por parte de sus vecinos o el liderazgo forjado por sus actuaciones en la búsqueda de soluciones a los problemas o desafíos del desarrollo de su cantón, adquieren mayor importancia, a la hora de decidir, que sus filiaciones políticas. La indeclinable pérdida de las lealtades partidarias suma a esta mayor independencia de criterio a la hora de elegir. Esto, desde luego, funciona así cuando una mayoría significativa de la ciudadanía acude a las urnas electorales a emitir su voto; en el caso contrario, serán las perennes estructuras partidarias quienes terminen determinando los resultados.

Es claro que la sola ubicación territorial no les da mayor cercanía con los ciudadanos a los gobiernos locales. Con frecuencia las modalidades de gobernanza y las prácticas políticas e institucionales prevalecientes en el ámbito municipal, tienden a  llevarse a cabo dándole las espaldas a la ciudadanía y sin procurar abrir espacios de participación efectiva en los asuntos públicos de interés para la comunidad. Estas formas de actuación no concitan la identificación de los munícipes (los vecinos), con su gobierno municipal, lo que se traduce en tanta lejanía  o a veces mayor distancia a la existente en relación con las instituciones nacionales. Esto tiene mucha importancia en el llamado a los electores a sufragar en los comicios para elegir a las autoridades locales.

Sin embargo, no cabe duda de que las municipalidades, a pesar del centralizado sistema estatal constituido en esta sociedad, cumplen funciones básicas para el bienestar de las familias, el desarrollo productivo, los servicios públicos y el desenvolvimiento social, ambiental y cultural en nuestros territorios. Estos, por sí solos, son motivos suficientes para acudir a emitir el voto. Pero la elección ofrece una buena oportunidad a la ciudadanía para procurar el establecimiento de gobiernos locales abiertos, en los cuales la transparencia, la información y la consulta permanente, así como las formas de gobernanza con mecanismos de participación para los actores territoriales, suplanten a las formas tradicionales de gestión aisladas de los ciudadanos.

 El fraccionamiento del sistema de partidos existente en el país, paradójicamente, podría favorecer una mayor movilización de los electores en el ámbito local. A los 17 partidos inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a escala nacional y a los 12 a escala provincial, se suman 57 partidos inscritos a escala local en 40 de los 81 cantones del país: Siquirres -2 partidos-, Naranjo, Aguirre, Desamparados – 5 partidos-, Quepos, Santa Ana -2 partidos-, Palmares -2 partidos políticos-, San José -3 partidos-, San Carlos, La Unión – 2 partidos políticos-, Vázquez de Coronado -2 partidos políticos-, Montes de Oro, Montes de Oca -2 partidos políticos-, Barva, Goicoechea -3 partidos políticos-, Tibás, Corredores, Curridabat, Mora, Garabito -2 partidos políticos-, Belén, Escazú – 2 partidos políticos-, Santa Barbara, Pérez Zeledón, San Ramón, Limón, Santo Domingo, Grecia, Osa, Parrita -2 partidos políticos-, Puriscal,  Cartago, Alajuela, Tarrazú, Flores, Abangares, Atenas, El Guarco, Poás y Pococí.

La acción de estas 86 agrupaciones políticas (nacionales, provinciales y cantonales), pueden ser un factor movilizador de los electores ante unos comicios que marcan un nuevo paso en el desarrollo democrático de la sociedad costarricense y ante los cuales se espera una respuesta positiva de la ciudadanía.