“Las métricas típicas
para juzgar la labor de un Gobierno en este momento no se aplican”, manifestó
un ministro de gobierno de la administración Chinchilla Miranda a un medio de
comunicación nacional, explicando el origen de esta situación por la condición
de mujer de la mandataria. Es innegable la existencia de alguna crítica mordaz,
con una clara relación con el pensamiento y las actitudes patriarcales
persistentes en la cultura costarricense. Muchas de las referencias a la gobernante,
rayan en lo soez y en la patanería. Pero la explicación del ministro revela, igualmente,
una ausencia de autoevaluación y de autocrítica, al no reconocer los frecuentes
y acentuados yerros políticos en los cuales ha incurrido el ejecutivo.
Si ante una ciudadanía
informada, crítica y enfadada, resulta más complejo el ejercicio del poder, el
desconocimiento de esta realidad, así como la creciente lejanía de la población
en la toma de las decisiones -cuya demostración más elocuente es la forma cómo
se otorga la controvertida concesión de la carretera de La Sabana a San Ramón,
desoyendo y dando la espalda a los habitantes de los cantones del occidente del
Valle Central-; el corolario no será
otro que el incremento del descontento y el repudio por parte de la ciudadanía.
La inevitable reculada
ocurrida ante la movilización de comunidades y organizaciones ciudadanas
opuestas a la concesión, luego del desacertado manejo político dado a la
aparición pública de la presidente el 11 de abril, en plena cúspide del
conflicto, sumado a la serie de pifias generadas alrededor del escándalo
provocado por el viaje presidencial a Lima, Perú, llevan la pérdida de
credibilidad y de confianza a niveles impensados, con el riego del surgimiento
de una crisis de gobernabilidad.
Los resultados de las
consultas sobre la popularidad presidencial, situación no revertida a pesar de
los significativos gastos en publicidad y en el esfuerzo por mejorar la imagen
gubernamental, sumados a los recientes desaciertos políticos, conducen a una
delicada situación institucional la cual debe ser superada en respuesta al
interés general. La administración Chinchilla Miranda tiene ante sí un largo
año de gestión; la sociedad costarricense no puede darse el lujo de malograr
doce meses en los cuales se requiere de la adopción de medidas políticas, sin
esperar hasta la llegada de un nuevo gobierno. Superar el aislamiento político
y evitar el aislamiento físico al que podría someterla el nuevo director de la
DIS, en aras de incrementar la seguridad de la presidente, ¡cómo si el problema
enfrentado fuera de seguridad, cuando, cómo queda muy claro, su problema es especialmente
político!
El primer paso, desde luego,
tendrá que darlo la mandataria. Refrescar su gabinete, reforzarlo con personas con
la visión política y la experiencia con cuyo concurso pueda sortear el oleaje
del año electoral y lograr los acuerdos necesarios para concluir con decoro su
gestión, es una decisión enteramente en manos de la presidente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario