Una
controversia de larga data polariza a la sociedad costarricense. Las frecuentes
discrepancias entre diferentes grupos o actores, algunas de considerable
intensidad, son la expresión de una confrontación centrada en torno a las
consecuencias del rumbo adoptado por el país desde hace un poco más de dos
decenios. El conflicto es un elemento inherente al funcionamiento de la
sociedad, motivo por el cual la presencia en sus diversas dimensiones no puede
entenderse como una anormalidad. Sin
embargo, la ausencia de un acuerdo básico en relación con las líneas generales
de la ruta a seguir para alcanzar el desarrollo -y con una visión compartida en
cuanto a los que entendemos por desarrollo-, es un elemento generador de
inestabilidad y de una disputa constante cuyas secuelas son impredecibles.
El
mejor ejemplo en torno a este concierto básico es el de la propia Costa Rica del
período 1950-1980. El modelo de desarrollo incluyente, generador de crecimiento
económico, bienestar, cohesión y movilidad social, fue aceptado por tirios y troyanos. Esto, desde luego, no fue sinónimo de uniformidad o de una
suerte de consenso absoluto. Las diferencias en relación con los equilibrios entre
Estado y mercado o en cuanto a la extensión del sistema institucional y los
mecanismos de redistribución del ingreso y de protección y bienestar social
estuvieron siempre presentes y se plasmaron en tonalidades diferentes en el
rumbo seguido por el país, en correspondencia con la orientación de quienes
accedían a la conducción gubernamental o de quienes propugnaban por un cambio
en la dirección conservada hasta entonces.
¿Por
qué motivo se quiebra ese acuerdo básico? ¿En qué momento el disenso, deseable
en la vida democrática, se convierte en el componente predominante en la
actividad política de la nación? ¿Por qué resulta tan embarazoso alcanzar el
consenso requerido para tomar las decisiones y definir los caminos a seguir?
Muchas
de las respuestas a estas interrogantes se encuentran en el fundamento mismo
del modelo de acumulación implantado en este período. La energía puesta, casi
de manera exclusiva, en la apertura y liberalización de la economía, con una
evidente desatención de los sectores sin una vinculación directa a la actividad
exportadora, la atracción de inversiones o algunas áreas dinámicas integradas
en la cresta del modelo, genera la exclusión de amplios grupos de la sociedad.
Bien predecían los promotores de la apertura que con esta surgirían grupos
ganadores y grupos perdedores; aunque no se referían al reducido número de los
primeros y a lo extenso de los segundos.
El
ensanchamiento de las desigualdades y el generalizado sentimiento de ausencia
de respuestas a las demandas y aspiraciones de amplios sectores de la población,
unido a una manifiesta extensión de la corrupción y los escándalos públicos,
muchos de ellos ligados a una expansión de los “negocios” por todas las esferas
de la sociedad, al amparo del libre comercio y a la ausencia de controles
eficaces, provocan la propagación del malestar ciudadano, la pérdida de
confianza en las instituciones y el inconveniente repudio a la vida política.
El
clima enrarecido y la permanente crispación reinante en el escenario político costarricense,
aprovechada en algunos casos por quienes consideran o juegan a “cuanto peor,
mejor”, alentado por el casi inexistente diálogo social y las formas de gestión
carentes de consulta y participación de la ciudadanía, son el corolario de la
aplicación de un modelo excluyente cuyos beneficios no se distribuyen con
equidad. Es clara, al cabo de varios años, la necesidad de introducir
rectificaciones.
No
basta con abrir mercados, ampliar las exportaciones y liberalizar la economía, condiciones
necesarias para acometer el crecimiento económico en el integrado mundo contemporáneo;
pero insuficientes para promover el desarrollo, generar el bienestar y la
cohesión social. Revitalizar el papel del Estado, fortalecer la producción
nacional y los mercados locales, así como reforzar los mecanismos de protección
social y redistribución del ingreso, son
aspectos básicos para retomar la senda de la inclusión social.
La
coyuntura electoral, en pleno desenvolvimiento, es un momento oportuno para
reflexionar sobre estas preocupaciones compartidas por diversos grupos de la
ciudadanía costarricense.
