El
primer domingo de febrero de 2016 se llevará a cabo una votación de singular
relevancia para la longeva democracia costarricense, renovada y revitalizada
con medidas mediante las cuales la
ciudadanía participa y decide sobre sus representantes en los diferentes
ámbitos de la acción estatal.
Este
torneo permitirá elegir por primera vez en forma separada de los comicios
nacionales a alcaldes, vicealcaldes,
regidores, síndicos, concejales de distrito, intendentes, viceintendentes y
concejales municipales de distrito, en atención a las modificaciones introducidas
en la legislación nacional.
Un proceso de esta naturaleza, es novedoso para
nuestro país, no lo es así para numerosos regímenes políticos en la región. La
experiencia obtenida en varios países muestra que si bien estas elecciones movilizan
a las alicaídas estructuras partidarias nacionales, los factores preponderantes
del proceso se concentran en las propias dinámicas municipales o cantonales,
con sus particularidades estructurales, sus instituciones, sus organizaciones
sociales y políticas y sus demandas específicas.
Esto
se expresa en la inclinación del voto hacia agrupaciones locales, a alianzas
partidarias municipales o hacia personas de la comunidad que por su trayectoria
en la vida local, el respeto guardado por parte de sus vecinos o el liderazgo
forjado por sus actuaciones en la búsqueda de soluciones a los problemas o
desafíos del desarrollo de su cantón, adquieren mayor importancia, a la hora de
decidir, que sus filiaciones políticas. La indeclinable pérdida de las
lealtades partidarias suma a esta mayor independencia de criterio a la hora de elegir. Esto, desde luego, funciona así cuando una mayoría significativa de la
ciudadanía acude a las urnas electorales a emitir su voto; en el caso contrario,
serán las perennes estructuras partidarias quienes terminen determinando los
resultados.
Es
claro que la sola ubicación territorial no les da mayor cercanía con los
ciudadanos a los gobiernos locales. Con frecuencia las modalidades de
gobernanza y las prácticas políticas e institucionales prevalecientes en el ámbito
municipal, tienden a llevarse a cabo
dándole las espaldas a la ciudadanía y sin procurar abrir espacios de
participación efectiva en los asuntos públicos de interés para la comunidad.
Estas formas de actuación no concitan la identificación de los munícipes (los
vecinos), con su gobierno municipal, lo que se traduce en tanta lejanía o a veces mayor distancia a la existente en
relación con las instituciones nacionales. Esto tiene mucha importancia en el
llamado a los electores a sufragar en los comicios para elegir a las
autoridades locales.
Sin
embargo, no cabe duda de que las municipalidades, a pesar del centralizado
sistema estatal constituido en esta sociedad, cumplen funciones básicas para el
bienestar de las familias, el desarrollo productivo, los servicios públicos y
el desenvolvimiento social, ambiental y cultural en nuestros territorios. Estos,
por sí solos, son motivos suficientes para acudir a emitir el voto. Pero la
elección ofrece una buena oportunidad a la ciudadanía para procurar el
establecimiento de gobiernos locales abiertos, en los cuales la transparencia,
la información y la consulta permanente, así como las formas de gobernanza con
mecanismos de participación para los actores territoriales, suplanten a las
formas tradicionales de gestión aisladas de los ciudadanos.
El fraccionamiento del sistema de partidos
existente en el país, paradójicamente, podría favorecer una mayor movilización
de los electores en el ámbito local. A los 17 partidos inscritos en el Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE) a escala nacional y a los 12 a escala provincial, se
suman 57 partidos inscritos a escala local en 40 de los 81 cantones del país: Siquirres
-2 partidos-, Naranjo, Aguirre, Desamparados – 5 partidos-, Quepos, Santa Ana
-2 partidos-, Palmares -2 partidos políticos-, San José -3 partidos-, San Carlos,
La Unión – 2 partidos políticos-, Vázquez de Coronado -2 partidos políticos-, Montes de
Oro, Montes de Oca -2 partidos políticos-, Barva, Goicoechea -3 partidos políticos-,
Tibás, Corredores, Curridabat, Mora, Garabito -2 partidos políticos-, Belén,
Escazú – 2 partidos políticos-, Santa Barbara, Pérez Zeledón, San Ramón, Limón,
Santo Domingo, Grecia, Osa, Parrita -2 partidos políticos-, Puriscal, Cartago, Alajuela, Tarrazú, Flores, Abangares,
Atenas, El Guarco, Poás y Pococí.
La
acción de estas 86 agrupaciones políticas (nacionales, provinciales y
cantonales), pueden ser un factor movilizador de los electores ante unos
comicios que marcan un nuevo paso en el desarrollo democrático de la sociedad
costarricense y ante los cuales se espera una respuesta positiva de la
ciudadanía.

No hay comentarios:
Publicar un comentario