sábado, 18 de octubre de 2014

EL ESTADO: ASIENTO DE TODOS LOS MALES...


http://david-davidovich.blogspot.com/2011/11/el-estado-minimo-nozick.html
¡Cómo olvidar los traumáticos ajustes estructurales de los años ochenta y noventa, aplicados  en la mayoría de nuestros países con el pregonado propósito de romper con el proteccionismo, reducir el tamaño y las funciones del Estado e introducir un nuevo patrón de acumulación!
Estas  medidas, nunca del todo ausentes, regresan de manera inevitable a nuestra memoria al mirar las políticas de austeridad que, como un fantasma, recorren  hoy Europa y otras naciones. En la nuestra se asoman, en forma recurrente, con frecuencia animadas por los ejemplos tomados de esas otras realidades o de los persistentes pensamientos de los actores en los cuales se sustenta el proyecto mercado-céntrico.
Los impactos de las profundas reformas del Estado, aplicadas en el marco del ajuste, tenían el propósito de “encoger” el Estado, según lo calificó Oszlack. Segmentos enteros de éste fueron trasladados al sector privado -medidas con las cuales se crean o se multiplican cuantiosos capitales-, algunas funciones estatales se trasladan a los gobiernos sub-nacionales y varias dependencias se mantienen, pero cumpliendo sus funciones en franco deterioro, producto de las agresivas políticas de movilidad laboral y de las drásticas reducciones en el gasto público, adoptadas con el anunciado objetivo de alcanzar el equilibrio macroeconómico. Reforma del Estado, en ese período, es sinónimo de achicamiento de su tamaño y disminución de sus funciones: el objetivo es implantar el soñado Estado mínimo.
Los cambios se efectúan en medio de un clima político-ideológico y de generación de opiniones, con un acusado papel de los medios de comunicación, en el cual el Estado se coloca como el asiento de todos los males vividos por la sociedad. La eliminación de la sociedad Estado-céntrica, con sus virtudes y sus defectos, y la transición a la sociedad mercado-céntrica, proclamada como el inevitable e ideal futuro, se produce, de manera más o menos radical, aquí y allá: era la época del pensamiento y el modelo únicos.
En la actualidad, varias naciones tratan de recuperar algunas de las funciones reguladoras, distributivas y de garante de los derechos de ciudadanía por parte del Estado, sin pretender la vuelta al estadocentrismo del pasado, sino creando, más bien,  las condiciones requeridas para avanzar hacia una sociedad ciudadano-céntrica, en cuyo avance se revitaliza el Estado y el mercado cumple con un destacado papel, pero se coloca a la ciudadanía en el centro del proceso de desarrollo.
Lo ocurrido en Costa Rica durante este período, presenta características diferentes, en algunos aspectos, en relación con la situación de otros países. Si bien los aires aperturistas soplan fuerte por estos lares y el pensamiento y las políticas de este tipo se enraizaron en esta sociedad, es importante hacer, en algún momento, un análisis comparativo sobre la profundización alcanzada por las reformas económicas y políticas en diversas sociedades latinoamericanas.
En los países centroamericanos, y en la mayor parte de los sudamericanos, por ejemplo, les resulta incomprensible la conservación en Costa Rica de una suerte de propiedad mixta de las empresas en sectores privatizados en aquellas otras naciones con la primera generación de reformas del Estado: banca, telefonía, producción y distribución eléctrica, seguros, pensiones…en nuestro caso, se mantienen las inversiones públicas en esos sectores y ¡hasta la producción de aguardiente continúa en manos del Estado!.
En las otras naciones predominó la privatización indiscriminada por la vía de la venta de empresas estatales -en muchas ocasiones a precios ridículos-, o el traslado de funciones públicas al sector privado. La subordinación de lo público por el mercado alcanzó, en estos casos, ribetes dramáticos. En Costa Rica, la vía adoptada fue la de la apertura: se abrió la competencia entre las empresas públicas y las privadas, posiblemente para algunos con la oculta esperanza de que las dadas por seguras ineficiencias estatales y las supuestas superiores condiciones de las empresas transnacionales conducirían, a cierto plazo, a la salida de las primeras del mercado.
Estas disimilitudes, fáciles de distinguir sin pasar de la superficie de estos procesos, encuentran en la porfía asumida en distintos momentos por la ciudadanía, un ineludible factor explicativo. La reiterada oposición a las reformas de este corte, su movilización e impedir que por medio de las urnas electorales los grupos anti estatales obtengan los sufragios suficientes para imponer sus proyectos, han sido situaciones esenciales en la definición del rumbo seguido por esta sociedad. Aunque los expertos siguen insistiendo en la “baja cultura política” del costarricense, algo deja en las mentes y la conciencia de un pueblo su secular vida democrática y por lo menos un desarrollado “olfato político” les acompaña en los senderos recorridos por su vida política.
La constatación de estas diferencias no menores en el camino aperturista seguido en las diferentes naciones, encuentra, eso sí, un elemento común en la arremetida contra los presupuestos públicos, la reducción drástica de las inversiones y el desmantelamiento o el deterioro de servicios esenciales prestados por el Estado.
El cierre o “cuasi cierre” de instituciones –recordamos hoy lo ocurrido con el Banco Anglo, INCOFER, el CNP y el IFAM, entre otras-, la movilidad laboral, el impedimento de sustituir al personal jubilado, el congelamiento de las plazas y los presupuestos, aplicados con algunas excepciones, condujeron a situaciones en las cuales un porcentaje muy elevado de los recursos recibidos por estas dependencias se dedicaran al pago de los salarios, con ausencia de financiamiento para cumplir eficazmente con los objetivos institucionales y ejecutar las tareas  correspondientes con la misión institucional. De igual manera, se redujeron, en forma sensible, las inversiones públicas, con los consecuentes rezagos en la infraestructura y sus negativas consecuencias para el desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad costarricense.
Bajo estas condiciones, se cumple la profecía: el Estado con insuficientes  recursos y con sus capacidades disminuidas, reduce también sus capacidades y le resulta muy difícil atender a las crecientes demandas originadas en la sociedad, muchas de ellas provenientes de los sectores desprotegidos al modificarse las políticas y deteriorarse el sistema institucional. Se le pide eficacia a un Estado al cual se le estrechan sus recursos y se le disminuyen sus facultades. ¡El Estado continúa siendo el asiento de todos los males!
El mayor deterioro se presenta en el ámbito del Gobierno Central, mientras por otro lado crece una maraña de instituciones, con altos niveles de autonomía, con  presupuestos y condiciones de contratación y remuneración dispares entre ellas y, en forma categórica, en relación a lo ocurrido en las dependencias centralizadas. Esa es la realidad actual de buena parte de las entidades y el conjunto del sector público en el país, con modalidades heterogéneas de empleo y con recursos desiguales para cumplir con su misión.
Las arremetidas anti estatales son habituales y hacen su aparición, con periodicidad amparadas en llamativos “apoyos” externos, en aquellos momentos en los cuales se dictamina la existencia de un decretado por alguien “inmanejable déficit fiscal”. Surge de nuevo la reiterada y desacertada ficción según la cual la nación es como una familia y no puede gastar más del monto total de sus ingresos. En primer lugar, desde luego, habría de preguntarse de qué clase de familia estamos hablando, pues un buen número de ellas no logra obtener los ingresos necesarios para la subsistencia de sus miembros. ¿Será con una de estas numerosas familias con las cuales hacemos la comparación?
En segundo lugar la descabellada analogía deja de lado la capacidad con la que cuenta el Estado para generar ingresos adicionales con el propósito de atender las demandas de diversa índole surgidas en la sociedad, mediante la aplicación de las potestades fiscales con las cuales cuenta o del manejo de las medidas e instrumentos por medio de las cuales se reduzcan las colosales evasiones proclamadas por las propias autoridades gubernamentales. No es lo más eficaz, ni sensato, tratar de racionalizar el gasto y las inversiones públicas aplicando recortes generales, sin responder a determinadas prioridades u objetivos estratégicos originados en un explícito proyecto político al cual se adhiera la mayoría de la ciudadanía.
Mucho más sencillo les resulta, aunque evidentemente también más incoherente, recortar el gasto público o embestir contra las rentas medias, medidas con las cuales se gana el favor de los medios, el reconocimiento de las visiones cortoplacistas y el aplauso de aquellos intereses que encuentran, en estas decisiones, una forma de retraer cualquier intento de reforma fiscal con la cual quién quita  y se afecten a las rentas altas.
En el centro de la discusión política en el país sigue estando, aunque sea de manera soterrada, la puja por el modelo de desarrollo con el cual emprenderá la sociedad costarricense el camino al futuro.  Algunos personajes, a los cuales la ciudadanía costarricenses de manera reiterada les ha dicho no a sus pretensiones de gobernar el país, por sus propuestas radicales de austeridad y de claro corte anti estatal, encuentran espacios para promover, a contrapelo de lo decidido cuando corresponde por la ciudadanía, un nuevo e indiscriminado ataque a los presupuestos públicos, con todas las consecuencias que esto a la larga traerá en el menoscabado bienestar de la población, en el funcionamiento del maltrecho Estado costarricense y en el accionar de las instituciones democráticas.