Compartiendo mis anotaciones…: COLOMBIA

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COLOMBIA

Contando apenas con cinco años de edad inicié mis estudios primarios en la Escuela República de Colombia, ubicada en el centro del cantón de Naranjo. Los lunes de cada semana, empezábamos las actividades con un acto cívico en el que se entonaban las notas del himno nacional de nuestro país y, enseguida, cantábamos, “¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal! ¡En surcos de dolores el bien germina ya!...”; las estrofas del himno colombiano resonaban en el patio central de la escuela vocalizado por los numerosos niños que formábamos parte de aquel querido centro educativo. Ese hecho y las estrechas relaciones existentes en esa época entre la Embajada de Colombia en Costa Rica y la escuela, marco de relaciones en el que se organizaban distinto tipo de acciones, ineludiblemente generaba identidades, las cuales, por la corta edad de los participantes en ellas, tienden a perdurar.

En los años 80, siendo extensionista en la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, desarrollamos una aplicación del Laboratorio de Capacitación en Organización (elaborado por Clodomir Santos de Morais), con el que apoyamos la formación de empresas asociativas de producción en Costa Rica y en varios países de América Latina, con el patrocinio del IICA. Esto me llevó hasta la costa colombiana, a promover una experiencia en la comunidad afro descendiente de Aguas Negras, en el municipio de San Onofre, relativamente cercano a Sincelejo, capital del  Departamento de Sucre. En ella participaron funcionarios del SENA y del antiguo INCORA, así como numerosas familias campesinas, con quienes se proponía integrar una empresa asociativa. Una hamaca colocada en una de las humildes casas de techo de paja me sirvió de dormitorio en las dos semanas durante las cuales se extendió la experiencia. Fue este un tiempo extraordinario para compartir y palpar en aquel bello y humilde poblado costero, las tensiones y crispaciones de un conflicto extendido en forma preponderante por estos sitios del medio rural colombiano.

En años más recientes, la participación desde FLACSO Costa Rica en una red de instituciones de educación superior, en el marco del proyecto SERIDAR (Sociedad Rural, Economía y Recursos Naturales), fue una buena oportunidad para compartir con colegas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), vinculados con diversos territorios rurales del país y con una clara visión sobre lo ocurrido en ellos, como consecuencia del conflicto en que se hayan envueltos.

Por estas razones, entre otras, y por la perenne cercanía afectiva, con el tiempo miraba embargado de desazón el prolongado conflicto cuyos antecedentes algunos los ubican en la época de “La Violencia”, enfrentamiento cargado de furia ocurrido durante la primera mitad del siglo XX, entre los partidos Liberal y Conservador. La pugna actual, sin dejar de lado ese antecedente, se origina al calor del conjunto de movimientos políticos que, en la Latinoamérica de los años 60 y 70, adoptan el camino de la lucha armada para tratar de introducir cambios estructurales en las excluyentes sociedades prevalecientes en esa época en la región. ¡Mucho de eso vivimos en Centroamérica, en donde en plena guerra fría ardieron las hogueras y se alcanzaron altos grados de violencia!

Ningún conflicto de esta naturaleza puede comprenderse fuera del entorno histórico, económico, social, político y cultural de la sociedad en donde ocurre. Por eso resultan absurdas las generalizaciones y las referencias simplistas al conflicto armado colombiano, caracterizado por una mayúscula complejidad y el involucramiento de muy diversos actores, situación que obliga a ser cautos con las miradas externas hacia una realidad exhaustivamente analizada por los propios colombianos. La presencia del narcotráfico, las diferentes tendencias dentro de los grupos guerrilleros de izquierda, los grupos paramilitares de derecha y de extrema derecha, los partidos políticos y las variantes políticas públicas asumidos por el Estado ante el conflicto, le dan una tonalidad confusa y difícil de desentrañar para los ojos propios y sobre todo para los ajenos.

Lo cierto es que según el primer registro oficial de víctimas de la guerra en los últimos 30 años, preparado por el gobierno colombiano por medio de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, el número de víctimas causadas por este conflicto asciende a la pavorosa cifra de 6,8 millones de personas. De estas,  el 86 por ciento son desplazados y el 14 por ciento víctimas de amenazas, homicidio y desaparición forzada. En menor proporción, según la información proporcionada en el registro, aparecen las víctimas de secuestro, violencia sexual, despojo y abandono de bienes, lesiones, tortura, reclutamiento forzado de niños y niñas y atentados (Entrevista a Paula Gaviria, El Tiempo, 28 de diciembre de 2014). Por otra parte, en el informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en 2013, se apunta que el número de muertes causadas por el conflicto entre 1958 y 2012 llega a 220.000 (El País, España, Miércoles, Julio 24, 2013).

La noticia sobre los significativos avances alcanzados en las negaciones para lograr la firma de la paz en Colombia, nos llena de júbilo y hace surgir la esperanza de que este prolongado conflicto encuentre su final. La voluntad política y los liderazgos dispuestos a encontrar los mecanismos viables para alcanzar un acuerdo y una paz duradera, han logrado enfrentar los obstáculos interpuestos por quienes en forma insensata consideran que es la guerra el camino para alcanzar la conclusión de la confrontación y lograr la anhelada paz o de quienes interponen, en forma obstinada, sus intereses al logro del fin de las hostilidades. ¡La hora de la paz está cerca de llegar a Colombia, con el beneplácito de quienes valoramos y miramos con respeto a esa gran nación!

ELECCIONES MUNICIPALES

El primer domingo de febrero de 2016 se llevará a cabo una votación de singular relevancia para la longeva democracia costarricense, renovada y revitalizada con  medidas mediante las cuales la ciudadanía participa y decide sobre sus representantes en los diferentes ámbitos de la acción estatal.

Este torneo permitirá elegir por primera vez en forma separada de los comicios nacionales  a alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito, intendentes, viceintendentes y concejales municipales de distrito, en atención a las modificaciones introducidas en la legislación nacional. 

Un proceso de esta naturaleza, es novedoso para nuestro país, no lo es así para numerosos regímenes políticos en la región. La experiencia obtenida en varios países muestra que si bien estas elecciones movilizan a las alicaídas estructuras partidarias nacionales, los factores preponderantes del proceso se concentran en las propias dinámicas municipales o cantonales, con sus particularidades estructurales, sus instituciones, sus organizaciones sociales y políticas y sus demandas específicas.

Esto se expresa en la inclinación del voto hacia agrupaciones locales, a alianzas partidarias municipales o hacia personas de la comunidad que por su trayectoria en la vida local, el respeto guardado por parte de sus vecinos o el liderazgo forjado por sus actuaciones en la búsqueda de soluciones a los problemas o desafíos del desarrollo de su cantón, adquieren mayor importancia, a la hora de decidir, que sus filiaciones políticas. La indeclinable pérdida de las lealtades partidarias suma a esta mayor independencia de criterio a la hora de elegir. Esto, desde luego, funciona así cuando una mayoría significativa de la ciudadanía acude a las urnas electorales a emitir su voto; en el caso contrario, serán las perennes estructuras partidarias quienes terminen determinando los resultados.

Es claro que la sola ubicación territorial no les da mayor cercanía con los ciudadanos a los gobiernos locales. Con frecuencia las modalidades de gobernanza y las prácticas políticas e institucionales prevalecientes en el ámbito municipal, tienden a  llevarse a cabo dándole las espaldas a la ciudadanía y sin procurar abrir espacios de participación efectiva en los asuntos públicos de interés para la comunidad. Estas formas de actuación no concitan la identificación de los munícipes (los vecinos), con su gobierno municipal, lo que se traduce en tanta lejanía  o a veces mayor distancia a la existente en relación con las instituciones nacionales. Esto tiene mucha importancia en el llamado a los electores a sufragar en los comicios para elegir a las autoridades locales.

Sin embargo, no cabe duda de que las municipalidades, a pesar del centralizado sistema estatal constituido en esta sociedad, cumplen funciones básicas para el bienestar de las familias, el desarrollo productivo, los servicios públicos y el desenvolvimiento social, ambiental y cultural en nuestros territorios. Estos, por sí solos, son motivos suficientes para acudir a emitir el voto. Pero la elección ofrece una buena oportunidad a la ciudadanía para procurar el establecimiento de gobiernos locales abiertos, en los cuales la transparencia, la información y la consulta permanente, así como las formas de gobernanza con mecanismos de participación para los actores territoriales, suplanten a las formas tradicionales de gestión aisladas de los ciudadanos.

 El fraccionamiento del sistema de partidos existente en el país, paradójicamente, podría favorecer una mayor movilización de los electores en el ámbito local. A los 17 partidos inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a escala nacional y a los 12 a escala provincial, se suman 57 partidos inscritos a escala local en 40 de los 81 cantones del país: Siquirres -2 partidos-, Naranjo, Aguirre, Desamparados – 5 partidos-, Quepos, Santa Ana -2 partidos-, Palmares -2 partidos políticos-, San José -3 partidos-, San Carlos, La Unión – 2 partidos políticos-, Vázquez de Coronado -2 partidos políticos-, Montes de Oro, Montes de Oca -2 partidos políticos-, Barva, Goicoechea -3 partidos políticos-, Tibás, Corredores, Curridabat, Mora, Garabito -2 partidos políticos-, Belén, Escazú – 2 partidos políticos-, Santa Barbara, Pérez Zeledón, San Ramón, Limón, Santo Domingo, Grecia, Osa, Parrita -2 partidos políticos-, Puriscal,  Cartago, Alajuela, Tarrazú, Flores, Abangares, Atenas, El Guarco, Poás y Pococí.

La acción de estas 86 agrupaciones políticas (nacionales, provinciales y cantonales), pueden ser un factor movilizador de los electores ante unos comicios que marcan un nuevo paso en el desarrollo democrático de la sociedad costarricense y ante los cuales se espera una respuesta positiva de la ciudadanía.

LA AGENDA POLÍTICA

LA AGENDA POLÍTICA

En la vida social de una nación las relaciones de poder encuentran en el establecimiento de la agenda política, el elemento esencial en el cual se expresan las correlaciones existentes entre los diversos actores en pugna en el escenario político. La agenda política se refiere a aquellos temas colocados en el debate nacional, alrededor del cual giran los procesos de toma de decisiones, entre ellos y de manera preferente en el ámbito parlamentario, extendiéndose su discusión por los diversos espacios en los que se manifiesta la actividad política, entre estos las omnipresentes  redes sociales con sus virtudes y sus vicios.

Manuel Castells, en su libro “Comunicación y poder” (Alianza Editorial, 2010), elabora un definición sobre el poder que, recoge la herencia weberiana y, desde mi punto de vista, con una clara relación con la relevancia revestida por la colocación de la agenda política. Para el autor, “El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. El poder se ejerce mediante la coacción  (o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales guían sus acciones.”

La instauración de la agenda es un mecanismo idóneo para influir en las acciones y decisiones de los diversos actores sociales y políticos. La posibilidad de colocar los temas no siempre está en las manos de quienes ejercen el poder formal. Con mucha frecuencia la agenda es establecida por poderes fácticos, entre los que sobresalen los actores cuyos intereses son representados por los medios de comunicación o por otros actores asentados en la sociedad civil. En otros casos, cuando la correlación de fuerzas no favorece a los depositarios del poder ejecutivo, es la oposición política la que termina imponiendo la agenda, ya sea desde una sola agrupación política o desde una alianza de fuerzas cuyo proyecto se podría mover en un sentido contrario al respaldado, en forma mayoritaria, por medio de las urnas electorales.

Colocar la agenda política es un hecho de especial importancia para los gobiernos,  pues es la manera de darle concreción al proyecto político, esbozado de manera implícita o, como sería lo deseable, de manera explícita, por la relevancia de los discursos  para darle significado a la acción de los actores. Esto no siempre sucede así, sobre todo, cuando las propuestas programáticos de los partidos políticos no son siempre visibles, ni constituyen una guía para sus actuaciones.

Tratando de hacer un ejercicio simple de política comparada encontramos, en otras realidades, situaciones en las cuales la correlación de fuerzas políticas construidas en su momento y el liderazgo ejercido por quienes ocupan las posiciones del poder formal, logran posicionar los temas alrededor del que gira el debate y la toma de decisiones políticas en esa sociedad. Nos referimos al caso de Chile, en donde, desde la campaña electoral la Nueva Mayoría y la presidente Bachelet, colocaron tres temas esenciales en la agenda política de este país: a) La nueva constitución; b) La reforma fiscal; y, c) La reforma educativa. Alrededor de esas propuestas, de los proyectos derivados de ellos y de algunos otros, tales como el tema del aborto, colocados por la propia alianza gubernamental, han girado los debates políticos y las principales decisiones parlamentarias, tomadas en los meses transcurridos desde el momento en que asume su segundo mandato la presidente Bachelet.

En el caso costarricense, si bien le fue posible al gobierno establecer un acuerdo legislativo mediante el cual conquistó el directorio de la Asamblea Legislativa, no ha conseguido un acuerdo programático más duradero, mediante el cual pueda poner un conjunto de temas concretos en la agenda nacional. Es importante, en este sentido, resaltar que no nos referimos aquí a aquella agenda legislativa definida por el Poder Ejecutivo cuando le corresponde hacerlo, ni a los contenidos de un documento predominantemente de carácter técnico, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo, sino a temas de tal envergadura que susciten el debate nacional y conciten la movilización de intereses diversos, a favor y en contra, hasta traducirse en decisiones sustanciales para enfrentar los grandes desafíos del país. Es la colocación de estos temas en la agenda nacional la forma mediante la cual se marca el rumbo que se quiere dar a la sociedad en este momento crucial en su desarrollo.

¿Seguirán siendo los medios de comunicación los actores con un papel preponderante en la elaboración de la agenda política nacional?¿Continuarán los escándalos públicos de diversa índole, significativos distractores de los temas relevantes para el país, ocupando el lugar preferente asignado en el accionar político y en la atención de la ciudadanía?¿Se impondrá la oposición política la encargada de poner los temas de su interés en la palestra pública y en el espacio de la toma de decisiones?¿Tendrá el gobierno la capacidad de lograr los acuerdos políticos mediante los cuales le se factible impulsar aquellos temas considerados sustanciales para marcar las rutas del desarrollo del país?

TUFOS CONSERVADORES…

Unas interesantes y pertinentes declaraciones de Fernando Ferraro, aspirante a ocupar la Secretaría General del Partido Liberación Nacional (PLN), publica el día de hoy el periódico  La República (LR, 27 de diciembre de 2014, Pp. 10-11). “El PLN se impregnó de un tufo conservador, absolutamente contrario a la razón de ser y a la trayectoria del partido”, afirma con certeza el ex ministro de justicia. Tufo, agregaríamos nosotros, emanado por las posiciones políticas de ese signo adoptadas desde los diversos puestos de poder ocupados por el otrora partido socialdemócrata costarricense.

Tratando de ensayar un intento de política comparada, en países como España es el PSOE, con todas las críticas recibidas por las medidas adoptadas para enfrentar la crisis económica en ese país, el que ha impulsado las principales decisiones en el campo de los derechos de ciudadanía (entre ellos el matrimonio igualitario), enfrentando una ruda oposición de los grupos conservadores de la derecha española, encabezados por el PP. En Costa Rica, el PLN se alía con los grupos más conservadores o encabeza las posiciones más conservadoras opuestas a cualquier ampliación de los derechos, entre ellos las de garantías laborales.

En este momento,  esas alianzas se cuajan en el ámbito parlamentario. Pero, en el cuatrienio pasado, el tufo provenía sobretodo de Zapote, sitio en el cual encontraron eco y se tradujeron en decisiones políticas las posiciones más conservadoras persistentes en esta sociedad. El alejamiento del Estado laico, en medio de una confusión entre creencias individuales y el ejercicio de la función pública, cobijó gran parte de las posturas adoptadas a contrapelo de los pensamientos progresistas que se abren paso en una nación en busca de caminos para reemprender su desarrollo.

Si bien es claro el abandono de las posiciones avanzadas en el campo de los derechos de ciudadanía, lo es también en el de las políticas económicas y sociales. La ausencia de políticas industriales y, en general, la descuido de la producción nacional destinada a atender las demandas locales, actividades con un papel primordial en la generación de empleo, así como el paulatino deterioro de servicios públicos de carácter universal, sustituidos por el gasto social focalizado, contribuyen, de manera terminante, al crecimiento de las desigualdades y a la pérdida de la cohesión social presentes en la Costa Rica contemporánea.

La suma de estas posiciones con los extendidos casos de corrupción ocasionados por la mezcla de gestión pública y negocios particulares, con una evidente colocación de los intereses individuales por encima del interés colectivo, condujo al PLN a su peor derrota electoral, colocando su perentoria renovación en un lugar prioritario de su agenda política.

8vo Foro Mesa redonda "Retos del CCA"

EL ESTADO: ASIENTO DE TODOS LOS MALES...

http://david-davidovich.blogspot.com/2011/11/el-estado-minimo-nozick.html

¡Cómo olvidar los traumáticos ajustes estructurales de los años ochenta y noventa, aplicados  en la mayoría de nuestros países con el pregonado propósito de romper con el proteccionismo, reducir el tamaño y las funciones del Estado e introducir un nuevo patrón de acumulación!

Estas  medidas, nunca del todo ausentes, regresan de manera inevitable a nuestra memoria al mirar las políticas de austeridad que, como un fantasma, recorren  hoy Europa y otras naciones. En la nuestra se asoman, en forma recurrente, con frecuencia animadas por los ejemplos tomados de esas otras realidades o de los persistentes pensamientos de los actores en los cuales se sustenta el proyecto mercado-céntrico.

Los impactos de las profundas reformas del Estado, aplicadas en el marco del ajuste, tenían el propósito de “encoger” el Estado, según lo calificó Oszlack. Segmentos enteros de éste fueron trasladados al sector privado -medidas con las cuales se crean o se multiplican cuantiosos capitales-, algunas funciones estatales se trasladan a los gobiernos sub-nacionales y varias dependencias se mantienen, pero cumpliendo sus funciones en franco deterioro, producto de las agresivas políticas de movilidad laboral y de las drásticas reducciones en el gasto público, adoptadas con el anunciado objetivo de alcanzar el equilibrio macroeconómico. Reforma del Estado, en ese período, es sinónimo de achicamiento de su tamaño y disminución de sus funciones: el objetivo es implantar el soñado Estado mínimo.

Los cambios se efectúan en medio de un clima político-ideológico y de generación de opiniones, con un acusado papel de los medios de comunicación, en el cual el Estado se coloca como el asiento de todos los males vividos por la sociedad. La eliminación de la sociedad Estado-céntrica, con sus virtudes y sus defectos, y la transición a la sociedad mercado-céntrica, proclamada como el inevitable e ideal futuro, se produce, de manera más o menos radical, aquí y allá: era la época del pensamiento y el modelo únicos.

En la actualidad, varias naciones tratan de recuperar algunas de las funciones reguladoras, distributivas y de garante de los derechos de ciudadanía por parte del Estado, sin pretender la vuelta al estadocentrismo del pasado, sino creando, más bien,  las condiciones requeridas para avanzar hacia una sociedad ciudadano-céntrica, en cuyo avance se revitaliza el Estado y el mercado cumple con un destacado papel, pero se coloca a la ciudadanía en el centro del proceso de desarrollo.

Lo ocurrido en Costa Rica durante este período, presenta características diferentes, en algunos aspectos, en relación con la situación de otros países. Si bien los aires aperturistas soplan fuerte por estos lares y el pensamiento y las políticas de este tipo se enraizaron en esta sociedad, es importante hacer, en algún momento, un análisis comparativo sobre la profundización alcanzada por las reformas económicas y políticas en diversas sociedades latinoamericanas.

En los países centroamericanos, y en la mayor parte de los sudamericanos, por ejemplo, les resulta incomprensible la conservación en Costa Rica de una suerte de propiedad mixta de las empresas en sectores privatizados en aquellas otras naciones con la primera generación de reformas del Estado: banca, telefonía, producción y distribución eléctrica, seguros, pensiones…en nuestro caso, se mantienen las inversiones públicas en esos sectores y ¡hasta la producción de aguardiente continúa en manos del Estado!.

En las otras naciones predominó la privatización indiscriminada por la vía de la venta de empresas estatales -en muchas ocasiones a precios ridículos-, o el traslado de funciones públicas al sector privado. La subordinación de lo público por el mercado alcanzó, en estos casos, ribetes dramáticos. En Costa Rica, la vía adoptada fue la de la apertura: se abrió la competencia entre las empresas públicas y las privadas, posiblemente para algunos con la oculta esperanza de que las dadas por seguras ineficiencias estatales y las supuestas superiores condiciones de las empresas transnacionales conducirían, a cierto plazo, a la salida de las primeras del mercado.

Estas disimilitudes, fáciles de distinguir sin pasar de la superficie de estos procesos, encuentran en la porfía asumida en distintos momentos por la ciudadanía, un ineludible factor explicativo. La reiterada oposición a las reformas de este corte, su movilización e impedir que por medio de las urnas electorales los grupos anti estatales obtengan los sufragios suficientes para imponer sus proyectos, han sido situaciones esenciales en la definición del rumbo seguido por esta sociedad. Aunque los expertos siguen insistiendo en la “baja cultura política” del costarricense, algo deja en las mentes y la conciencia de un pueblo su secular vida democrática y por lo menos un desarrollado “olfato político” les acompaña en los senderos recorridos por su vida política.

La constatación de estas diferencias no menores en el camino aperturista seguido en las diferentes naciones, encuentra, eso sí, un elemento común en la arremetida contra los presupuestos públicos, la reducción drástica de las inversiones y el desmantelamiento o el deterioro de servicios esenciales prestados por el Estado.

El cierre o “cuasi cierre” de instituciones –recordamos hoy lo ocurrido con el Banco Anglo, INCOFER, el CNP y el IFAM, entre otras-, la movilidad laboral, el impedimento de sustituir al personal jubilado, el congelamiento de las plazas y los presupuestos, aplicados con algunas excepciones, condujeron a situaciones en las cuales un porcentaje muy elevado de los recursos recibidos por estas dependencias se dedicaran al pago de los salarios, con ausencia de financiamiento para cumplir eficazmente con los objetivos institucionales y ejecutar las tareas  correspondientes con la misión institucional. De igual manera, se redujeron, en forma sensible, las inversiones públicas, con los consecuentes rezagos en la infraestructura y sus negativas consecuencias para el desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad costarricense.

Bajo estas condiciones, se cumple la profecía: el Estado con insuficientes  recursos y con sus capacidades disminuidas, reduce también sus capacidades y le resulta muy difícil atender a las crecientes demandas originadas en la sociedad, muchas de ellas provenientes de los sectores desprotegidos al modificarse las políticas y deteriorarse el sistema institucional. Se le pide eficacia a un Estado al cual se le estrechan sus recursos y se le disminuyen sus facultades. ¡El Estado continúa siendo el asiento de todos los males!

El mayor deterioro se presenta en el ámbito del Gobierno Central, mientras por otro lado crece una maraña de instituciones, con altos niveles de autonomía, con  presupuestos y condiciones de contratación y remuneración dispares entre ellas y, en forma categórica, en relación a lo ocurrido en las dependencias centralizadas. Esa es la realidad actual de buena parte de las entidades y el conjunto del sector público en el país, con modalidades heterogéneas de empleo y con recursos desiguales para cumplir con su misión.

Las arremetidas anti estatales son habituales y hacen su aparición, con periodicidad amparadas en llamativos “apoyos” externos, en aquellos momentos en los cuales se dictamina la existencia de un decretado por alguien “inmanejable déficit fiscal”. Surge de nuevo la reiterada y desacertada ficción según la cual la nación es como una familia y no puede gastar más del monto total de sus ingresos. En primer lugar, desde luego, habría de preguntarse de qué clase de familia estamos hablando, pues un buen número de ellas no logra obtener los ingresos necesarios para la subsistencia de sus miembros. ¿Será con una de estas numerosas familias con las cuales hacemos la comparación?

En segundo lugar la descabellada analogía deja de lado la capacidad con la que cuenta el Estado para generar ingresos adicionales con el propósito de atender las demandas de diversa índole surgidas en la sociedad, mediante la aplicación de las potestades fiscales con las cuales cuenta o del manejo de las medidas e instrumentos por medio de las cuales se reduzcan las colosales evasiones proclamadas por las propias autoridades gubernamentales. No es lo más eficaz, ni sensato, tratar de racionalizar el gasto y las inversiones públicas aplicando recortes generales, sin responder a determinadas prioridades u objetivos estratégicos originados en un explícito proyecto político al cual se adhiera la mayoría de la ciudadanía.

Mucho más sencillo les resulta, aunque evidentemente también más incoherente, recortar el gasto público o embestir contra las rentas medias, medidas con las cuales se gana el favor de los medios, el reconocimiento de las visiones cortoplacistas y el aplauso de aquellos intereses que encuentran, en estas decisiones, una forma de retraer cualquier intento de reforma fiscal con la cual quién quita  y se afecten a las rentas altas.

En el centro de la discusión política en el país sigue estando, aunque sea de manera soterrada, la puja por el modelo de desarrollo con el cual emprenderá la sociedad costarricense el camino al futuro.  Algunos personajes, a los cuales la ciudadanía costarricenses de manera reiterada les ha dicho no a sus pretensiones de gobernar el país, por sus propuestas radicales de austeridad y de claro corte anti estatal, encuentran espacios para promover, a contrapelo de lo decidido cuando corresponde por la ciudadanía, un nuevo e indiscriminado ataque a los presupuestos públicos, con todas las consecuencias que esto a la larga traerá en el menoscabado bienestar de la población, en el funcionamiento del maltrecho Estado costarricense y en el accionar de las instituciones democráticas.