DESCONTENTO POPULAR

Los resultados de la más reciente encuesta de UNIMER, publicada durante esta semana por el periódico La Nación, muestra un creciente descontento de la población costarricense con la administración Chinchilla Miranda. El incremento del malestar no parece tocar fondo, lejos de ello los acontecimientos más recientes, tales como la destitución de la viceministra de cultura, parecen aumentar las críticas hacia la gestión presidencial. 

Esta situación no es, de ninguna manera, baladí. Si bien una buena parte de las reacciones de la ciudadanía muestran en unos casos un evidente enfado, combinado en otras ocasiones con una alta dosis de buen humor, el asunto puede ser mucho más serio de lo a veces pensado.

Aún falta un poco menos de dos años para la conclusión del actual período presidencial: el segundo tiempo, como lo señaló algún ministro de gobierno. En estas circunstancias, el aumento de la pérdida de legitimidad gubernamental lleva a dificultar aún más la de por si compleja toma de decisiones y la lenta ejecución de las acciones en el ámbito estatal.

Un poder ejecutivo carente de credibilidad, y sin la indispensable confianza entre la gente, enfrentará enormes limitaciones para acometer los desafíos de un país cargado de escepticismos. Costa Rica no puede darse el lujo de mantener detenida su marcha, hasta donde esto es ocasionado por la acción gubernamental, por un significativo período de dos años.

Lo más notable en este panorama político nacional es la ausencia total de autocrítica entre los inquilinos de Zapote.  Atribuir a las percepciones equivocadas de los y las costarricenses la imagen negativa sobre la gestión presidencial y de su equipo o a supuestos factores externos a esa gestión, como si los problemas de la trocha no fueran de su responsabilidad, no contribuye a la necesaria autoevaluación y a rectificar con el propósito de retomar el rumbo.

El diálogo y la negociación política resultan indispensables para superar el descontento popular. El punto de partida para alcanzar esto tendrá que ser  una actitud de revisión del origen de las fallas y la adopción de las medidas correctivas, con las cuales se permita la recuperación paulatina de la confianza en una administración hoy desprovista de credibilidad.