ELECCIONES 2014

El día de hoy, 2 de octubre de 2013, el Tribunal Supremo de Elecciones efectúa la convocatoria a las elecciones nacionales para designar a quien ocupe la presidencia de la república y a los integrantes de la Asamblea Legislativa, durante el período 2014-2018.

Este relevante momento para la vida democrática de la nación, se presenta en un prolongado período durante el cual el escepticismo y el enfado con los partidos políticos y los políticos se ha extendido por los más diversos sectores de la sociedad. El manifiesto descontento  público está haciendo mella, de forma inconveniente, en el sistema político y en la confianza de la ciudadanía en algunas de las instituciones básicas del secular régimen republicano costarricense.

La participación en la vida política e involucrarse en el debate público, son elementos sustanciales en el ejercicio de la ciudadanía y en el funcionamiento de los sistemas democráticos. Comprometerse en el desempeño de los cargos públicos y la disposición a competir  por acceder a ellos, en un torneo llevado a cabo bajo reglas claras, aceptadas por todos, es una tarea loable, pero cada vez más embrollada.

Para cumplir con el oficio del político se requiere de contar con capacidades muy particulares o responder con entusiasmo a los intereses más nobles -¡aunque con alguna frecuencia, asimismo, a los más deleznables!-, por cuya consecución se está dispuesto a someterse al escrutinio público, sacrificando su vida privada y arriesgando  sus bienes o su prestigio. Se requiere además, como alguna vez lo apuntara Max Weber, pasión para exponer y defender sus ideas y sus proposiciones. ¡Un político sin este atributo, difícilmente conseguirá el apoyo de los electores, ni será capaz de impulsar los pequeños y grandes proyectos, necesarios para retomar el camino!

Algunas circunstancias han enrarecido el clima político, gestándose una suerte de apatía colectiva, dañina y contraproducente para el bienestar de la comunidad nacional. Lo deseable para la democracia es la convocatoria a la ciudadanía, dispuesta a dirimir, en la disputa electoral, el rumbo que habrá de seguir el país y las soluciones a emprender en respuesta a los múltiples problemas que le aquejan y a las causas con las cuales se origina el propio malestar ciudadano.

La aparente lejanía de las agrupaciones partidarias, en relación con las necesidades, demandas y aspiraciones de la mayoría de los habitantes,  sumada a frecuentes e intolerables escándalos de corrupción, divulgados con insistencia por los diversos medios de comunicación y multiplicados por las redes sociales, así como el empleo de un “sospechímetro”, aplicado a diestra y siniestra a cualquier persona destacada o dispuesta a comprometerse con el cumplimiento de una función pública, contribuyen a enturbiar el panorama político.

Se destaca en esta situación, la creciente insatisfacción con el funcionamiento del “primer poder de la república”, escenario en el cual los partidos políticos, por medio de sus representantes, ponen de manifiesto sus propuestas y su capacidad de negociación y de respuesta ante los grandes desafíos enfrentados por la nación o la ausencia de esos talantes, reclamados por la sociedad.

La discrepancia -algunas veces latente, otras abierta y explícita-, en relación con el modelo de crecimiento económico adoptado desde la década de los años 80, cuyas consecuencias en cuanto a la diversificación en la estructura productiva, el incremento en las exportaciones y la atracción de inversiones, han sido notables. Pero no lo ha sido así en cuanto al debilitado sistema institucional y de manera especial en cuanto a la incapacidad de promover la integración y la cohesión social, generando significativas disparidades en el bienestar de las familias y significativas brechas entre los diversos estratos sociales y, como lo muestran los recién publicados índices de desarrollo social, entre las diferentes regiones del país.

El aumento de las desigualdades y la persistencia de numerosas familias viviendo en exclusión social, así como el deterioro de servicios básicos de protección social con los cuales han contado los habitantes del país, son una fuente de descontento e inestabilidad. Esto suma a la crispación política y al descontento  ciudadano.

La convocatoria a las elecciones se presenta en un momento en el cual muchos ciudadanos esperan sopesar las propuestas ofrecidas por los candidatos, ante sus principales inquietudes. Pero un revelador porcentaje de votantes, pareciera se están inclinando hacia la abstención. El aumento de la ausencia a las urnas no solo significaría ahondar el debilitamiento de nuestra alicaída democracia, sino que también, aunque para algunos resulte paradójico, favorece a quienes encabezan las encuestas. Un alto abstencionismo beneficia a quien se encuentra más cerca del pretendido 40 por ciento. Las pasadas elecciones de alcaldes, mostraron las ventajas obtenidos por el partido con una estructura más sólida y una mayor organización, como resultado de la ausencia de votantes en las urnas electorales.

¡Los electores tienen en sus manos la decisión y deberán tener claro que con su abstención también están eligiendo!¡Acudir a las mesas de votación es una manera de fortalecer nuestra democracia y de ejercitar el derecho ciudadano a escoger a los gobernantes!¡Las urnas nos dan la oportunidad de encauzar el malestar y nuestras aspiraciones ciudadanas!

FRIJOLEROS Y REPRESIÓN

En un notable e inexplicable desacierto, las autoridades gubernamentales ordenaron arremeter en contra de los productores de frijol apostados en una vía pública en el cantón de Pérez  Zeledón. En un operativo policial efectuado en horas de la madrugada, pudimos ver por medio de las imágenes televisivas la forma en la cual aquellos productores eran desalojados y aprehendidos, de manera violenta, cual si de delincuentes se tratara. En vez de atender a sus demandas y abrir un espacio de negociación, los obnubilados funcionarios ordenaron  reprimir a los agricultores.

La prensa nos informa hoy sobre las negociaciones finalmente abiertas y concluidas con un arreglo satisfactorio. Pero, surgen de inmediato las siguientes preguntas, ¿por qué no se actuó de esta manera antes de recurrir a la acción policial, si esto era algo solicitado por los campesinos desde el inicio de su protesta? ¿Por qué se tiende a reprimir las manifestaciones de la ciudadanía, en vez de prestar atención a sus demandas? ¿Quién propicia estas torpezas gubernamentales, sin considerar la suma de descrédito provocadas por ellas? ¿Tiene sentido agraviar a dignos productores de alimentos, a quienes se les ha dificultado la posibilidad de continuar aportando al desarrollo del país y obteniendo el sustento de sus familias?

La exclusión del mercado de los productores familiares no se detiene. Estos son los hombres y mujeres, de carne y hueso, considerados sin ningún escrúpulo como los simples “perdedores” en la catalogada como la “nueva economía”.  Estas familias, pese a su verde actividad, no son cobijadas por la “marca país”, reservada para quienes pueden exportar, atraer inversiones o colocarse en una posición ventajosa, en el reinante modelo económico y en las políticas públicas en las cuales se sustenta este.

El medio rural de Costa Rica se ha transformado en forma paulatina desde la década de los años 80. La expansión de las actividades productivas destinadas al mercado exterior y la multiplicación de las actividades rurales no agrícolas, entre las cuales sobresale el turismo y otros servicios, predominan en el paisaje rural del país. Junto a este dinámico e incesante cambio productivo, se encuentran numerosas familias rurales con múltiples obstáculos para integrarse en el mercado, entre los que se destacan la ausencia de políticas y acciones institucionales efectivas, orientadas a dinamizar los territorios y los mercados locales y a modernizar las unidades productivas familiares. No se justifica, desde ningún punto de vista, el abandono de la producción nacional y de los servicios básicos  (investigación, apoyo técnico, financiamiento, formación empresarial), requeridos para revitalizar las actividades agrícolas y rurales no agrícolas, para las cuales estas familias cuentan con un significativo potencial.

El impulso del desarrollo rural territorial, como una política a la cual se debe dotar con los instrumentos necesarios para su eficaz aplicación, es uno de los mecanismos más apropiados para avanzar en esta dirección. Pero no entendiéndolo como una política marginal, sino como un elemento esencial para promover el desenvolvimiento de los rezagados territorios rurales.

En vez de reprimir a los agricultores y volverles las espaldas, agravando su situación de exclusión de los mercados y su exclusión social, introducir las rectificaciones en el modelo generador de estas situaciones y crear las condiciones para su integración en la economía, es el camino para retomar el rumbo incluyente de nuestro desarrollo.

UN ACUERDO POR LA DEMOCRACIA

El próximo 2 de octubre se llevará a cabo la convocatoria a las elecciones de 2014, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).  La antigua democracia costarricense, se apresta una vez más a cumplir con el ritual de seleccionar a sus autoridades políticas, en esta oportunidad con una modificación sustancial provocada por la reforma mediante la cual se separa la elección presidencial y legislativa de la correspondiente a los mandos de los gobiernos locales.

En este momento, de indiscutible relevancia en la vida política de la nación, se convoca a la ciudadanía a expresar su preferencia ante un amplio menú de opciones ideológicas y programáticas, así como de aspirantes con una participación en clara respuesta a sus intereses puramente individuales, compuesto por cerca de una docena de postulantes a ocupar la silla presidencial y una generosa cantidad de pretendientes a las curules legislativas, cuyas detalladas hojas de vida serán dadas a conocer, con suficiente antelación a la ocasión en la cual se emite el voto, por el TSE.

El acentuado fraccionamiento, de manera paulatina instaurado en el sistema político costarricense, como resultado, entre otras cosas, del sentimiento de ausencia de representación en las tradicionales maquinarias electorales, así como de la posibilidad de aspirar, en forma simultánea, al cargo presidencial y de encabezar la lista de los candidatos a las diputaciones, genera una multiplicación de opciones partidarias con diversas oportunidades de alcanzar un triunfo electoral o de conseguir la posición anhelada en el congreso nacional.

Por la dispersión partidaria, aunque se produzca algún nivel de concentración de los votos en cualesquiera de las alternativas con mayor capacidad organizativa y de movilización de los electores, así como de acceso a mayores recursos para estos fines y la divulgación de sus imágenes y propuestas, será muy difícil se produzca el regreso al, por varios añorado, sistema bipartidista. No sería descabellado vislumbrar un parlamento integrado por tres fracciones con un número mayor de diputados, sin alcanzar la simple mayoría, unidas a otras fracciones con unos cuantos legisladores, indispensables para sumar los votos necesarios con la intención de aprobar las iniciativas originadas en la propia Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo.

Con independencia de esta situación, así como teniendo presente la imposibilidad de avizorar a estas alturas una posible tendencia en el comportamiento de los electores, no cabe duda sobre la urgente necesidad  vivida por el país en el sentido de alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas, sin exclusiones de ninguna naturaleza, para establecer una agenda nacional y tratar de resolver los principales desafíos,  desdeñados por diversas circunstancias, entre ellas la ausencia de viabilidad política para su concreción.

El creciente malestar ciudadano y cierto desencanto con la política, o con los políticos y los partidos, se ven reforzados por la ausencia de respuestas ante sus demandas y preocupaciones. Las protestas y manifestaciones, ocurridas un día sí y otro también, parecieran encontrar en una suerte de divorcio entre las inquietudes de la ciudadanía y el funcionamiento del sistema político el origen de su proliferación. La pérdida de confianza en algunas de las instituciones esenciales en la democracia costarricense y su ineludible recuperación, pasan por la negociación política y el diálogo social.

Colocar la construcción de la agenda en un lugar prioritario y alcanzar los consensos requeridos para retomar el rumbo y poner el bienestar de la población y la búsqueda de la inclusión social como el norte del desenvolvimiento de la sociedad, exigen de un acuerdo democrático. Un compromiso de esta naturaleza, contraído por todas las fuerzas políticas con antelación a la culminación del torneo electoral, con independencia de la tónica que se quiera imprimir al proceso eleccionario por parte de cada una de ellas, puede ser una manera de atender a las críticas de la ciudadanía y una forma de propiciar su acercamiento a las urnas electorales.

¡Nuestra secular democracia vale la pena y su revitalización debe ser colocada en el centro de las preocupaciones de las agrupaciones políticas, los diversos actores económicos y sociales, el Estado y la ciudadanía!

VOTAR O NO VOTAR: UN DILEMA DEMOCRÁTICO

No se ha completado aún el rompecabezas con el cual dará inicio la carrera por alcanzar la silla presidencial y las apetecidas curules de nuestro parlamento. Algunas piezas provendrán de las primarias en marcha, de una posible coalición y de las propuestas, más o menos sorpresivas, originadas en algunos de los partidos en búsqueda de su aspirante. Hasta el momento, con la suposición de algún cambio, hacia arriba o hacia abajo, conforme se completa el cuadro y se desenvuelve el torneo electoral, la tendencia al abstencionismo resulta muy significativa.

La competencia no ha logrado despertar el entusiasmo de los electores, la descomunal desaprobación de la ciudadanía a la actual gestión gubernamental, la imparable pérdida de la confianza en las instituciones y el reinante malestar ciudadano, generan un hondo desencanto difícil de revertir empleando para ello tan solo el manido marketing político. Esta ha sido la tradicional manera de forjar candidaturas y de obtener triunfos electorales, cuyos resultados llevan al desengaño al quedar al descubierto  el contenido oculto por la atractiva envoltura.

El quiebre de la tradición familiar de votar siempre por la misma agrupación, la actividad partidaria centrada, casi de manera exclusiva en sus maquinarias electorales, aceitadas y extendidas al acercarse el período electoral, así como la búsqueda de diversas formas de expresión y movilización ciudadana desligada de las agrupaciones políticas, como ha ocurrido en las más destacados acciones populares o en las peculiares protesta sociales acaecidas en el país en los tiempos recientes, originan  un desafío de singulares proporciones a quienes buscan atraer votantes a sus tiendas partidarias.

A estos fenómenos se suman los frecuentes casos de corrupción, puestos al descubierto sobre todo por los medios de comunicación, en los cuales se involucran personajes de la vida política nacional o ligados a proyectos e iniciativas promovidas desde diversas instancias del aparato estatal. El repudio generado por estos escándalos públicos, tienen una no despreciable influencia en la posición reservada o abiertamente crítica de la población en relación con los políticos o la vida política partidaria, con frecuencia generalizada, sin efectuar las distinciones  con quienes se apartan de las formas de comportamiento censurables o deleznables.

Las situaciones coyunturales, colocadas en el diario vivir de los costarricenses, generando enfado, mofa e incertidumbre, podría ser algo pasajero de no ser su estrecha vinculación con una realidad más profunda y con un efecto más generalizado en los sistemas representativos. Como lo apunta Xavier Ruiz Collantes, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, “Dos de las consignas más populares del movimiento del 15 M en España, ponen el acento en esta cuestión: ‘lo llaman democracia y no lo es’, ‘no nos representan’ y ‘si votar sirviera de algo, ya lo habrían prohibido’. Más allá del uso en las manifestaciones y concentraciones contestatarias, estas consignas ponen de relieve una convicción que empieza a extenderse de forma cada vez más amplia”.

La enorme y creciente distancia entre la mayoría conformada por quienes consideran que se gobierna “para algunos sectores” y aquellos para los cuales se hace “Para la gente”, cuyos datos ofrece la última encuesta de UNIMER, recién publicada por el diario La Nación, no resulta diferente a lo acontecido en muy diversas sociedades democráticas. El incremento de las desigualdades se acompaña de un sentimiento de falta de respuestas a las demandas y aspiraciones de las mayorías. Esto se traduce en desapego hacia el sistema representativo y en reclamo hacia los gobernantes, cuyas diferencias ideológicas del pasado se dejaron a la vera del camino al abrazar una ruta común.

 Ante este panorama, han surgido y tomado fuerza algunas interrogantes, tales como las siguientes: ¿tiene sentido acudir a las urnas a depositar el voto? ¿Respaldaré de nuevo con mi decisión a quienes, según Stiglitz, gobiernan para el uno por ciento de la población? ¿En realidad me representarán a mí y a mis iguales a quienes con mi voto escoja para gobernar? ¿Existe la posibilidad de reorientar las políticas, echar abajo la opacidad y lograr la implantación de formas de gestión pública transparentes y en consulta con la ciudadanía? ¿Puede mi voto poner freno a la decadencia y a la colocación de los intereses particulares por encima del interés general de la nación?

 En una sociedad como la nuestra, con una prolongada trayectoria democrática, la respuesta a las preguntas tiende a ser positiva.  La mayoría de los costarricenses consideramos a la democracia, a pesar de los pesares, como la mejor forma de gobierno. Pero, no cabe duda de que los electores serán más exigentes en su selección, escudriñarán en detalle las propuestas y sus posibilidades reales de aplicación, distinguirán la fábula demagógica y oportunista y tendrán en cuenta las lecciones aprendidas, en el pasado reciente, a la hora de tomar su decisión.

 La comprensión sobre el alto costo del clientelismo para los grupos de más bajos ingresos, las propuestas de rectificación cierta en las prácticas políticas empleadas hasta hoy, la presentación de las medidas concretas por medio de las cuales se reanudará el camino del bienestar y la equidad, la decisión de retomar las función esenciales del alicaído sector público en el desarrollo del país, el papel de la ciudadanía y la apertura de espacios para el florecimiento de las alianzas público-privadas, serán algunas de las cuestiones  hacia las cuales volverán la mirada los votantes al decidir su asistencia a las urnas y su escogencia final. 

¿ES SUFICIENTE CON LAS EXPORTACIONES Y EL LIBRE COMERCIO?

Una controversia de larga data polariza a la sociedad costarricense. Las frecuentes discrepancias entre diferentes grupos o actores, algunas de considerable intensidad, son la expresión de una confrontación centrada en torno a las consecuencias del rumbo adoptado por el país desde hace un poco más de dos decenios. El conflicto es un elemento inherente al funcionamiento de la sociedad, motivo por el cual la presencia en sus diversas dimensiones no puede entenderse como una anormalidad. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo básico en relación con las líneas generales de la ruta a seguir para alcanzar el desarrollo -y con una visión compartida en cuanto a los que entendemos por desarrollo-, es un elemento generador de inestabilidad y de una disputa constante cuyas secuelas son impredecibles.

El mejor ejemplo en torno a este concierto básico es el de la propia Costa Rica del período 1950-1980. El modelo de desarrollo incluyente, generador de crecimiento económico, bienestar, cohesión y movilidad social, fue aceptado por tirios y troyanos. Esto, desde luego, no fue sinónimo de uniformidad o de una suerte de consenso absoluto. Las diferencias en relación con los equilibrios entre Estado y mercado o en cuanto a la extensión del sistema institucional y los mecanismos de redistribución del ingreso y de protección y bienestar social estuvieron siempre presentes y se plasmaron en tonalidades diferentes en el rumbo seguido por el país, en correspondencia con la orientación de quienes accedían a la conducción gubernamental o de quienes propugnaban por un cambio en la dirección conservada hasta entonces.

¿Por qué motivo se quiebra ese acuerdo básico? ¿En qué momento el disenso, deseable en la vida democrática, se convierte en el componente predominante en la actividad política de la nación? ¿Por qué resulta tan embarazoso alcanzar el consenso requerido para tomar las decisiones y definir los caminos a seguir?

Muchas de las respuestas a estas interrogantes se encuentran en el fundamento mismo del modelo de acumulación implantado en este período. La energía puesta, casi de manera exclusiva, en la apertura y liberalización de la economía, con una evidente desatención de los sectores sin una vinculación directa a la actividad exportadora, la atracción de inversiones o algunas áreas dinámicas integradas en la cresta del modelo, genera la exclusión de amplios grupos de la sociedad. Bien predecían los promotores de la apertura que con esta surgirían grupos ganadores y grupos perdedores; aunque no se referían al reducido número de los primeros y a lo extenso de los segundos.

El ensanchamiento de las desigualdades y el generalizado sentimiento de ausencia de respuestas a las demandas y aspiraciones de amplios sectores de la población, unido a una manifiesta extensión de la corrupción y los escándalos públicos, muchos de ellos ligados a una expansión de los “negocios” por todas las esferas de la sociedad, al amparo del libre comercio y a la ausencia de controles eficaces, provocan la propagación del malestar ciudadano, la pérdida de confianza en las instituciones y el inconveniente repudio a la vida política.

El clima enrarecido y la permanente crispación reinante en el escenario político costarricense, aprovechada en algunos casos por quienes consideran o juegan a “cuanto peor, mejor”, alentado por el casi inexistente diálogo social y las formas de gestión carentes de consulta y participación de la ciudadanía, son el corolario de la aplicación de un modelo excluyente cuyos beneficios no se distribuyen con equidad. Es clara, al cabo de varios años, la necesidad de introducir rectificaciones.

No basta con abrir mercados, ampliar las exportaciones y liberalizar la economía, condiciones necesarias para acometer el crecimiento económico en el integrado mundo contemporáneo; pero insuficientes para promover el desarrollo, generar el bienestar y la cohesión social. Revitalizar el papel del Estado, fortalecer la producción nacional y los mercados locales, así como reforzar los mecanismos de protección social y redistribución del ingreso,  son aspectos básicos para retomar la senda de la inclusión social.

La coyuntura electoral, en pleno desenvolvimiento, es un momento oportuno para reflexionar sobre estas preocupaciones compartidas por diversos grupos de la ciudadanía costarricense.

¿SURFING POLÍTICO O DEBATE DE FONDO?

La presencia de un nuevo proceso electoral podría ser una buena oportunidad para promover una discusión de fondo sobre los grandes desafíos enfrentados por el desarrollo en el país. Aunque, si nos atenemos a la tónica seguida por la mayoría de las agrupaciones políticas participantes en los torneos electorales, el debate tiende a ser muy pobre, centrado en temas aislados, sin un eje conductor, y situado en resaltar las virtudes o defectos de los aspirantes presidenciales (“firme y honesta”, “el menos malo”, “el hombre de las manos limpias”, “Sí Costa Rica, Oscar Arias”). Esto último,       en respuesta a la conducta de los electores y la tendencia a privilegiar a los aspirantes, por encima de los partidos o las propuestas programáticas. No obstante, es posible relacionarlo también con el fenómeno más general, característico de la sociedad actual, anotado por el sociólogo Zygmunt Bauman, para quien “En la cumbre jerárquica de aptitudes útiles y deseables, el arte de navegar sobre las olas ha sustituido al arte de sondear en las profundidades” (Bauman, 2013).

En la vida nacional, el surfing político, colocado en la superficie de los análisis sustanciales,  se ha convertido en la forma predominante de hacer política. Los discursos sobre la necesidad de delinear un “proyecto país” o de alcanzar los acuerdos políticos requeridos para superar los males que aquejan el sistema político y las crecientes brechas entre los grupos sociales -en gran medida causantes del extendido malestar ciudadano-; no lograrán concretarse en tanto no haya un examen prolijo sobre los obstáculos por zanjar, “sondear en las profundidades” de nuestras complicaciones y definir el rumbo a seguir para corregir los elementos excluyentes, de los cuales es portador el modelo de desarrollo adoptado en el país a partir de los años ochenta.

¿Estarán los partidos políticos nacionales, convertidos en simples maquinarias electorales, en capacidad de emprender una iniciativa de esta naturaleza?¿Estarán interesados, los dirigentes de estos partidos, en llevar a cabo un proceso de debate por medio del cual los electores tengan claro a qué apuntar y distinguir, entre las diferentes opciones, aquella considerada la más conveniente?¿Existirá el interés en la ciudadanía por asistir a una disputa electoral colocada más allá del prevaleciente marketing político, consustancial con la sociedad de consumo en la cual convivimos?¿Estarán los sectores interesados en impulsar alguna propuesta alternativa, en condiciones de colocar en la agenda pública la discusión sobre el modelo de desarrollo y las necesarias rectificaciones para reemprender el desenvolvimiento incluyente en nuestra sociedad?¿Ocuparán un lugar en esa agenda temas tales como el del crecimiento de las desigualdades sociales, el declive en la calidad de vida sufrido por la clase media, el deterioro en los servicios públicos básicos, la exclusión social vivida por amplios grupos de la población, la exigencia del reconocimiento de la diversidad y de los derechos de la ciudadanía integral y el ineludible robustecimiento de la democracia y del ámbito de lo público?

La apertura del torneo electoral conduce a un período en la vida nacional en el cual la ciudadanía, en general, incluyendo a los más escépticos con la política, vuelven la mirada hacia la contienda en curso. Este momento es oportuno para la reflexión y el análisis colectivo; si esto no lo impulsan los partidos políticos, por desinterés o por su imposibilidad de romper con la tradición y su comodidad con el status quo, sí podría ser promovido desde la sociedad civil, los centros académicos, los medios de comunicación alternativos o desde algunos think tanks, cuya condición les permite incidir en la discusión de los asuntos de interés nacional. 

UN LARGO AÑO POR RECORRER…

 “Las métricas típicas para juzgar la labor de un Gobierno en este momento no se aplican”, manifestó un ministro de gobierno de la administración Chinchilla Miranda a un medio de comunicación nacional, explicando el origen de esta situación por la condición de mujer de la mandataria. Es innegable la existencia de alguna crítica mordaz, con una clara relación con el pensamiento y las actitudes patriarcales persistentes en la cultura costarricense. Muchas de las referencias a la gobernante, rayan en lo soez y en la patanería. Pero la explicación del ministro revela, igualmente, una ausencia de autoevaluación y de autocrítica, al no reconocer los frecuentes y acentuados yerros políticos en los cuales ha incurrido el ejecutivo.

Si ante una ciudadanía informada, crítica y enfadada, resulta más complejo el ejercicio del poder, el desconocimiento de esta realidad, así como la creciente lejanía de la población en la toma de las decisiones -cuya demostración más elocuente es la forma cómo se otorga la controvertida concesión de la carretera de La Sabana a San Ramón, desoyendo y dando la espalda a los habitantes de los cantones del occidente del Valle Central-; el corolario no  será otro que el incremento del descontento y el repudio por parte de la ciudadanía.

La inevitable reculada ocurrida ante la movilización de comunidades y organizaciones ciudadanas opuestas a la concesión, luego del desacertado manejo político dado a la aparición pública de la presidente el 11 de abril, en plena cúspide del conflicto, sumado a la serie de pifias generadas alrededor del escándalo provocado por el viaje presidencial a Lima, Perú, llevan la pérdida de credibilidad y de confianza a niveles impensados, con el riego del surgimiento de una crisis de gobernabilidad.

Los resultados de las consultas sobre la popularidad presidencial, situación no revertida a pesar de los significativos gastos en publicidad y en el esfuerzo por mejorar la imagen gubernamental, sumados a los recientes desaciertos políticos, conducen a una delicada situación institucional la cual debe ser superada en respuesta al interés general. La administración Chinchilla Miranda tiene ante sí un largo año de gestión; la sociedad costarricense no puede darse el lujo de malograr doce meses en los cuales se requiere de la adopción de medidas políticas, sin esperar hasta la llegada de un nuevo gobierno. Superar el aislamiento político y evitar el aislamiento físico al que podría someterla el nuevo director de la DIS, en aras de incrementar la seguridad de la presidente, ¡cómo si el problema enfrentado fuera de seguridad, cuando, cómo queda muy claro, su problema es especialmente político!

El primer paso, desde luego, tendrá que darlo la mandataria. Refrescar su gabinete, reforzarlo con personas con la visión política y la experiencia con cuyo concurso pueda sortear el oleaje del año electoral y lograr los acuerdos necesarios para concluir con decoro su gestión, es una decisión enteramente en manos de la presidente.