¡AMENAZA IZQUIERDISTA!

Un gran revuelo ha causado en el país la encuesta elaborada por la empresa UNIMER, para el periódico La Nación, divulgada el último domingo de noviembre por ese medio de comunicación. La para muchos sorpresiva aparición del candidato de izquierda, perteneciente al Frente Amplio, José María Villalta, en el primer lugar en las intenciones de voto de los electores decididos a emitir su sufragio, así como la ubicación en una segunda posición del aspirante oficialista del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, con un porcentaje similar al del libertario Otto Guevara, calentó una campaña en la cual la indefinición y la apatía de un significativo porcentaje de los votantes, es la tonalidad preponderante.

En un proceso electoral caracterizado por la intensa volatilidad en las intenciones de voto –el candidato Araya, por largos meses a la cabeza en los resultados de las encuestas, en un corto período de seis meses pasó de un 38 porciento de las preferencias a tan solo un 19 por ciento-, resulta muy difícil distinguir con claridad una tendencia, aunque si se percibe un constante incremento en las intenciones de voto por los opositores Villalta y Guevara y, en menor medida, por Luis Guillermo Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Un mal manejo del proceso o de la estrategia seguida por los equipos de campaña, errores llamativos de los candidatos, un buen uso del arsenal con el cual se dispone para resaltar las debilidades de los contrincantes, la comunicación correcta de sus ideas y propuestas en los debates, encuentros o visitas a las comunidades, así como las acciones y medidas gubernamentales repudiadas por la ciudadanía, son algunos de los acontecimientos o herramientas cuya presencia o buen uso pueden incidir en la modificación de las posiciones de una enfadada y sensible ciudadanía.

La encuesta de marras, sin embargo, ha despertado viejos temores, estereotipos y prejuicios en grupos interesados o en otros poco informados, susceptibles de amedrentar con los viejos fantasmas redivivos de la anacrónica guerra fría. ¡Lejos de preguntarse sobre los motivos por los cuales un significativo grupo de electores, sobre todo los jóvenes, expresan una posición favorable a su para ellos indeseada posición, empiezan a repiquetear tambores de guerra y a blandir espadas ante una realidad incómoda e insospechada! A partir de las percepciones y opiniones expresadas por los electores, en un momento determinado, sujeto a modificaciones en otras circunstancias, exclaman, ¡será posible que a nuestra apacible y conservadora Costa Rica la llegue a gobernar el comunismo1¡Será posible tener de inquilino en Zapote a un “chancletudo”![1]

Un llamativo titular de un medio de comunicación electrónica motivó estas cortas reflexiones compartidas con ustedes. Titula su nota el medio virtual de la siguiente manera: “La amenaza de la izquierda política en Costa Rica. Empresarios se preocupan por el aumento en la intención de voto de José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio en Costa Rica”. El titular es muy claro y sin duda habla por si mismo, ¡cómo debe hacerlo un buen titular! Las opiniones recogidas por el estudio de opinión no parecen ser el resultado del libre juego democrático, sino la expresión de la amenaza de una izquierda con un candidato colocado a la delantera en las intenciones de voto de los ingenuos o desinformados electores. Esta, no cabe duda, será la tónica durante la recta final de la campaña, con un punto de quiebre en el momento en el cual salen a la luz los resultados de esta encuesta de UNIMER.

Pero, ¿será este académico despistado, dispuesto a compartir estas nocturnas anotaciones con ustedes, el ingenuo y desinformado? Posiblemente eso es lo que me provoca formularme algunas preguntas:

¿Qué ha pasado en Brasil con el triunfo electoral de los izquierdistas Lula y Dilma?¿Se han sentido amenazados los empresarios y otros grupos acomodados de la sociedad brasileña?¿No fue Lula la punta de lanza para ampliar la penetración de las empresas brasileñas en los mercados internacionales?

¿Qué ha pasado en Uruguay con los reiterados triunfos electorales del izquierdista Frente Amplio y de sus candidatos presidenciales Tabaré Vázquez y José Mujica?

¿Qué pasó en El Salvador con el triunfo electoral del FMLN, partido originado en una fuerza guerrillera a punto de concluir su gestión presidencial y compitiendo de nuevo en las justas electorales en ese país?

¿Cómo explicar la participación del Partido Comunista de Chile en la Nueva Mayoría encabezada por Bachelet y la elección de algunas de las militantes del PCCh, líderes en las movilizaciones estudiantiles, en cargos legislativos en las reciente primera vuelta del torneo electoral en esa nación?¿Cómo valorar la fresca firma de un acuerdo entre Bachelet y la Central Única de Trabajadores (CUT), principal central sindical chilena, a las puertas de la segunda vuelta en esas elecciones?

¿No tienen un impacto negativo en la estabilidad y el “clima de negocios” en estos países las desigualdades y la exclusión social sufrida por numerosas familias latinoamericanas?

No son la exclusión social, la falta de empleo y de oportunidades, generadoras de violencia e inseguridad, notables amenazas a un ambiente favorable a la actividad empresarial?

¿No tendrán efectos más nocivos en el desarrollo de las actividades productivas las constantes movilizaciones y protestas llevadas a cabo por diversos grupos sociales por dejar patentes sus demandas y aspiraciones?

¿No tienen consecuencias más notables los extendidos casos de corrupción y la ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana?

Aunque no se compartan sus pensamientos, sus medidas  o sus formas de actuar, la realidad muestra a unas izquierdas en América Latina siguiendo diversos caminos y promoviendo proyectos de sociedad orientados hacia una mayor distribución de los beneficios del crecimiento económico y a promover la equidad y la inclusión social, en un marco democrático. Buena prueba de ellos es la disminución sostenida en las desigualdades sociales y el mejoramiento en los índices de desarrollo social. Volver la mirada de manera exclusiva a la compleja y atribulada Venezuela y a su modelo autoritario y revolotear el trapo rojo del chavismo, convertido en el símbolo con el cual se trata de identificar a las opciones políticas emergentes en la región, en repuesta al agotamiento de los proyectos tradicionales, no es una cándida acción ni un bien intencionado ejercicio.

Algo ha ocurrido en América Latina y nuestros dirigentes no han logrado percibir a cabalidad esa nueva realidad social, cultural y política. El comportamiento de los electores está condicionado por el malestar con los partidos políticos, los políticos tradicionales y con instituciones básicas en el funcionamiento de la sociedad. El sentimiento de abandono por parte de un sistema al cual le han brindado lealtad, la percepción según la cual los beneficios del crecimiento económico se han concentrado en una pequeña parte de la sociedad y se han dejado de lado las demandas y necesidades de los grupos mayoritarios, la visión de una sociedad escindida entre un mundo lleno de limitaciones y otro mundo pleno de privilegios, inaccesible a la mayor parte de los grupos sociales, así como la constatación del deterioro en servicios esenciales tales como la salud y la educación, de ausencia de transparencia en la acción gubernamental, las insuficientes medidas adoptadas ante los temas ambientales y aquellos relacionadas con los derechos de sectores diversos de la sociedad, unido a nuevas generaciones desapegadas de las afiliaciones partidarias, en búsqueda de nuevas opciones, liderazgos y pensamientos renovados, son algunos de los fenómenos más generales con una clara expresión particular en el torneo electoral que culminará, posiblemente en una segunda vuelta, en los primeros meses del año 2014.

Con independencia del desenlace final de estas elecciones, impredecibles en este momento, lo cierto es que Costa Rica está cambiando. Esto se constata no por el resultado de una encuesta cuyos resultados pueden modificarse abruptamente en una nueva consulta, sino por múltiples fenómenos entre los cuales sobresale una polarización social no resuelta. Comprender esas mutaciones será muy relevante para las restantes semanas del torneo electoral, pero sobre todo para orientar la futura gestión gubernamental y para retomar el rumbo hacia la inclusión social en nuestra nación.

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[1] Término despectivo utilizado en Costa Rica para calificar a las personas de izquierdas, derivado de un tipo de zapato denominado en el país como “chancleta”, en referencia a la frecuente participación en marchas y movilizaciones en las cuales se les da un intenso uso a los zapatos.

MENSAJES ELECTORALES

Un gran desafío enfrentan los partidos políticos y los candidatos a ocupar los diferentes cargos de elección popular en disputa en el actual torneo electoral. Un significativo porcentaje de los votantes no deciden aún a cuáles aspirantes favorecer con su sufragio y se encuentran expectantes en relación con las paulatinas propuestas esbozadas por estos. 

El ostensible malestar ciudadano, expresado de diversas maneras por una población carente de respuestas eficaces a sus principales demandas y aspiraciones,  se manifiesta hoy con elocuencia en el comportamiento reservado o abiertamente crítico de un electorado difícil de convencer, con los métodos tradicionalmente empleados para lograr su apoyo en las urnas electorales. El momento parece oportuno para un debate de fondo sobre los problemas más acuciantes enfrentados por el país y sobre las diferentes rutas formuladas para su solución, por parte de las agrupaciones políticas y los numerosos aspirantes.

Pasar de las ocurrencias a las evidencias, se convierte en un paso necesario para darle un tono convincente y explícito a los esperados ofrecimientos electorales. Cortejar a la enfadada ciudadanía costarricense no es una tarea sencilla y difícilmente se conseguirá con poses ensayadas, frases prefabricadas o promesas sin fundamento y poco creíbles. Los electores quisieran conocer el pensamiento propio de los candidatos y no el de sus asesores o sus publicistas. ¡Los votantes acudirán a las urnas si encuentran figuras comprometidas con la atención a sus demandas y dispuestas a emprender las tantas veces postergadas respuestas  a sus necesidades!

La diferenciación de talantes, pensamientos, trayectorias, proposiciones y capacidades para gestionar el alicaído Estado, será un buen camino para adentrarse en el corto período eleccionario todavía pendiente de recorrer. La combinación de medios para conseguirlo es una condición ofrecida por el medio social contemporáneo, en el cual los avances tecnológicos ponen a disposición de todos los actores, un conjunto interminable de recursos y formas de comunicación.

La insustituible relación “cara a cara” con los electores, es un medio esencial para hacer llegar el mensaje a los escépticos, motivar a los convencidos y movilizar a las estructuras partidarias locales. Las redes sociales, por su parte, se transforman en un vehículo insoslayable para difundir mensajes, intercambiar con numerosos visitantes y activos participantes, en estos lazos de comunicación informal extendidas por un denso tejido conformado en esta manifestación particular de la galaxia Internet. La televisión, la radio y los periódicos digitales y convencionales completan la gama de medios a utilizar para tratar de responder a las expectativas de una ciudadanía hondamente heterogénea,  con exigencias, de la misma manera, intensamente diferenciadas.

En este sentido, menudo desafío afrontan los estrategas políticos para hacer llegar sus mensajes, por ejemplo, a los heterogéneos sectores medios de esta sociedad. Esta, como ocurre en la mayor parte de los países latinoamericanos, es la posición de auto adscripción de muy diversos sectores sociales, con un peso muy relevante en el proceso electoral.  Quienes logren distinguir a esos grupos, conocer sus diferentes necesidades y demandas y seleccionar las rutas e instrumentos por medio de los cuales logre transar con ellos, tendrá una enorme ventaja en relación con aquellos otros enclaustrados en sus propuestas indiferenciadas, no siempre atractivas para todos.

Un mes después de efectuada la convocatoria al torneo electoral, persiste el desencanto con una gradual definición de los electores conforme avanza el proceso. Se trata de una elección inusual, con una ciudadanía más informada, con abundantes recursos de comunicación –aunque a veces mal utilizados- y más exigente y crítica; una elección con opciones políticas multicolores, con una evidente fragmentación del sistema de partidos políticos y una clara dispersión de las preferencias. Ante estas condiciones, hoy más que nunca, los mensajes electorales juegan un destacado papel. Es relevante su forma, pero sobre todo sus contenidos, los cuales deben apuntar con nitidez a ofrecer respuestas concretas a las demandas y aspiraciones de la población. ¡Ha pasado el tiempo de  las promesas y las poses demagógicas!¡No se trata hoy de espantar con fantasmas o temores fútiles!¡No se vale el ingenio sin contenido! ¡Una buena parte de la ciudadanía aún espera para tomar su decisión!

XENOFOBIA: UN MAL GLOBAL

Existen fenómenos extendidos en forma global por las más diversas sociedades, con manifestaciones singulares en el contexto particular de las naciones o las regiones en las cuales tiene su presencia. Uno de ellos, cuya multiplicación en épocas de dificultades económicas, sociales y políticas adquiere una acentuada propagación, es el de la xenofobia, repudiable comportamiento generador de lamentables violaciones a los derechos humanos.

 La Real Academia Española define la xenofobia como el odio, la repugnancia o la hostilidad hacia los extranjeros. Este tipo de discriminación tiene su origen, con  mucha frecuencia, en una serie de prejuicios sociales y culturales con los cuales se justifica la animadversión hacia quienes por diferentes circunstancias llegan a convivir en una sociedad distinta a aquella en la cual nacieron.

La segregación social o la exigencia de adaptación cultural, ante la percepción de la amenaza de perder la “identidad propia”, son una consecuencia de los arraigados prejuicios históricos, por largo tiempo latentes en la profundidad del tejido social, a los cuales las vicisitudes del presente les hacen  aflorar y manifestarse con ímpetu en el proceder de los grupos sociales con mayores dificultades, potenciales o reales, así como en los portadores de visiones ideológicas con un marcado signo xenofóbico.  Aunque resulte paradójico, este es un fenómeno con una notable presencia en sociedades caracterizadas por su amplio multiculturalismo.  

En situaciones de crisis socioeconómicas o con el surgimiento de condiciones de incertidumbre, como las vividas hoy en diferentes países, en el Norte y en el Sur, los sentimientos xenófobos se profundizan, producto de una pretendida competencia por los puestos de trabajo con la población inmigrante y por las dificultades de acceso y el deterioro sufrido en la calidad de los servicios básicos, tales como la salud y la educación.

Culpar a los inmigrantes por las dificultades surgidas en el mercado laboral o de los apuros presupuestarios vividos por los sistemas de seguridad social, es un elemento común en sociedades con entornos muy diversos. Así, por ejemplo, el periódico español El País publicó, en su edición del 17 de octubre de 2013, la siguiente información: “Los líderes de las instituciones comunitarias llevan meses preocupados por el giro antiinmigración que han experimentado los discursos de muchos gobernantes al calor de la crisis. La tentación de culpar al extranjero de los problemas del Estado de bienestar ha llegado hasta el punto de arremeter no solo contra los inmigrantes de terceros países, sino contra los comunitarios, principalmente rumanos y búlgaros (El País, España, 17/10/13).

Desde el en apariencia inofensivo chiste, cargado con frecuencia de animosidad, pasando por las actitudes discriminatorias, la privación de los derechos laborales o el obstáculo para el acceso a servicios públicos básicos, llegando hasta las acciones abiertamente agresoras, en estos tiempos ejercidas también desde los estados y amparadas en marcos jurídicos adoptados con el propósito de detener la inmigración permanente, son todas ellas formas execrables de conducta xenofóbica, cuyo surgimiento puede ser explicado por los motivos apuntados, pero inadmisible de justificar en los albores del siglo XXI y en las  llamadas sociedades del conocimiento.

El papel de los medios de comunicación suele ser muy destacada en el desarrollo de estos procesos. Su creciente influencia en las diferentes manifestaciones de la cultura contemporánea, ejercida por medio de la divulgación de informaciones, imágenes, modelos y valores, les permite influir en las formas de comportamiento adoptadas por la población. Con alguna insistencia se les cuestiona a los medios por el contenido de sus mensajes y su reproducción de los prejuicios en los cuales se sustenta la discriminación sufrida por los inmigrantes. Sustentar sus informaciones en evidencias, a las cuales se puede recurrir con facilidad al existir profusos estudios en relación con los temas migratorios de  mayor interés público,  es la mejor manera de evitar su transformación en vehículos por medio de los cuales se propagan las visiones absurdas y se refuerza entre la ciudadanía  el sentimiento según el cual el inmigrante constituye una amenaza para su supervivencia, su bienestar o su identidad.

ELECCIONES 2014

El día de hoy, 2 de octubre de 2013, el Tribunal Supremo de Elecciones efectúa la convocatoria a las elecciones nacionales para designar a quien ocupe la presidencia de la república y a los integrantes de la Asamblea Legislativa, durante el período 2014-2018.

Este relevante momento para la vida democrática de la nación, se presenta en un prolongado período durante el cual el escepticismo y el enfado con los partidos políticos y los políticos se ha extendido por los más diversos sectores de la sociedad. El manifiesto descontento  público está haciendo mella, de forma inconveniente, en el sistema político y en la confianza de la ciudadanía en algunas de las instituciones básicas del secular régimen republicano costarricense.

La participación en la vida política e involucrarse en el debate público, son elementos sustanciales en el ejercicio de la ciudadanía y en el funcionamiento de los sistemas democráticos. Comprometerse en el desempeño de los cargos públicos y la disposición a competir  por acceder a ellos, en un torneo llevado a cabo bajo reglas claras, aceptadas por todos, es una tarea loable, pero cada vez más embrollada.

Para cumplir con el oficio del político se requiere de contar con capacidades muy particulares o responder con entusiasmo a los intereses más nobles -¡aunque con alguna frecuencia, asimismo, a los más deleznables!-, por cuya consecución se está dispuesto a someterse al escrutinio público, sacrificando su vida privada y arriesgando  sus bienes o su prestigio. Se requiere además, como alguna vez lo apuntara Max Weber, pasión para exponer y defender sus ideas y sus proposiciones. ¡Un político sin este atributo, difícilmente conseguirá el apoyo de los electores, ni será capaz de impulsar los pequeños y grandes proyectos, necesarios para retomar el camino!

Algunas circunstancias han enrarecido el clima político, gestándose una suerte de apatía colectiva, dañina y contraproducente para el bienestar de la comunidad nacional. Lo deseable para la democracia es la convocatoria a la ciudadanía, dispuesta a dirimir, en la disputa electoral, el rumbo que habrá de seguir el país y las soluciones a emprender en respuesta a los múltiples problemas que le aquejan y a las causas con las cuales se origina el propio malestar ciudadano.

La aparente lejanía de las agrupaciones partidarias, en relación con las necesidades, demandas y aspiraciones de la mayoría de los habitantes,  sumada a frecuentes e intolerables escándalos de corrupción, divulgados con insistencia por los diversos medios de comunicación y multiplicados por las redes sociales, así como el empleo de un “sospechímetro”, aplicado a diestra y siniestra a cualquier persona destacada o dispuesta a comprometerse con el cumplimiento de una función pública, contribuyen a enturbiar el panorama político.

Se destaca en esta situación, la creciente insatisfacción con el funcionamiento del “primer poder de la república”, escenario en el cual los partidos políticos, por medio de sus representantes, ponen de manifiesto sus propuestas y su capacidad de negociación y de respuesta ante los grandes desafíos enfrentados por la nación o la ausencia de esos talantes, reclamados por la sociedad.

La discrepancia -algunas veces latente, otras abierta y explícita-, en relación con el modelo de crecimiento económico adoptado desde la década de los años 80, cuyas consecuencias en cuanto a la diversificación en la estructura productiva, el incremento en las exportaciones y la atracción de inversiones, han sido notables. Pero no lo ha sido así en cuanto al debilitado sistema institucional y de manera especial en cuanto a la incapacidad de promover la integración y la cohesión social, generando significativas disparidades en el bienestar de las familias y significativas brechas entre los diversos estratos sociales y, como lo muestran los recién publicados índices de desarrollo social, entre las diferentes regiones del país.

El aumento de las desigualdades y la persistencia de numerosas familias viviendo en exclusión social, así como el deterioro de servicios básicos de protección social con los cuales han contado los habitantes del país, son una fuente de descontento e inestabilidad. Esto suma a la crispación política y al descontento  ciudadano.

La convocatoria a las elecciones se presenta en un momento en el cual muchos ciudadanos esperan sopesar las propuestas ofrecidas por los candidatos, ante sus principales inquietudes. Pero un revelador porcentaje de votantes, pareciera se están inclinando hacia la abstención. El aumento de la ausencia a las urnas no solo significaría ahondar el debilitamiento de nuestra alicaída democracia, sino que también, aunque para algunos resulte paradójico, favorece a quienes encabezan las encuestas. Un alto abstencionismo beneficia a quien se encuentra más cerca del pretendido 40 por ciento. Las pasadas elecciones de alcaldes, mostraron las ventajas obtenidos por el partido con una estructura más sólida y una mayor organización, como resultado de la ausencia de votantes en las urnas electorales.

¡Los electores tienen en sus manos la decisión y deberán tener claro que con su abstención también están eligiendo!¡Acudir a las mesas de votación es una manera de fortalecer nuestra democracia y de ejercitar el derecho ciudadano a escoger a los gobernantes!¡Las urnas nos dan la oportunidad de encauzar el malestar y nuestras aspiraciones ciudadanas!

FRIJOLEROS Y REPRESIÓN

En un notable e inexplicable desacierto, las autoridades gubernamentales ordenaron arremeter en contra de los productores de frijol apostados en una vía pública en el cantón de Pérez  Zeledón. En un operativo policial efectuado en horas de la madrugada, pudimos ver por medio de las imágenes televisivas la forma en la cual aquellos productores eran desalojados y aprehendidos, de manera violenta, cual si de delincuentes se tratara. En vez de atender a sus demandas y abrir un espacio de negociación, los obnubilados funcionarios ordenaron  reprimir a los agricultores.

La prensa nos informa hoy sobre las negociaciones finalmente abiertas y concluidas con un arreglo satisfactorio. Pero, surgen de inmediato las siguientes preguntas, ¿por qué no se actuó de esta manera antes de recurrir a la acción policial, si esto era algo solicitado por los campesinos desde el inicio de su protesta? ¿Por qué se tiende a reprimir las manifestaciones de la ciudadanía, en vez de prestar atención a sus demandas? ¿Quién propicia estas torpezas gubernamentales, sin considerar la suma de descrédito provocadas por ellas? ¿Tiene sentido agraviar a dignos productores de alimentos, a quienes se les ha dificultado la posibilidad de continuar aportando al desarrollo del país y obteniendo el sustento de sus familias?

La exclusión del mercado de los productores familiares no se detiene. Estos son los hombres y mujeres, de carne y hueso, considerados sin ningún escrúpulo como los simples “perdedores” en la catalogada como la “nueva economía”.  Estas familias, pese a su verde actividad, no son cobijadas por la “marca país”, reservada para quienes pueden exportar, atraer inversiones o colocarse en una posición ventajosa, en el reinante modelo económico y en las políticas públicas en las cuales se sustenta este.

El medio rural de Costa Rica se ha transformado en forma paulatina desde la década de los años 80. La expansión de las actividades productivas destinadas al mercado exterior y la multiplicación de las actividades rurales no agrícolas, entre las cuales sobresale el turismo y otros servicios, predominan en el paisaje rural del país. Junto a este dinámico e incesante cambio productivo, se encuentran numerosas familias rurales con múltiples obstáculos para integrarse en el mercado, entre los que se destacan la ausencia de políticas y acciones institucionales efectivas, orientadas a dinamizar los territorios y los mercados locales y a modernizar las unidades productivas familiares. No se justifica, desde ningún punto de vista, el abandono de la producción nacional y de los servicios básicos  (investigación, apoyo técnico, financiamiento, formación empresarial), requeridos para revitalizar las actividades agrícolas y rurales no agrícolas, para las cuales estas familias cuentan con un significativo potencial.

El impulso del desarrollo rural territorial, como una política a la cual se debe dotar con los instrumentos necesarios para su eficaz aplicación, es uno de los mecanismos más apropiados para avanzar en esta dirección. Pero no entendiéndolo como una política marginal, sino como un elemento esencial para promover el desenvolvimiento de los rezagados territorios rurales.

En vez de reprimir a los agricultores y volverles las espaldas, agravando su situación de exclusión de los mercados y su exclusión social, introducir las rectificaciones en el modelo generador de estas situaciones y crear las condiciones para su integración en la economía, es el camino para retomar el rumbo incluyente de nuestro desarrollo.

UN ACUERDO POR LA DEMOCRACIA

El próximo 2 de octubre se llevará a cabo la convocatoria a las elecciones de 2014, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).  La antigua democracia costarricense, se apresta una vez más a cumplir con el ritual de seleccionar a sus autoridades políticas, en esta oportunidad con una modificación sustancial provocada por la reforma mediante la cual se separa la elección presidencial y legislativa de la correspondiente a los mandos de los gobiernos locales.

En este momento, de indiscutible relevancia en la vida política de la nación, se convoca a la ciudadanía a expresar su preferencia ante un amplio menú de opciones ideológicas y programáticas, así como de aspirantes con una participación en clara respuesta a sus intereses puramente individuales, compuesto por cerca de una docena de postulantes a ocupar la silla presidencial y una generosa cantidad de pretendientes a las curules legislativas, cuyas detalladas hojas de vida serán dadas a conocer, con suficiente antelación a la ocasión en la cual se emite el voto, por el TSE.

El acentuado fraccionamiento, de manera paulatina instaurado en el sistema político costarricense, como resultado, entre otras cosas, del sentimiento de ausencia de representación en las tradicionales maquinarias electorales, así como de la posibilidad de aspirar, en forma simultánea, al cargo presidencial y de encabezar la lista de los candidatos a las diputaciones, genera una multiplicación de opciones partidarias con diversas oportunidades de alcanzar un triunfo electoral o de conseguir la posición anhelada en el congreso nacional.

Por la dispersión partidaria, aunque se produzca algún nivel de concentración de los votos en cualesquiera de las alternativas con mayor capacidad organizativa y de movilización de los electores, así como de acceso a mayores recursos para estos fines y la divulgación de sus imágenes y propuestas, será muy difícil se produzca el regreso al, por varios añorado, sistema bipartidista. No sería descabellado vislumbrar un parlamento integrado por tres fracciones con un número mayor de diputados, sin alcanzar la simple mayoría, unidas a otras fracciones con unos cuantos legisladores, indispensables para sumar los votos necesarios con la intención de aprobar las iniciativas originadas en la propia Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo.

Con independencia de esta situación, así como teniendo presente la imposibilidad de avizorar a estas alturas una posible tendencia en el comportamiento de los electores, no cabe duda sobre la urgente necesidad  vivida por el país en el sentido de alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas, sin exclusiones de ninguna naturaleza, para establecer una agenda nacional y tratar de resolver los principales desafíos,  desdeñados por diversas circunstancias, entre ellas la ausencia de viabilidad política para su concreción.

El creciente malestar ciudadano y cierto desencanto con la política, o con los políticos y los partidos, se ven reforzados por la ausencia de respuestas ante sus demandas y preocupaciones. Las protestas y manifestaciones, ocurridas un día sí y otro también, parecieran encontrar en una suerte de divorcio entre las inquietudes de la ciudadanía y el funcionamiento del sistema político el origen de su proliferación. La pérdida de confianza en algunas de las instituciones esenciales en la democracia costarricense y su ineludible recuperación, pasan por la negociación política y el diálogo social.

Colocar la construcción de la agenda en un lugar prioritario y alcanzar los consensos requeridos para retomar el rumbo y poner el bienestar de la población y la búsqueda de la inclusión social como el norte del desenvolvimiento de la sociedad, exigen de un acuerdo democrático. Un compromiso de esta naturaleza, contraído por todas las fuerzas políticas con antelación a la culminación del torneo electoral, con independencia de la tónica que se quiera imprimir al proceso eleccionario por parte de cada una de ellas, puede ser una manera de atender a las críticas de la ciudadanía y una forma de propiciar su acercamiento a las urnas electorales.

¡Nuestra secular democracia vale la pena y su revitalización debe ser colocada en el centro de las preocupaciones de las agrupaciones políticas, los diversos actores económicos y sociales, el Estado y la ciudadanía!

VOTAR O NO VOTAR: UN DILEMA DEMOCRÁTICO

No se ha completado aún el rompecabezas con el cual dará inicio la carrera por alcanzar la silla presidencial y las apetecidas curules de nuestro parlamento. Algunas piezas provendrán de las primarias en marcha, de una posible coalición y de las propuestas, más o menos sorpresivas, originadas en algunos de los partidos en búsqueda de su aspirante. Hasta el momento, con la suposición de algún cambio, hacia arriba o hacia abajo, conforme se completa el cuadro y se desenvuelve el torneo electoral, la tendencia al abstencionismo resulta muy significativa.

La competencia no ha logrado despertar el entusiasmo de los electores, la descomunal desaprobación de la ciudadanía a la actual gestión gubernamental, la imparable pérdida de la confianza en las instituciones y el reinante malestar ciudadano, generan un hondo desencanto difícil de revertir empleando para ello tan solo el manido marketing político. Esta ha sido la tradicional manera de forjar candidaturas y de obtener triunfos electorales, cuyos resultados llevan al desengaño al quedar al descubierto  el contenido oculto por la atractiva envoltura.

El quiebre de la tradición familiar de votar siempre por la misma agrupación, la actividad partidaria centrada, casi de manera exclusiva en sus maquinarias electorales, aceitadas y extendidas al acercarse el período electoral, así como la búsqueda de diversas formas de expresión y movilización ciudadana desligada de las agrupaciones políticas, como ha ocurrido en las más destacados acciones populares o en las peculiares protesta sociales acaecidas en el país en los tiempos recientes, originan  un desafío de singulares proporciones a quienes buscan atraer votantes a sus tiendas partidarias.

A estos fenómenos se suman los frecuentes casos de corrupción, puestos al descubierto sobre todo por los medios de comunicación, en los cuales se involucran personajes de la vida política nacional o ligados a proyectos e iniciativas promovidas desde diversas instancias del aparato estatal. El repudio generado por estos escándalos públicos, tienen una no despreciable influencia en la posición reservada o abiertamente crítica de la población en relación con los políticos o la vida política partidaria, con frecuencia generalizada, sin efectuar las distinciones  con quienes se apartan de las formas de comportamiento censurables o deleznables.

Las situaciones coyunturales, colocadas en el diario vivir de los costarricenses, generando enfado, mofa e incertidumbre, podría ser algo pasajero de no ser su estrecha vinculación con una realidad más profunda y con un efecto más generalizado en los sistemas representativos. Como lo apunta Xavier Ruiz Collantes, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, “Dos de las consignas más populares del movimiento del 15 M en España, ponen el acento en esta cuestión: ‘lo llaman democracia y no lo es’, ‘no nos representan’ y ‘si votar sirviera de algo, ya lo habrían prohibido’. Más allá del uso en las manifestaciones y concentraciones contestatarias, estas consignas ponen de relieve una convicción que empieza a extenderse de forma cada vez más amplia”.

La enorme y creciente distancia entre la mayoría conformada por quienes consideran que se gobierna “para algunos sectores” y aquellos para los cuales se hace “Para la gente”, cuyos datos ofrece la última encuesta de UNIMER, recién publicada por el diario La Nación, no resulta diferente a lo acontecido en muy diversas sociedades democráticas. El incremento de las desigualdades se acompaña de un sentimiento de falta de respuestas a las demandas y aspiraciones de las mayorías. Esto se traduce en desapego hacia el sistema representativo y en reclamo hacia los gobernantes, cuyas diferencias ideológicas del pasado se dejaron a la vera del camino al abrazar una ruta común.

 Ante este panorama, han surgido y tomado fuerza algunas interrogantes, tales como las siguientes: ¿tiene sentido acudir a las urnas a depositar el voto? ¿Respaldaré de nuevo con mi decisión a quienes, según Stiglitz, gobiernan para el uno por ciento de la población? ¿En realidad me representarán a mí y a mis iguales a quienes con mi voto escoja para gobernar? ¿Existe la posibilidad de reorientar las políticas, echar abajo la opacidad y lograr la implantación de formas de gestión pública transparentes y en consulta con la ciudadanía? ¿Puede mi voto poner freno a la decadencia y a la colocación de los intereses particulares por encima del interés general de la nación?

 En una sociedad como la nuestra, con una prolongada trayectoria democrática, la respuesta a las preguntas tiende a ser positiva.  La mayoría de los costarricenses consideramos a la democracia, a pesar de los pesares, como la mejor forma de gobierno. Pero, no cabe duda de que los electores serán más exigentes en su selección, escudriñarán en detalle las propuestas y sus posibilidades reales de aplicación, distinguirán la fábula demagógica y oportunista y tendrán en cuenta las lecciones aprendidas, en el pasado reciente, a la hora de tomar su decisión.

 La comprensión sobre el alto costo del clientelismo para los grupos de más bajos ingresos, las propuestas de rectificación cierta en las prácticas políticas empleadas hasta hoy, la presentación de las medidas concretas por medio de las cuales se reanudará el camino del bienestar y la equidad, la decisión de retomar las función esenciales del alicaído sector público en el desarrollo del país, el papel de la ciudadanía y la apertura de espacios para el florecimiento de las alianzas público-privadas, serán algunas de las cuestiones  hacia las cuales volverán la mirada los votantes al decidir su asistencia a las urnas y su escogencia final.