LA AGENDA POLÍTICA

LA AGENDA POLÍTICA

En la vida social de una nación las relaciones de poder encuentran en el establecimiento de la agenda política, el elemento esencial en el cual se expresan las correlaciones existentes entre los diversos actores en pugna en el escenario político. La agenda política se refiere a aquellos temas colocados en el debate nacional, alrededor del cual giran los procesos de toma de decisiones, entre ellos y de manera preferente en el ámbito parlamentario, extendiéndose su discusión por los diversos espacios en los que se manifiesta la actividad política, entre estos las omnipresentes  redes sociales con sus virtudes y sus vicios.

Manuel Castells, en su libro “Comunicación y poder” (Alianza Editorial, 2010), elabora un definición sobre el poder que, recoge la herencia weberiana y, desde mi punto de vista, con una clara relación con la relevancia revestida por la colocación de la agenda política. Para el autor, “El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. El poder se ejerce mediante la coacción  (o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales guían sus acciones.”

La instauración de la agenda es un mecanismo idóneo para influir en las acciones y decisiones de los diversos actores sociales y políticos. La posibilidad de colocar los temas no siempre está en las manos de quienes ejercen el poder formal. Con mucha frecuencia la agenda es establecida por poderes fácticos, entre los que sobresalen los actores cuyos intereses son representados por los medios de comunicación o por otros actores asentados en la sociedad civil. En otros casos, cuando la correlación de fuerzas no favorece a los depositarios del poder ejecutivo, es la oposición política la que termina imponiendo la agenda, ya sea desde una sola agrupación política o desde una alianza de fuerzas cuyo proyecto se podría mover en un sentido contrario al respaldado, en forma mayoritaria, por medio de las urnas electorales.

Colocar la agenda política es un hecho de especial importancia para los gobiernos,  pues es la manera de darle concreción al proyecto político, esbozado de manera implícita o, como sería lo deseable, de manera explícita, por la relevancia de los discursos  para darle significado a la acción de los actores. Esto no siempre sucede así, sobre todo, cuando las propuestas programáticos de los partidos políticos no son siempre visibles, ni constituyen una guía para sus actuaciones.

Tratando de hacer un ejercicio simple de política comparada encontramos, en otras realidades, situaciones en las cuales la correlación de fuerzas políticas construidas en su momento y el liderazgo ejercido por quienes ocupan las posiciones del poder formal, logran posicionar los temas alrededor del que gira el debate y la toma de decisiones políticas en esa sociedad. Nos referimos al caso de Chile, en donde, desde la campaña electoral la Nueva Mayoría y la presidente Bachelet, colocaron tres temas esenciales en la agenda política de este país: a) La nueva constitución; b) La reforma fiscal; y, c) La reforma educativa. Alrededor de esas propuestas, de los proyectos derivados de ellos y de algunos otros, tales como el tema del aborto, colocados por la propia alianza gubernamental, han girado los debates políticos y las principales decisiones parlamentarias, tomadas en los meses transcurridos desde el momento en que asume su segundo mandato la presidente Bachelet.

En el caso costarricense, si bien le fue posible al gobierno establecer un acuerdo legislativo mediante el cual conquistó el directorio de la Asamblea Legislativa, no ha conseguido un acuerdo programático más duradero, mediante el cual pueda poner un conjunto de temas concretos en la agenda nacional. Es importante, en este sentido, resaltar que no nos referimos aquí a aquella agenda legislativa definida por el Poder Ejecutivo cuando le corresponde hacerlo, ni a los contenidos de un documento predominantemente de carácter técnico, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo, sino a temas de tal envergadura que susciten el debate nacional y conciten la movilización de intereses diversos, a favor y en contra, hasta traducirse en decisiones sustanciales para enfrentar los grandes desafíos del país. Es la colocación de estos temas en la agenda nacional la forma mediante la cual se marca el rumbo que se quiere dar a la sociedad en este momento crucial en su desarrollo.

¿Seguirán siendo los medios de comunicación los actores con un papel preponderante en la elaboración de la agenda política nacional?¿Continuarán los escándalos públicos de diversa índole, significativos distractores de los temas relevantes para el país, ocupando el lugar preferente asignado en el accionar político y en la atención de la ciudadanía?¿Se impondrá la oposición política la encargada de poner los temas de su interés en la palestra pública y en el espacio de la toma de decisiones?¿Tendrá el gobierno la capacidad de lograr los acuerdos políticos mediante los cuales le se factible impulsar aquellos temas considerados sustanciales para marcar las rutas del desarrollo del país?

TUFOS CONSERVADORES…

Unas interesantes y pertinentes declaraciones de Fernando Ferraro, aspirante a ocupar la Secretaría General del Partido Liberación Nacional (PLN), publica el día de hoy el periódico  La República (LR, 27 de diciembre de 2014, Pp. 10-11). “El PLN se impregnó de un tufo conservador, absolutamente contrario a la razón de ser y a la trayectoria del partido”, afirma con certeza el ex ministro de justicia. Tufo, agregaríamos nosotros, emanado por las posiciones políticas de ese signo adoptadas desde los diversos puestos de poder ocupados por el otrora partido socialdemócrata costarricense.

Tratando de ensayar un intento de política comparada, en países como España es el PSOE, con todas las críticas recibidas por las medidas adoptadas para enfrentar la crisis económica en ese país, el que ha impulsado las principales decisiones en el campo de los derechos de ciudadanía (entre ellos el matrimonio igualitario), enfrentando una ruda oposición de los grupos conservadores de la derecha española, encabezados por el PP. En Costa Rica, el PLN se alía con los grupos más conservadores o encabeza las posiciones más conservadoras opuestas a cualquier ampliación de los derechos, entre ellos las de garantías laborales.

En este momento,  esas alianzas se cuajan en el ámbito parlamentario. Pero, en el cuatrienio pasado, el tufo provenía sobretodo de Zapote, sitio en el cual encontraron eco y se tradujeron en decisiones políticas las posiciones más conservadoras persistentes en esta sociedad. El alejamiento del Estado laico, en medio de una confusión entre creencias individuales y el ejercicio de la función pública, cobijó gran parte de las posturas adoptadas a contrapelo de los pensamientos progresistas que se abren paso en una nación en busca de caminos para reemprender su desarrollo.

Si bien es claro el abandono de las posiciones avanzadas en el campo de los derechos de ciudadanía, lo es también en el de las políticas económicas y sociales. La ausencia de políticas industriales y, en general, la descuido de la producción nacional destinada a atender las demandas locales, actividades con un papel primordial en la generación de empleo, así como el paulatino deterioro de servicios públicos de carácter universal, sustituidos por el gasto social focalizado, contribuyen, de manera terminante, al crecimiento de las desigualdades y a la pérdida de la cohesión social presentes en la Costa Rica contemporánea.

La suma de estas posiciones con los extendidos casos de corrupción ocasionados por la mezcla de gestión pública y negocios particulares, con una evidente colocación de los intereses individuales por encima del interés colectivo, condujo al PLN a su peor derrota electoral, colocando su perentoria renovación en un lugar prioritario de su agenda política.

8vo Foro Mesa redonda "Retos del CCA"

EL ESTADO: ASIENTO DE TODOS LOS MALES...

http://david-davidovich.blogspot.com/2011/11/el-estado-minimo-nozick.html

¡Cómo olvidar los traumáticos ajustes estructurales de los años ochenta y noventa, aplicados  en la mayoría de nuestros países con el pregonado propósito de romper con el proteccionismo, reducir el tamaño y las funciones del Estado e introducir un nuevo patrón de acumulación!

Estas  medidas, nunca del todo ausentes, regresan de manera inevitable a nuestra memoria al mirar las políticas de austeridad que, como un fantasma, recorren  hoy Europa y otras naciones. En la nuestra se asoman, en forma recurrente, con frecuencia animadas por los ejemplos tomados de esas otras realidades o de los persistentes pensamientos de los actores en los cuales se sustenta el proyecto mercado-céntrico.

Los impactos de las profundas reformas del Estado, aplicadas en el marco del ajuste, tenían el propósito de “encoger” el Estado, según lo calificó Oszlack. Segmentos enteros de éste fueron trasladados al sector privado -medidas con las cuales se crean o se multiplican cuantiosos capitales-, algunas funciones estatales se trasladan a los gobiernos sub-nacionales y varias dependencias se mantienen, pero cumpliendo sus funciones en franco deterioro, producto de las agresivas políticas de movilidad laboral y de las drásticas reducciones en el gasto público, adoptadas con el anunciado objetivo de alcanzar el equilibrio macroeconómico. Reforma del Estado, en ese período, es sinónimo de achicamiento de su tamaño y disminución de sus funciones: el objetivo es implantar el soñado Estado mínimo.

Los cambios se efectúan en medio de un clima político-ideológico y de generación de opiniones, con un acusado papel de los medios de comunicación, en el cual el Estado se coloca como el asiento de todos los males vividos por la sociedad. La eliminación de la sociedad Estado-céntrica, con sus virtudes y sus defectos, y la transición a la sociedad mercado-céntrica, proclamada como el inevitable e ideal futuro, se produce, de manera más o menos radical, aquí y allá: era la época del pensamiento y el modelo únicos.

En la actualidad, varias naciones tratan de recuperar algunas de las funciones reguladoras, distributivas y de garante de los derechos de ciudadanía por parte del Estado, sin pretender la vuelta al estadocentrismo del pasado, sino creando, más bien,  las condiciones requeridas para avanzar hacia una sociedad ciudadano-céntrica, en cuyo avance se revitaliza el Estado y el mercado cumple con un destacado papel, pero se coloca a la ciudadanía en el centro del proceso de desarrollo.

Lo ocurrido en Costa Rica durante este período, presenta características diferentes, en algunos aspectos, en relación con la situación de otros países. Si bien los aires aperturistas soplan fuerte por estos lares y el pensamiento y las políticas de este tipo se enraizaron en esta sociedad, es importante hacer, en algún momento, un análisis comparativo sobre la profundización alcanzada por las reformas económicas y políticas en diversas sociedades latinoamericanas.

En los países centroamericanos, y en la mayor parte de los sudamericanos, por ejemplo, les resulta incomprensible la conservación en Costa Rica de una suerte de propiedad mixta de las empresas en sectores privatizados en aquellas otras naciones con la primera generación de reformas del Estado: banca, telefonía, producción y distribución eléctrica, seguros, pensiones…en nuestro caso, se mantienen las inversiones públicas en esos sectores y ¡hasta la producción de aguardiente continúa en manos del Estado!.

En las otras naciones predominó la privatización indiscriminada por la vía de la venta de empresas estatales -en muchas ocasiones a precios ridículos-, o el traslado de funciones públicas al sector privado. La subordinación de lo público por el mercado alcanzó, en estos casos, ribetes dramáticos. En Costa Rica, la vía adoptada fue la de la apertura: se abrió la competencia entre las empresas públicas y las privadas, posiblemente para algunos con la oculta esperanza de que las dadas por seguras ineficiencias estatales y las supuestas superiores condiciones de las empresas transnacionales conducirían, a cierto plazo, a la salida de las primeras del mercado.

Estas disimilitudes, fáciles de distinguir sin pasar de la superficie de estos procesos, encuentran en la porfía asumida en distintos momentos por la ciudadanía, un ineludible factor explicativo. La reiterada oposición a las reformas de este corte, su movilización e impedir que por medio de las urnas electorales los grupos anti estatales obtengan los sufragios suficientes para imponer sus proyectos, han sido situaciones esenciales en la definición del rumbo seguido por esta sociedad. Aunque los expertos siguen insistiendo en la “baja cultura política” del costarricense, algo deja en las mentes y la conciencia de un pueblo su secular vida democrática y por lo menos un desarrollado “olfato político” les acompaña en los senderos recorridos por su vida política.

La constatación de estas diferencias no menores en el camino aperturista seguido en las diferentes naciones, encuentra, eso sí, un elemento común en la arremetida contra los presupuestos públicos, la reducción drástica de las inversiones y el desmantelamiento o el deterioro de servicios esenciales prestados por el Estado.

El cierre o “cuasi cierre” de instituciones –recordamos hoy lo ocurrido con el Banco Anglo, INCOFER, el CNP y el IFAM, entre otras-, la movilidad laboral, el impedimento de sustituir al personal jubilado, el congelamiento de las plazas y los presupuestos, aplicados con algunas excepciones, condujeron a situaciones en las cuales un porcentaje muy elevado de los recursos recibidos por estas dependencias se dedicaran al pago de los salarios, con ausencia de financiamiento para cumplir eficazmente con los objetivos institucionales y ejecutar las tareas  correspondientes con la misión institucional. De igual manera, se redujeron, en forma sensible, las inversiones públicas, con los consecuentes rezagos en la infraestructura y sus negativas consecuencias para el desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad costarricense.

Bajo estas condiciones, se cumple la profecía: el Estado con insuficientes  recursos y con sus capacidades disminuidas, reduce también sus capacidades y le resulta muy difícil atender a las crecientes demandas originadas en la sociedad, muchas de ellas provenientes de los sectores desprotegidos al modificarse las políticas y deteriorarse el sistema institucional. Se le pide eficacia a un Estado al cual se le estrechan sus recursos y se le disminuyen sus facultades. ¡El Estado continúa siendo el asiento de todos los males!

El mayor deterioro se presenta en el ámbito del Gobierno Central, mientras por otro lado crece una maraña de instituciones, con altos niveles de autonomía, con  presupuestos y condiciones de contratación y remuneración dispares entre ellas y, en forma categórica, en relación a lo ocurrido en las dependencias centralizadas. Esa es la realidad actual de buena parte de las entidades y el conjunto del sector público en el país, con modalidades heterogéneas de empleo y con recursos desiguales para cumplir con su misión.

Las arremetidas anti estatales son habituales y hacen su aparición, con periodicidad amparadas en llamativos “apoyos” externos, en aquellos momentos en los cuales se dictamina la existencia de un decretado por alguien “inmanejable déficit fiscal”. Surge de nuevo la reiterada y desacertada ficción según la cual la nación es como una familia y no puede gastar más del monto total de sus ingresos. En primer lugar, desde luego, habría de preguntarse de qué clase de familia estamos hablando, pues un buen número de ellas no logra obtener los ingresos necesarios para la subsistencia de sus miembros. ¿Será con una de estas numerosas familias con las cuales hacemos la comparación?

En segundo lugar la descabellada analogía deja de lado la capacidad con la que cuenta el Estado para generar ingresos adicionales con el propósito de atender las demandas de diversa índole surgidas en la sociedad, mediante la aplicación de las potestades fiscales con las cuales cuenta o del manejo de las medidas e instrumentos por medio de las cuales se reduzcan las colosales evasiones proclamadas por las propias autoridades gubernamentales. No es lo más eficaz, ni sensato, tratar de racionalizar el gasto y las inversiones públicas aplicando recortes generales, sin responder a determinadas prioridades u objetivos estratégicos originados en un explícito proyecto político al cual se adhiera la mayoría de la ciudadanía.

Mucho más sencillo les resulta, aunque evidentemente también más incoherente, recortar el gasto público o embestir contra las rentas medias, medidas con las cuales se gana el favor de los medios, el reconocimiento de las visiones cortoplacistas y el aplauso de aquellos intereses que encuentran, en estas decisiones, una forma de retraer cualquier intento de reforma fiscal con la cual quién quita  y se afecten a las rentas altas.

En el centro de la discusión política en el país sigue estando, aunque sea de manera soterrada, la puja por el modelo de desarrollo con el cual emprenderá la sociedad costarricense el camino al futuro.  Algunos personajes, a los cuales la ciudadanía costarricenses de manera reiterada les ha dicho no a sus pretensiones de gobernar el país, por sus propuestas radicales de austeridad y de claro corte anti estatal, encuentran espacios para promover, a contrapelo de lo decidido cuando corresponde por la ciudadanía, un nuevo e indiscriminado ataque a los presupuestos públicos, con todas las consecuencias que esto a la larga traerá en el menoscabado bienestar de la población, en el funcionamiento del maltrecho Estado costarricense y en el accionar de las instituciones democráticas.

DURANTE LOS RESTANTES 1360 DÍAS, ¿QUÉ?...

En medio de una gran expectación, los costarricenses escuchamos el anunciado informe sobre los primeros 100 días de la actual gestión gubernamental. El acto político reunió a muy diversos sectores, convocados a formar parte del esperanzador acontecimiento, sin precedentes en la vida política del país. Buena parte de los espectadores contemplamos el solemne escenario y seguimos con atención las palabras del mandatario, esperando encontrar en su mensaje las principales acciones emprendidas durante el corto tiempo en el cargo para el cual lo elegimos los costarricenses y, sobre todo, el señalamiento de los lineamientos con los cuales tratará de marcar el rumbo del país durante su administración. Ese momento sellaría el paso del exitoso candidato elegido con el beneplácito de una lujosa mayoría, al estadista capaz de conducir la nación en el esfuerzo por superar los grandes desafíos enfrentados para retomar el derrotero del crecimiento económico, la equidad y la inclusión social, tal y como lo propuso a lo largo del torneo electoral.

Señalar el camino a seguir en el período durante el cual se gobernará y compartir los focos estratégicos hacia los cuales apunta su gestión, es un hecho de un indiscutible carácter político, imposible de equiparar con un evento técnico o de traspasar a un plan de desarrollo.  Comunicar con claridad las grandes metas gubernamentales, puede ser el mecanismo más apropiado para invitar a la ciudadanía, sin exclusiones de ningún tipo, a incorporarse a su consecución, desde la posición en la cual se encuentre cada uno. Para la aceptación de este convite, resulta indispensable salvaguardar la disposición a darle a cualesquiera de las frecuentes comparecencias presidenciales o a las críticas observaciones opositoras, el carácter de actos políticos de altura, episodios Políticos, así con P mayúscula, como anhelaba Rodrigo Facio fuera la vida universitaria, alejada de las “bajezas” y las “invectivas” reinantes hasta ahora en la vida política del país, para hacer florecer el ambiente positivo requerido en el avance por una nueva senda.

El esclarecimiento del camino a seguir es esencial  para comprender la naturaleza del pregonado cambio, con insistencia presente en el discurso electoral y ahora presidencial, sin ahondar aún en su contenido y sus alcances. ¿Se trata, como lo afirman algunos, de un cambio en el modelo de desenvolvimiento económico? ¿Consiste este en colocar en un lugar destacado en la agenda gubernamental el estímulo a la producción nacional, como una forma de generar empleo y de distribuir los beneficios del crecimiento económico?¿Continuará ocupando en el conjunto de sus propuestas un lugar preferente la diversificación y el estímulo a las exportaciones y la atracción de inversiones?¿Conduce este cambio a restaurar el equilibrio entre el Estado y el mercado, tiempo después de instaurada la sociedad mercadocéntrica?¿Se limita el cambio a tratar de poner en práctica una “nueva forma de gobernar”, transparente y blindada ante la corrupción?¿Se busca, como parte del cambio, revitalizar el Estado, luego de satanizarlo, colocándole como el asiento de todos los males?¿El camino es el de la machacada austeridad, con sus nocivas consecuencias en el crecimiento de la economía y el empleo o la multiplicación de las inversiones y el estímulo a las alianzas público-privadas para reactivar el desarrollo?¿Forma parte de esta mutación la arremetida contra las rentas medias, impulsadas por los ministerios de Hacienda y Trabajo, dejando de lado a las rentas más elevadas?¿Cuál es el cambio al que se nos invita a sumarnos a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta nación?

Resulta difícil concebir la persistencia de aquel viejo pensamiento, según el cual “entre peor, mejor”. Entre peor le vaya al presidente y a su administración, mejor para mis intereses políticos o mayores réditos para mis aspiraciones particulares. Así como también resulta equivocado aquel remoto cálculo político de tratar de destruir al adversario, sin reparar en el medio, para luego convocarlo a dialogar o negociar.

En la cultura política costarricense no han ocupado un lugar preponderante ni el diálogo social ni la negociación política abierta, entre fuerzas antagónicas. En las condiciones actuales del sistema político costarricense, fraccionado en múltiples intereses y corrientes políticas e ideológicas, resulta ineludible la búsqueda de acuerdos, aunque solo sea para la elaboración de una agenda compartida por quienes estén dispuestos a lograr consensos, sin renunciar a los disensos, por una democracia y un país merecedor de los mejores arrestos de su ciudadanía.

Rescatar del discurso presidencial su llamado a un diálogo con los partidos políticos, en cuanto exista buena voluntad en todas las partes, puede traducirse en un provechoso fruto de una novedosa comparecencia y un controvertido mensaje, a cien días del inicio de este nuevo período en la vida política nacional. Colocar en la agenda de este diálogo el llamado, surgido de la oposición, a convocar a un proceso de concertación, reafirmaría el ánimo de unir las energías de la nación, en la búsqueda de un acuerdo por la democracia y el bienestar.

99 DÍAS...

¿Por qué 100 y no 99 o 101? El plazo podría resultar arbitrario en circunstancias tan distintas a aquellas en las cuales tuvo su origen, aunque así ha sido adoptado en muy diversas sociedades. Como sabemos, este período es una herencia histórica de la política estadounidense, proveniente de las medidas de corto plazo (medidas de choque), adoptadas por el Presidente Franklin D. Roosevelt en 1933 (primer New Deal), para enfrentar la Gran Depresión sufrida en aquel tiempo por los Estados Unidos. Su uso se generalizó por muy diversas sociedades democráticas, con el aliento de los medios, y se ha tomado como un momento relevante para la comunicación con la ciudadanía, después de concluido el acto electoral, en especial para compartir los avatares de la transición entre dos gobiernos de signos contrarios. En nuestro caso, del gobierno del primer partido ajeno al por muchos años reinante bipartidismo.  

Hace unos cuantos días, recibíamos las noticias del informe sobre sus primeros cien días de gobierno por parte de la presidente Bachelet, ¡algunos hasta se atrevieron a señalar porcentajes de cumplimiento de sus promesas de campaña! Alabada por diversos sectores, encuentra, por el contrario, en varios de sus críticos y en la maltrecha oposición, calificaciones de intrascendentes  o de poco calado a las medidas tomadas en ese corto período.

 La valoración sobre los primeros 100 días de gestión adquiere importancia como un hecho mediático, en el cual las nuevas autoridades gubernamentales ejecutan un acto de comunicación política, destinado a intercambiar con la ciudadanía sobre el estado en el cual encuentran el país y las decisiones de corto plazo tomadas desde el inicio de su administración. Pero, sobre todo, para compartir  las disposiciones políticas con las cuales se marcará el rumbo de su cometido, las decisiones sustanciales a adoptar durante el trecho restante a su recién iniciado mandato gubernamental.

Nadie, en su sano juicio, esperará que en 100 días se hayan resuelto los grandes desafíos enfrentados por el país, pero si se espera una clara manifestación en relación con las anunciadas “formas diferentes de hacer gobierno”, las pautas seguidas para concretar el cambio anhelado por muchos y la clara dirección de sus acciones futuras. Este es una demanda ciudadana de gran relevancia y un elemento trascendente para vigorizar el liderazgo y generar confianza entre quienes mantiene su distancia con los gobernantes, con independencia de las tonalidades preponderantes en el ejercicio del poder.

Concentrarse en un número de mediadas estratégicas para alcanzar los grandes objetivos de su gestión, sin abrir en demasía el abanico de sus iniciativas, puede resultar una manera apropiada de comunicar sus intenciones y de tratar de ganar respaldo en un medio receloso y severo con los políticos, aunque en esta oportunidad prevalezca entre buena parte de ellos “el beneficio de la duda”.  

Lograr una correcta comunicación sobre el sentido de la gestión, será fundamental para amortiguar las esperadas críticas, de diferente matiz, cuyo origen, de modo indefectible, serán las dispersas tiendas opositoras, ninguna de ellas dispuestas a sacrificar su actual o potencial caudal político, de percibirse siendo partícipes o condescendientes con el actual gobierno. Pareciera que, en la cultura política predominante en el país, coincidir o reconocer logros al adversario político no es una práctica común. Así como el diálogo y la negociación política encuentran pocos resquicios para generar acuerdos y construir decisiones, a partir de pensamientos y enfoques plurales.

Los medio de comunicación, por su parte, colocados en posiciones no siempre concordantes entre ellos, jugarán su papel y harán su diligente tarea de búsqueda de los flancos débiles y de interpelación, en consonancia con su entendimiento sobre el sentir ciudadano, a quienes les corresponde rendir sus primeras cuentas.  

El momento de los 100 días, considerados por algunos como un período poco trascendental o como un indicador convencional, puede ser entendido como un acontecimiento apreciable, en una sociedad necesitada de encontrar el rumbo y de contar con los liderazgos capaces de cohesionar a una ciudadanía inconforme y aún con la esperanza de que sea posible volver la hoja.

La comunicación política será la invitada de honor en este acto cuya mayor o menor trascendencia dependerá de los actores políticos encargados de su ejecución…

CAMBIO, ¿QUÉ CAMBIO?

Los votantes costarricenses se inclinaron, en forma contundente, por un cambio. Sin embargo, revisando las expresiones y publicaciones efectuadas por el heterogéneo grupo de electores cuyos sufragios favorecieron a Luis Guillermo Solís, la aspiración de cambio, como resulta comprensible, es entendida de muy diversas maneras.

http://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/03/30/

Para muchos de ellos, el cambio significaba evitar el continuismo, impedir a toda costa un nuevo gobierno del PLN. Un buen  sector de estos votantes estaría conforme con solo la presencia en los cargos gubernamentales de integrantes provenientes de otras tiendas y con poner un freno drástico a la corrupción.

 Para otros, las expectativas van bastante más allá, pues esperan una mayor eficiencia en la acción estatal, un gobierno con liderazgo, promoviendo el disfrute de los derechos humanos, sin exclusiones de ninguna naturaleza, actuando con  mayor transparencia y aplicando algunas rectificaciones en la orientación de las políticas públicas.

Por último, se puede distinguir a otro sector, no se sabe con cuanto nervio político y con cuanta expresión en el resultado electoral,  para el cual el cambio significa propiciar una reorientación en  el modelo de desarrollo instaurado en el país en la década de los años 80, aunque podrían aceptar la aplicación gradual de una serie de medidas orientadas en la dirección de superar el modelo en franco proceso de agotamiento.

Con un presidente cauto, maduro y negociador, como ha mostrado ser hasta el presente el presidente electo, es posible que tengamos un poco de cada cosa, en un marco de mutación paulatina, sin movimientos bruscos, teniendo presente la necesaria estabilidad en un momento en el cual el medio externo no resulta muy favorable y las evidentes vulnerabilidades, ocasionadas por el modelo de apertura económica, condicionan las aspiraciones, avances y profundidad de los cambios. La gran interrogante, en este sentido, es hasta dónde las copiosas expectativas de cambio le darán la oportunidad de mostrar, con hechos, su determinación de cambio.

En un contexto político complejo el calado de los cambios está limitado por las correlaciones de fuerzas existentes, en primer lugar, en el espacio parlamentario,  ámbito en el cual la multiplicidad de partidos representados y la diversidad de posiciones ideológicas existentes, colocan en un lugar preponderante a la negociación política. Pero, más allá de esto, existen condicionamientos y oportunidades de cambio originadas en el terreno de la sociedad civil, en el cual se mueven las organizaciones y movimientos sociales y tienen su asiento algunos de los significativos poderes fácticos, con un papel categórico en la orientación de las decisiones y las políticas adoptados en los planos públicos.

Desde hace bastante tiempo las ciencias sociales han dado cuenta de la existencia de grupos o sectores sociales sobre representados en las esferas de poder del Estado. ¡La modificación de estas asimetrías no se consigue de la noche a la mañana!

Con independencia de la presencia de estos procesos, no cabe duda en cuanto al acaecimiento de una modificación no menor en la vida política del país. Al observar la integración actual de la Asamblea Legislativa, la posición asumida por un académico, con un claro pensamiento crítico, en la presidencia del congreso, las alianzas establecidas para integrar el directorio del primer poder de la república, así como la emergencia de una nueva generación de políticos, con formas diferentes de actuación  y el llamado al diálogo y la búsqueda de acuerdos, parece evidente la aserción de un cambio.

Las expectaciones se mantendrán y la orientación y hondura de las transformaciones se irán despejando y se concretarán conforme avance el proceso político emprendido.