¿ES SUFICIENTE CON LAS EXPORTACIONES Y EL LIBRE COMERCIO?

Una controversia de larga data polariza a la sociedad costarricense. Las frecuentes discrepancias entre diferentes grupos o actores, algunas de considerable intensidad, son la expresión de una confrontación centrada en torno a las consecuencias del rumbo adoptado por el país desde hace un poco más de dos decenios. El conflicto es un elemento inherente al funcionamiento de la sociedad, motivo por el cual la presencia en sus diversas dimensiones no puede entenderse como una anormalidad. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo básico en relación con las líneas generales de la ruta a seguir para alcanzar el desarrollo -y con una visión compartida en cuanto a los que entendemos por desarrollo-, es un elemento generador de inestabilidad y de una disputa constante cuyas secuelas son impredecibles.

El mejor ejemplo en torno a este concierto básico es el de la propia Costa Rica del período 1950-1980. El modelo de desarrollo incluyente, generador de crecimiento económico, bienestar, cohesión y movilidad social, fue aceptado por tirios y troyanos. Esto, desde luego, no fue sinónimo de uniformidad o de una suerte de consenso absoluto. Las diferencias en relación con los equilibrios entre Estado y mercado o en cuanto a la extensión del sistema institucional y los mecanismos de redistribución del ingreso y de protección y bienestar social estuvieron siempre presentes y se plasmaron en tonalidades diferentes en el rumbo seguido por el país, en correspondencia con la orientación de quienes accedían a la conducción gubernamental o de quienes propugnaban por un cambio en la dirección conservada hasta entonces.

¿Por qué motivo se quiebra ese acuerdo básico? ¿En qué momento el disenso, deseable en la vida democrática, se convierte en el componente predominante en la actividad política de la nación? ¿Por qué resulta tan embarazoso alcanzar el consenso requerido para tomar las decisiones y definir los caminos a seguir?

Muchas de las respuestas a estas interrogantes se encuentran en el fundamento mismo del modelo de acumulación implantado en este período. La energía puesta, casi de manera exclusiva, en la apertura y liberalización de la economía, con una evidente desatención de los sectores sin una vinculación directa a la actividad exportadora, la atracción de inversiones o algunas áreas dinámicas integradas en la cresta del modelo, genera la exclusión de amplios grupos de la sociedad. Bien predecían los promotores de la apertura que con esta surgirían grupos ganadores y grupos perdedores; aunque no se referían al reducido número de los primeros y a lo extenso de los segundos.

El ensanchamiento de las desigualdades y el generalizado sentimiento de ausencia de respuestas a las demandas y aspiraciones de amplios sectores de la población, unido a una manifiesta extensión de la corrupción y los escándalos públicos, muchos de ellos ligados a una expansión de los “negocios” por todas las esferas de la sociedad, al amparo del libre comercio y a la ausencia de controles eficaces, provocan la propagación del malestar ciudadano, la pérdida de confianza en las instituciones y el inconveniente repudio a la vida política.

El clima enrarecido y la permanente crispación reinante en el escenario político costarricense, aprovechada en algunos casos por quienes consideran o juegan a “cuanto peor, mejor”, alentado por el casi inexistente diálogo social y las formas de gestión carentes de consulta y participación de la ciudadanía, son el corolario de la aplicación de un modelo excluyente cuyos beneficios no se distribuyen con equidad. Es clara, al cabo de varios años, la necesidad de introducir rectificaciones.

No basta con abrir mercados, ampliar las exportaciones y liberalizar la economía, condiciones necesarias para acometer el crecimiento económico en el integrado mundo contemporáneo; pero insuficientes para promover el desarrollo, generar el bienestar y la cohesión social. Revitalizar el papel del Estado, fortalecer la producción nacional y los mercados locales, así como reforzar los mecanismos de protección social y redistribución del ingreso,  son aspectos básicos para retomar la senda de la inclusión social.

La coyuntura electoral, en pleno desenvolvimiento, es un momento oportuno para reflexionar sobre estas preocupaciones compartidas por diversos grupos de la ciudadanía costarricense.