Durante largos años Costa Rica mantuvo un sistema integrado
por dos partidos políticos, con un caudal de votos suficiente para alternarse
en la conducción del país. Los acuerdos establecidos entre las agrupaciones
integrantes del bipartidismo, salvo muy contadas excepciones, excluían a los
restantes partidos con alguna representación en el parlamento y en los
gobiernos locales. Esto se empieza a
modificar, de manera paulatina, con el surgimiento del sistema multipartidista
prevaleciente hasta el día de hoy.
En las condiciones actuales, la negociación política se
torna más complicada y las alianzas adquieren un carácter marcadamente
coyuntural. La multiplicidad de actores participantes en el escenario político,
extienden la dispersión política y vuelven imperativo negociar para alcanzar
cada objetivo propuesto. Características notables de estas negociaciones son su
lejanía en relación con las coincidencias ideológicas o programáticas y su acusado sustento en un pragmatismo con
frecuencia cercano al oportunismo.
Sin embargo, el creciente fraccionamiento sufrido por el
sistema político pareciera relacionarse, de forma muy directa, con el
alejamiento enfrentado por los partidos en cuanto a las diversas necesidades y
demandas de la población costarricense. En el sistema de partidos predominan
las agrupaciones tipo “catch all”, con una composición multi clasista y con una
oferta electoral amplia y con la pretensión de responder a intereses muy
variados.
Esto funciona bien mientras el sistema institucional y el bienestar
social cobija a la mayor parte de las familias. La existencia de un proyecto
político incluyente refuerza la credibilidad de las instituciones y la
confianza de la ciudadanía en ellas. En el momento en el cual se modifica esto, crecen las desigualdades sociales y grupos
importantes de la sociedad perciben un distanciamiento entre las políticas y
proyectos partidarios y sus demandas, cambian las posiciones en relación con
los partidos políticos tradicionales.
El resultado es la conformación de organizaciones políticas
creadas en respuesta a los intereses específicos de los grupos sociales que no
se sienten representados en los proyectos de los cuales son portadores los
partidos existentes.
La ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana
en el accionar de los partidos, el encerramiento en los contornos limitados de
sus militancias y su acentuado funcionamiento como maquinarias electorales,
refuerza el sentimiento de exclusión de grupos o sectores en búsqueda de nuevas
opciones de representación. En este momento hay un total de 41 partidos
inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. De estos, a escala nacional
hay 9 partidos inscritos, 6 a escala provincial y 26 a escala cantonal. Otras agrupaciones nacionales, algunas de
ellas “temáticas” o “sectoriales”, van en camino de la inscripción.
Ante estas circunstancias es posible avizorar una mayor
dispersión política, cuyas consecuencias en la construcción de las agendas y de
los ineludibles acuerdos para lograr un funcionamiento eficaz de las principales instituciones
democráticas, serán la de una mayor complejidad y la colocación del diálogo y
la negociación como aspectos medulares en la vida política de la nación.
