La presentación
de las propuestas elaboradas por un distinguido grupo de ciudadanos, convocados
por la Presidenta de la República con el propósito de entrgar al país una
serie de recomendaciones “para avanzar hacia mayores niveles de funcionalidad y
calidad de nuestra democracia”, ha llamado la atención y estimulado un
significativo debate entre diversos sectores de la sociedad costarricense. Solo
este hecho sería una ganancia para el país. La seriedad con la cual estos ciudadanos emitieron su
“criterio experto” y la colocación de su mirada y puntos de vista en temas
cruciales de la institucionalidad
política, nos permiten contar con propuestas rigurosas y con un material
orientador para elaborar una agenda nacional e impulsar el diálogo y la
negociación política requerida para convertirlas en decisiones para agilizar el funcionamiento del Estado y
sus vinculaciones con la sociedad civil.
Considero,
por lo tanto, de que no se trata únicamente de manifestarse a favor o en contra
de una o de todas las recomendaciones sometidas al conocimiento de la
ciudadanía, aspecto relevante en la vida
democrática de la nación. Tratándose de temas tan sensible, ni siquiera el
grupo de expertos logró alcanzar el consenso en el contenido de la totalidad de
las propuestas. Es claro, eso sí, que estas apuntan a enfrentar una serie de
temas considerados esenciales para tratar de mejorar la institucionalidad del
país, sobre los cuales han existido preocupaciones, intercambios y debates. Las
relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y de estos con el
Poder Judicial, el funcionamiento de nuestro parlamento o las relaciones entre
el Estado y la sociedad, así como la organización y funcionamiento de la
administración pública, para citar algunas de las áreas de trabajo de los
expertos, son temas recurrentes en el análisis y el pensamiento de diferentes
actores de la vida nacional.
Pareciera
que llegó el momento de concretar las criticas e inquietudes en propuestas y
medidas, para buscar soluciones mediante el entendimiento y la negociación.
Desde luego
que es clara la intención de la comisión de centrar el análisis en los aspectos institucionales,
con lo cual se dejan de lado otras preocupaciones de los costarricenses. A
pesar de la mención al tema de la pobreza, es imposible dejar de lado en este
análisis y en la generación de recomendaciones, el desafío originado con el
crecimiento de las desigualdades y la exclusión social, así como la necesidad
de reforzar las políticas universales en asocio con las medidas de
focalización. Estos fenómenos tienen una relación directa con la pérdida de
credibilidad sufrido por las instituciones –recordando, por cierto, que la
credibilidad es un atributo de estas, por lo cual son las instituciones quienes
ganan o pierden la credibilidad, no los ciudadanos-, y en la disminución
constante de la confianza de la ciudadanía en ellas.
Buena parte
de las razones por las cuales se deteriora la credibilidad institucional
obedece al sentimiento, compartido por grupos importantes de la sociedad, en el
sentido de que las instituciones, ni los políticos, se preocupan por su suerte.
Esto genera pérdida de identidad, de sentido de pertenencia y de cohesión
social. Por este motivo, se debe responder a algunas preguntas clave, ¿Eficacia del
funcionamiento y de la calidad de las instituciones para qué?¿A cuáles demandas
de la sociedad responderán con prioridad las instituciones?¿Permitirá el
mejoramiento en su calidad disminuir las desigualdades y la exclusión y
promover la inclusión y la cohesión social?
Las
recomendaciones, por su calado, tendrán una vigencia y alimentarán procesos que
necesariamente irán más allá del período aún faltante para concluir el actual
ejercicio presidencial. El gobierno actual, convocante de los expertos, puede
dar inicio al diálogo, la negociación y la generación de las propuestas a
adoptar en los ámbitos correspondientes, pero buena parte de ellas requieren,
al menos, de un plazo superior al de la gestión Chinchilla Miranda para su
concreción.
En ese sentido,
el mejor destino para las recomendaciones de la comisión es que estas sean
recogidas, analizadas e incorporadas en sus propuestas de programa
gubernamental por los partidos políticos o las coaliciones aspirantes a
conducir los destinos de la nación en el futuro próximo. Hacer de estas
recomendaciones uno de los elementos para la discusión en el marco del torneo
electoral que se avecina, será un buena manera de aprovechar este notable
esfuerzo ciudadano y gubernamental.
