FRIJOLEROS Y REPRESIÓN

En un notable e inexplicable desacierto, las autoridades gubernamentales ordenaron arremeter en contra de los productores de frijol apostados en una vía pública en el cantón de Pérez  Zeledón. En un operativo policial efectuado en horas de la madrugada, pudimos ver por medio de las imágenes televisivas la forma en la cual aquellos productores eran desalojados y aprehendidos, de manera violenta, cual si de delincuentes se tratara. En vez de atender a sus demandas y abrir un espacio de negociación, los obnubilados funcionarios ordenaron  reprimir a los agricultores.

La prensa nos informa hoy sobre las negociaciones finalmente abiertas y concluidas con un arreglo satisfactorio. Pero, surgen de inmediato las siguientes preguntas, ¿por qué no se actuó de esta manera antes de recurrir a la acción policial, si esto era algo solicitado por los campesinos desde el inicio de su protesta? ¿Por qué se tiende a reprimir las manifestaciones de la ciudadanía, en vez de prestar atención a sus demandas? ¿Quién propicia estas torpezas gubernamentales, sin considerar la suma de descrédito provocadas por ellas? ¿Tiene sentido agraviar a dignos productores de alimentos, a quienes se les ha dificultado la posibilidad de continuar aportando al desarrollo del país y obteniendo el sustento de sus familias?

La exclusión del mercado de los productores familiares no se detiene. Estos son los hombres y mujeres, de carne y hueso, considerados sin ningún escrúpulo como los simples “perdedores” en la catalogada como la “nueva economía”.  Estas familias, pese a su verde actividad, no son cobijadas por la “marca país”, reservada para quienes pueden exportar, atraer inversiones o colocarse en una posición ventajosa, en el reinante modelo económico y en las políticas públicas en las cuales se sustenta este.

El medio rural de Costa Rica se ha transformado en forma paulatina desde la década de los años 80. La expansión de las actividades productivas destinadas al mercado exterior y la multiplicación de las actividades rurales no agrícolas, entre las cuales sobresale el turismo y otros servicios, predominan en el paisaje rural del país. Junto a este dinámico e incesante cambio productivo, se encuentran numerosas familias rurales con múltiples obstáculos para integrarse en el mercado, entre los que se destacan la ausencia de políticas y acciones institucionales efectivas, orientadas a dinamizar los territorios y los mercados locales y a modernizar las unidades productivas familiares. No se justifica, desde ningún punto de vista, el abandono de la producción nacional y de los servicios básicos  (investigación, apoyo técnico, financiamiento, formación empresarial), requeridos para revitalizar las actividades agrícolas y rurales no agrícolas, para las cuales estas familias cuentan con un significativo potencial.

El impulso del desarrollo rural territorial, como una política a la cual se debe dotar con los instrumentos necesarios para su eficaz aplicación, es uno de los mecanismos más apropiados para avanzar en esta dirección. Pero no entendiéndolo como una política marginal, sino como un elemento esencial para promover el desenvolvimiento de los rezagados territorios rurales.

En vez de reprimir a los agricultores y volverles las espaldas, agravando su situación de exclusión de los mercados y su exclusión social, introducir las rectificaciones en el modelo generador de estas situaciones y crear las condiciones para su integración en la economía, es el camino para retomar el rumbo incluyente de nuestro desarrollo.