FRACCIONAMIENTO POLÍTICO

Durante largos años Costa Rica mantuvo un sistema integrado por dos partidos políticos, con un caudal de votos suficiente para alternarse en la conducción del país. Los acuerdos establecidos entre las agrupaciones integrantes del bipartidismo, salvo muy contadas excepciones, excluían a los restantes partidos con alguna representación en el parlamento y en los gobiernos locales.  Esto se empieza a modificar, de manera paulatina, con el surgimiento del sistema multipartidista prevaleciente hasta el día de hoy.

En las condiciones actuales, la negociación política se torna más complicada y las alianzas adquieren un carácter marcadamente coyuntural. La multiplicidad de actores participantes en el escenario político, extienden la dispersión política y vuelven imperativo negociar para alcanzar cada objetivo propuesto. Características notables de estas negociaciones son su lejanía en relación con las coincidencias ideológicas o programáticas  y su acusado sustento en un pragmatismo con frecuencia cercano al oportunismo.

Sin embargo, el creciente fraccionamiento sufrido por el sistema político pareciera relacionarse, de forma muy directa, con el alejamiento enfrentado por los partidos en cuanto a las diversas necesidades y demandas de la población costarricense. En el sistema de partidos predominan las agrupaciones tipo “catch all”, con una composición multi clasista y con una oferta electoral amplia y con la pretensión de responder a intereses muy variados.

Esto funciona bien mientras el sistema institucional y el bienestar social cobija a la mayor parte de las familias. La existencia de un proyecto político incluyente refuerza la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en ellas. En el momento en el cual se modifica esto,  crecen las desigualdades sociales y grupos importantes de la sociedad perciben un distanciamiento entre las políticas y proyectos partidarios y sus demandas, cambian las posiciones en relación con los partidos políticos tradicionales.

El resultado es la conformación de organizaciones políticas creadas en respuesta a los intereses específicos de los grupos sociales que no se sienten representados en los proyectos de los cuales son portadores los partidos existentes.

La ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana en el accionar de los partidos, el encerramiento en los contornos limitados de sus militancias y su acentuado funcionamiento como maquinarias electorales, refuerza el sentimiento de exclusión de grupos o sectores en búsqueda de nuevas opciones de representación. En este momento hay un total de 41 partidos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. De estos, a escala nacional hay 9 partidos inscritos, 6 a escala provincial y 26 a escala cantonal.  Otras agrupaciones nacionales, algunas de ellas “temáticas” o “sectoriales”, van en camino de la inscripción.

Ante estas circunstancias es posible avizorar una mayor dispersión política, cuyas consecuencias en la construcción de las agendas y de los ineludibles acuerdos para lograr un funcionamiento eficaz  de las principales instituciones democráticas, serán la de una mayor complejidad y la colocación del diálogo y la negociación como aspectos medulares en la vida política de la nación.