NOTABLES RECOMENDACIONES

La presentación de las propuestas elaboradas por un distinguido grupo de ciudadanos, convocados por la Presidenta de la República con el propósito de entrgar al país una serie de recomendaciones “para avanzar hacia mayores niveles de funcionalidad y calidad de nuestra democracia”, ha llamado la atención y estimulado un significativo debate entre diversos sectores de la sociedad costarricense. Solo este hecho sería una ganancia para el país. La seriedad con  la cual estos ciudadanos emitieron su “criterio experto” y la colocación de su mirada y puntos de vista en temas cruciales de la institucionalidad política, nos permiten contar con propuestas rigurosas y con un material orientador para elaborar una agenda nacional e impulsar el diálogo y la negociación política requerida para convertirlas en decisiones  para agilizar el funcionamiento del Estado y sus vinculaciones con la sociedad civil.

Considero, por lo tanto, de que no se trata únicamente de manifestarse a favor o en contra de una o de todas las recomendaciones sometidas al conocimiento de la ciudadanía,  aspecto relevante en la vida democrática de la nación. Tratándose de temas tan sensible, ni siquiera el grupo de expertos logró alcanzar el consenso en el contenido de la totalidad de las propuestas. Es claro, eso sí, que estas apuntan a enfrentar una serie de temas considerados esenciales para tratar de mejorar la institucionalidad del país, sobre los cuales han existido preocupaciones, intercambios y debates. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y de estos con el Poder Judicial, el funcionamiento de nuestro parlamento o las relaciones entre el Estado y la sociedad, así como la organización y funcionamiento de la administración pública, para citar algunas de las áreas de trabajo de los expertos, son temas recurrentes en el análisis y el pensamiento de diferentes actores de la vida nacional.

Pareciera que llegó el momento de concretar las criticas e inquietudes en propuestas y medidas, para buscar soluciones mediante el entendimiento y la negociación.

Desde luego que es clara la intención de la comisión de centrar  el análisis en los aspectos institucionales, con lo cual se dejan de lado otras preocupaciones de los costarricenses. A pesar de la mención al tema de la pobreza, es imposible dejar de lado en este análisis y en la generación de recomendaciones, el desafío originado con el crecimiento de las desigualdades y la exclusión social, así como la necesidad de reforzar las políticas universales en asocio con las medidas de focalización. Estos fenómenos tienen una relación directa con la pérdida de credibilidad sufrido por las instituciones –recordando, por cierto, que la credibilidad es un atributo de estas, por lo cual son las instituciones quienes ganan o pierden la credibilidad, no los ciudadanos-, y en la disminución constante de la confianza de la ciudadanía en ellas.

Buena parte de las razones por las cuales se deteriora la credibilidad institucional obedece al sentimiento, compartido por grupos importantes de la sociedad, en el sentido de que las instituciones, ni los políticos, se preocupan por su suerte. Esto genera pérdida de identidad, de sentido de pertenencia y de cohesión social. Por este motivo, se debe responder a algunas preguntas clave, ¿Eficacia del funcionamiento y de la calidad de las instituciones para qué?¿A cuáles demandas de la sociedad responderán con prioridad las instituciones?¿Permitirá el mejoramiento en su calidad disminuir las desigualdades y la exclusión y promover la inclusión y la cohesión social?

Las recomendaciones, por su calado, tendrán una vigencia y alimentarán procesos que necesariamente irán más allá del período aún faltante para concluir el actual ejercicio presidencial. El gobierno actual, convocante de los expertos, puede dar inicio al diálogo, la negociación y la generación de las propuestas a adoptar en los ámbitos correspondientes, pero buena parte de ellas requieren, al menos, de un plazo superior al de la gestión Chinchilla Miranda para su concreción.

En ese sentido, el mejor destino para las recomendaciones de la comisión es que estas sean recogidas, analizadas e incorporadas en sus propuestas de programa gubernamental por los partidos políticos o las coaliciones aspirantes a conducir los destinos de la nación en el futuro próximo. Hacer de estas recomendaciones uno de los elementos para la discusión en el marco del torneo electoral que se avecina, será un buena manera de aprovechar este notable esfuerzo ciudadano y gubernamental.