CONCESIÓN Y GOBERNANZA

Una nueva situación conflictiva, de importantes proporciones, se avecina. Esta vez se trata de la concesión de la carretera de 58 Kilómetros, entre La Sabana y San Ramón,  otorgada a una empresa brasileña.  Esto, como de manera equivocada se afirma, no es un asunto de preocupación tan solo para unos cuantos vecinos de algunos cantones de la provincia de Alajuela. La táctica de tratar de minimizar la dimensión de una protesta social en curso o de catalogarla como una simple “majadería”, con el propósito de reducir la movilización, no siempre da los resultados esperados. Sobre todo, como en este caso, cuando se trata de una decisión gubernamental cuyas consecuencias van mucho más allá de los intereses particulares de un grupo de poblaciones.

La demanda por el mejoramiento de esta vía, así como de muchas otras por las cuales transitamos los costarricenses, sobrepasa la preocupación de los vecinos de los lugares directamente afectados con la disposición oficial. Pero, además, la decisión se relaciona con un tema político presente en el creciente malestar ciudadano, en el constante reclamo de transparencia en cada una de las acciones ejecutadas por las entidades públicas y el rechazo a la opacidad con la cual se manejan muchos de los asuntos de interés general.

El uso de la  figura de la concesión de obra pública, la cual podría ser un buen instrumento para subsanar las indiscutibles insuficiencias existentes en la infraestructura del país, sufridas cotidianamente por quienes requerimos de ella, se convirtió en un asunto controversial, en una fuente generadora de desconfianza y en una de las muestras de corrupción con más frecuencia señaladas entre la ciudadanía. En la medida en debate, la vinculación existente en algún momento del ministro de transportes con la empresa favorecida con la concesión, la ausencia de explicaciones fehacientes en cuanto a las posibles ventajas a obtener por la población, así como las dudas compartidas por diversos sectores en cuanto a los beneficios otorgados a la empresa concesionaria de la autopista, originan dudas y alientan el antagonismo a la decisión adoptada.

Les resulta muy difícil a los gobernantes comprender las condiciones en las cuales llevan a cabo su gestión. La toma de decisiones adoptadas de manera vertical, “de arriba hacia abajo”, propios de las formas anacrónicas del ejercicio del poder, ha dado lugar, desde hace ya bastante tiempo, a distintas formas de gobernanza. En estas, las relaciones horizontales, la consulta y la participación de los diversos sectores interesados (“stake holders”), en la política o la decisión tomada, es un aspecto básico en la gestión pública.

Hacer partícipe a la ciudadanía de los procesos mediante los cuales se adoptan las medidas, lejos de obstaculizar la toma de decisiones, favorece el desarrollo de las acciones, disipa las dudas, contribuye a la anhelada transparencia  y garantiza la correspondencia entre las demandas y aspiraciones de la población y las disposiciones gubernamentales.