NARANJO

Jorge Mora Alfaro

 Según se cuenta su nombre original es Los Naranjos; con el tiempo este derivó en Naranjo. Uno u otro calificativo aluden al sabroso fruto brotado en su fértil suelo. Este cantón, ubicado en el occidente del Valle Central de Costa Rica, encierra múltiples encantos, entre los cuales destacan las bellas serranías ubicadas en su entorno, dibujando figuras amoldadas a la imaginación de quienes las admiran.

Un pequeño centro urbano, rodeado de diferentes espacios rurales, de una rica biodiversidad y abundantes bellezas paisajísticas, son el asiento de una población laboriosa, emprendedora, sencilla y dispuesta a delinear las rutas a transitar para lograr el bienestar de su colectividad.

La producción cafetalera ocupa un lugar preponderante en la economía  y  la cultura local. Esta actividad, llevada a cabo por agricultores familiares, agrupados muchos de ellos en una empresa cooperativa, genera identidad y valores entre los cuales sobresale el amor a la tierra, al trabajo y a la comunidad. La extraordinaria calidad de su grano es reconocida hoy entre los cada vez más exigentes industriales y consumidores de café, en un mercado global integrado e inclinado a la selección de un producto de excelencia

Numerosos profesionales originarios de Naranjo se desenvuelven en muy diferentes campos, aportando sus competencias a la sociedad costarricense, laborando en empresas, instituciones o en organizaciones no gubernamentales en los ámbitos nacional, regional o local. La herencia cultural de esta comunidad de labradores industriosos, impregna el comportamiento de los hijos de este generoso suelo.

Para quienes nacimos en este hermoso lugar y conservamos estrechos vínculos con nuestro pueblo  de origen, son recurrentes  las añoranzas sobre las aventuras infantiles y juveniles vividas con una copiosa ingenuidad y alegría, con independencia de las limitaciones propias de una condición socioeconómica no siempre muy venturosa, estimuladas por un medio colmado de  gente buena,  llana y diligente.

Las cristalinas aguas de los ríos en donde se aprendía a nadar o se practicaba la pesca; las prolongadas caminatas hasta alcanzar la cima de aquellas montañas colocadas en rededor; la trabajosa tarea de recolección de los granos del café, generadora de importantes ingresos para la economía familiar; los numerosos juegos permitidos por las pronunciadas pendientes de un centro urbano situado en un territorio de escasos espacios planos, así como la fascinación por los soberbios atardeceres estivales y el aprendizaje por el disfrute de los infinitos aguaceros, son todos ellos, detalles imperecederos, acompañantes en el recorrido por nuestras vidas.

EL CAMINO DE LA PAZ

El anuncio sobre el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, abre una esperanza a la finalización de un prolongado conflicto político y militar. La intranquilidad, la zozobra y el dolor vivido con mayor intensidad en los territorios en los cuales tienen o han tenido lugar los enfrentamientos entre guerrilleros, paramilitares y el ejército, encuentran una oportunidad de finalizar en tanto se logre un acuerdo mediante el cual concluya la injustificada confrontación. La noticia es recibida con una mezcla de optimismo y escepticismo por una población que, en su momento, presenció un muy publicitado y luego frustrado intento de negociación. La ruta de la paz es casi siempre sinuosa y empedrada.

Para los centroamericanos se encuentra aún fresca la difícil negociación y las presiones de diversa índole recibidas de varias fuerza opuestas al logro de un acuerdo de paz. La obstinada gestión llevada a cabo por el presidente Arias Sánchez, en conjunto con los otros presidentes centroamericanos, y con el respaldo de la mayoría de los costarricenses, fue un factor clave para alcanzar la firma de un acuerdo de paz.

No resulta sorpresiva para nosotros, por lo tanto, la ácida crítica del ex presidente Uribe al gobierno de Colombia y su oposición al diálogo con las FARC. Sus casi siempre radicales posiciones no le permiten vislumbrar la negociación como un camino aceptable para poner fin al conflicto. Otros personajes y grupos intransigentes inevitablemente se opondrán y estarán dispuestos a colocar obstáculos al diálogo y la búsqueda del hace tiempo esperado acuerdo.

Una guerrilla debilitada y sin posibilidad de darle una salida militar a su proyecto, un gobierno con una posición más flexible e inclinado a poner fin al conflicto por medio de la negociación, el apoyo recibido de varios países dispuestos a facilitar la transacción y el respaldo interno recibido por el gobernante, son condiciones esenciales para el logro de un acuerdo aceptable para ambas partes y para la ciudadanía.

Para quienes observamos desde afuera y con gran respeto las decisión adoptada por las fuerzas en pugna, en una gran nación en la cual diversos fenómenos políticos y sociales le han imposibilitado gozar de un clima de estabilidad y tranquilidad, solo nos queda expresar nuestro deseo de que el diálogo conduzca a un arreglo definitivo y el anhelo de paz de un pueblo se haga realidad.

ASESORES O DECISORES

Algunas situaciones recientes han colocado en la discusión nacional un tema mediante el cual se pone al descubierto el entramado de relaciones de poder tejido alrededor de los procesos de toma de decisiones, empleados en las diferentes gestiones gubernamentales. La visión según la cual las entidades de gobierno formalmente establecidas constituyen los espacios políticos en los cuales se generan y adoptan las medidas, pareciera estar muy alejada de la realidad.

Si se tuviera la posibilidad de darle seguimiento a cada decisión particular encontraríamos, a cada paso, la presencia de diversos grupos, la mayor parte de ellos ocultos tras bastidores, construyendo o dándole el sentido deseado a las iniciativas gubernamentales. Con frecuencia estas instancias informales concentran mayor capacidad de influencia, colocando en un segundo plano a quienes se encuentran revestidos de la autoridad institucional para tomar las decisiones: estos tienen autoridad, pero el poder se encuentra en otro lado.

Algunos de estos actores hablan al oído, otros golpean la mesa y buena parte de ellos reclaman las retribuciones por sus inversiones electorales.  

A quienes tienen acceso a los espacios de poder, se suman las organizaciones y actores colectivos cuyas acciones o movilizaciones pretenden influir en las decisiones: agricultores, educadores, municipalidades, iglesias, taxistas, vecinos demandantes de servicios, entre otros, buscan darle la tonalidad deseada a la acción gubernamental.

Cuando el diálogo social y la concertación entre actores sociales, institucionales y políticos no encuentran lugar en la agenda política nacional, las movilizaciones colectivas, la presión directa de los grupos de interés o la acción de las figuras insertas en los resquicios del poder, son las formas preponderantes de intervención en los procesos de generación de las políticas y las decisiones.

Entre más débil y ausente de liderazgo sea la conducción del poder ejecutivo, mayor será la incidencia de estos grupos en la orientación de las políticas y las decisiones gubernamentales. Por este motivo, en épocas en las cuales se acusa un creciente desprestigio de los políticos y una devaluación de la política, diversos grupos de interés prefieren colocar sus representantes en la posición de asesores. Desde ese reducto evaden el descrédito, incrementan su poder y cumplen a cabalidad con su cometido. La exigencia de transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad por los resultados no es un asunto de ellos, todo eso recae en quienes ocupan las posiciones en las estructuras formales de gobierno.

El análisis de estos procesos nos sugiere una serie de preguntas: ¿Constituyen las acciones de estos grupos y la presencia de los asesores una suerte de Estado paralelo o es, por el contrario, un mecanismo habitual en el ejercicio del poder?¿Son estos los responsables de los abundantes desaciertos gubernamentales?¿Sustituyen realmente estas  instancias informales a los órganos del poder ejecutivo formalmente establecidos?¿Se está en presencia de una clara confusión entre el rol de asesoramiento y la función de toma de decisiones?¿Quién asume la responsabilidad por los resultados de las decisiones originadas a partir de grupos decisores  ocultos tras el   ropaje de asesores?

DESCONTENTO POPULAR

Los resultados de la más reciente encuesta de UNIMER, publicada durante esta semana por el periódico La Nación, muestra un creciente descontento de la población costarricense con la administración Chinchilla Miranda. El incremento del malestar no parece tocar fondo, lejos de ello los acontecimientos más recientes, tales como la destitución de la viceministra de cultura, parecen aumentar las críticas hacia la gestión presidencial. 

Esta situación no es, de ninguna manera, baladí. Si bien una buena parte de las reacciones de la ciudadanía muestran en unos casos un evidente enfado, combinado en otras ocasiones con una alta dosis de buen humor, el asunto puede ser mucho más serio de lo a veces pensado.

Aún falta un poco menos de dos años para la conclusión del actual período presidencial: el segundo tiempo, como lo señaló algún ministro de gobierno. En estas circunstancias, el aumento de la pérdida de legitimidad gubernamental lleva a dificultar aún más la de por si compleja toma de decisiones y la lenta ejecución de las acciones en el ámbito estatal.

Un poder ejecutivo carente de credibilidad, y sin la indispensable confianza entre la gente, enfrentará enormes limitaciones para acometer los desafíos de un país cargado de escepticismos. Costa Rica no puede darse el lujo de mantener detenida su marcha, hasta donde esto es ocasionado por la acción gubernamental, por un significativo período de dos años.

Lo más notable en este panorama político nacional es la ausencia total de autocrítica entre los inquilinos de Zapote.  Atribuir a las percepciones equivocadas de los y las costarricenses la imagen negativa sobre la gestión presidencial y de su equipo o a supuestos factores externos a esa gestión, como si los problemas de la trocha no fueran de su responsabilidad, no contribuye a la necesaria autoevaluación y a rectificar con el propósito de retomar el rumbo.

El diálogo y la negociación política resultan indispensables para superar el descontento popular. El punto de partida para alcanzar esto tendrá que ser  una actitud de revisión del origen de las fallas y la adopción de las medidas correctivas, con las cuales se permita la recuperación paulatina de la confianza en una administración hoy desprovista de credibilidad.

FRACCIONAMIENTO POLÍTICO

Durante largos años Costa Rica mantuvo un sistema integrado por dos partidos políticos, con un caudal de votos suficiente para alternarse en la conducción del país. Los acuerdos establecidos entre las agrupaciones integrantes del bipartidismo, salvo muy contadas excepciones, excluían a los restantes partidos con alguna representación en el parlamento y en los gobiernos locales.  Esto se empieza a modificar, de manera paulatina, con el surgimiento del sistema multipartidista prevaleciente hasta el día de hoy.

En las condiciones actuales, la negociación política se torna más complicada y las alianzas adquieren un carácter marcadamente coyuntural. La multiplicidad de actores participantes en el escenario político, extienden la dispersión política y vuelven imperativo negociar para alcanzar cada objetivo propuesto. Características notables de estas negociaciones son su lejanía en relación con las coincidencias ideológicas o programáticas  y su acusado sustento en un pragmatismo con frecuencia cercano al oportunismo.

Sin embargo, el creciente fraccionamiento sufrido por el sistema político pareciera relacionarse, de forma muy directa, con el alejamiento enfrentado por los partidos en cuanto a las diversas necesidades y demandas de la población costarricense. En el sistema de partidos predominan las agrupaciones tipo “catch all”, con una composición multi clasista y con una oferta electoral amplia y con la pretensión de responder a intereses muy variados.

Esto funciona bien mientras el sistema institucional y el bienestar social cobija a la mayor parte de las familias. La existencia de un proyecto político incluyente refuerza la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en ellas. En el momento en el cual se modifica esto,  crecen las desigualdades sociales y grupos importantes de la sociedad perciben un distanciamiento entre las políticas y proyectos partidarios y sus demandas, cambian las posiciones en relación con los partidos políticos tradicionales.

El resultado es la conformación de organizaciones políticas creadas en respuesta a los intereses específicos de los grupos sociales que no se sienten representados en los proyectos de los cuales son portadores los partidos existentes.

La ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana en el accionar de los partidos, el encerramiento en los contornos limitados de sus militancias y su acentuado funcionamiento como maquinarias electorales, refuerza el sentimiento de exclusión de grupos o sectores en búsqueda de nuevas opciones de representación. En este momento hay un total de 41 partidos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. De estos, a escala nacional hay 9 partidos inscritos, 6 a escala provincial y 26 a escala cantonal.  Otras agrupaciones nacionales, algunas de ellas “temáticas” o “sectoriales”, van en camino de la inscripción.

Ante estas circunstancias es posible avizorar una mayor dispersión política, cuyas consecuencias en la construcción de las agendas y de los ineludibles acuerdos para lograr un funcionamiento eficaz  de las principales instituciones democráticas, serán la de una mayor complejidad y la colocación del diálogo y la negociación como aspectos medulares en la vida política de la nación.

LA ANTI POLÍTICA

LA ANTIPOLÍTICA

Cada vez con más intensidad se entroniza en la sociedad una tendencia al rechazo a la política. Este es uno de los fenómenos globales más generalizado, en muy diferentes sistemas políticos, con independencia de sus características particulares. En el aparente repudio a la política contribuyen, de modo muy significativo, dos situaciones ocurridas de manera simultánea: por una parte, el sentimiento, cada vez más generalizado, de una ausencia de respuestas eficaces a las necesidades y demandas de bienestar de la ciudadanía. Por otra parte,  las actuaciones de un buen número de operadores políticos, alejados de las aspiraciones de la población, encerrados en sus círculos de poder y, con frecuencia, involucrados en escándalos de corrupción. Los políticos se convirtieron, en el imaginario colectivo, en sinónimo de perversidad y falsedad.  

Solo basta dar una mirada a lo expresado sobre estos temas en las redes sociales, para constatar las improcedentes generalizaciones y  la reinante percepción negativa en relación con quienes desempeñan diversos cargos políticos. 

La despiadada crítica a los políticos, llevada en algunos casos al absurdo, se traduce en una posición anti política, en una visión negativa en la cual se envuelve al Estado y en un llamado al alejamiento de la política. Todos recordamos la afirmación de un connotado líder político costarricense, según la cual de asumir la presidencia de la república colocaría en la conducción de las principales instituciones a egresados de una prestigiosa escuela de negocios. ¡La ineficacia del Estado es responsabilidad de los políticos, la mejor manera de resolver la situación es colocar técnicos en su dirección!

La falaz conclusión deja de lado la naturaleza política del Estado y el necesario manejo político de los asuntos estatales, para lo cual, desde luego, es menester  un adecuado uso de la información y del apoyo técnico requerido para una apropiada toma de decisiones.

La censura a los políticos no siempre conlleva una separación de la política.  Hace unos años, Anthony Giddens refutaba la afirmación según la cual los jóvenes europeos se habían alejado de la política. La indisposición juvenil se presenta en relación con la política parlamentaria, pero cada vez más los jóvenes se involucran en temas relacionados con el ambiente, los derechos humanos, las desigualdades sociales, la equidad y la cohesión social, todos ellos asuntos políticos ante los cuales expresan sus pensamientos y se movilizan tratando de influir en las decisiones políticas.

La participación ciudadana en la vida política de las naciones, es un aspecto básico para el funcionamiento del sistema democrático. Alejarse de la política implica dejar el camino abierto a la separación entre las aspiraciones de la población y la orientación de las decisiones de quienes ejercen el poder. Solo la intervención en la política de la ciudadanía puede concederle los instrumentos para influir en las decisiones y para empoderar a la gente en los asuntos políticos de su interés.

Los partidos políticos, por su parte, deben revitalizarse. Superar su funcionamiento centrado, de manera casi exclusiva, en los aspectos electorales –maquinas electorales- , convocar a la población y retomar el papel de generadores de proyectos políticos, en los cuales se expresen los sentimientos, intereses, necesidades y aspiraciones de los diversos grupos de la sociedad.

Democracias frágiles

En muy poco tiempo se presentan en América Latina dos abruptas situaciones de ruptura del orden democrático: Honduras y Paraguay. En ambos casos se trata de recubrir el derrocamiento de los presidentes en ejercicio, con un manto de legitimidad institucional. Aunque en entornos diferenciados y con condiciones políticas desiguales, llama la atención en la deposición de los dos mandatarios el corto plazo restante para concluir el período para el cual fueron popularmente electos, así como la participación, en el proceso de remoción, de los parlamentos, los partidos políticos tradicionales y grupos de poder dispuestos a cambiar, a todo trance, el rumbo seguido por  el desarrollo económico y político de su país.

Estos golpes de estado, revestidos de una cuestionable legalidad, ponen en evidencia la fragilidad de los regímenes democráticos establecidos en varios países latinoamericanos, el significativo peso de la herencia autoritaria en varios de ellos y la resistencia de determinados grupos a disminuir sus prerrogativas y su poder. Permitir el libre juego de las ideas, aceptar la posible diversidad de proyectos políticos en el marco democrático o incluir en el proceso de desarrollo socioeconómico a sectores secularmente excluidos, es un supuesto riesgo que estos grupos pareciera no están dispuestos a correr.

La impaciencia de algunos sectores ante los entrabamientos enfrentados por un sistema institucional debilitado y un creciente descontento en relación con el funcionamiento de los sistemas políticos, lleva a que hasta en democracias más consolidadas, como la costarricense, se formulen con cierto desparpajo propuestas públicas, cándidas o alevosas, de instaurar gobiernos de facto como una manera de darle eficacia a la acción estatal. Al son de una cada vez más acentuada anti política, de un creciente descontento de la ciudadanía y un persistente deterioro de los sistemas institucionales, se entreabren algunas compuertas que pueden conducir a decisiones y proyectos antidemocráticos, ante los cuales la región no se encuentra necesariamente inmune.

Un aspecto primordial para darle continuidad al camino democrático en América Latina es rechazar, de manera tajante, los hechos o intentos de ruptura del orden democrático en los países de la región y no permanecer impasibles ante las tentativas de regreso al orden autoritario en cualquiera de las naciones latinoamericanas.