Algunas situaciones recientes han colocado en la discusión
nacional un tema mediante el cual se pone al descubierto el entramado de
relaciones de poder tejido alrededor de los procesos de toma de decisiones, empleados
en las diferentes gestiones gubernamentales. La visión según la cual las
entidades de gobierno formalmente establecidas constituyen los espacios
políticos en los cuales se generan y adoptan las medidas, pareciera estar muy
alejada de la realidad.
Si se tuviera la posibilidad de darle seguimiento a cada
decisión particular encontraríamos, a cada paso, la presencia de diversos
grupos, la mayor parte de ellos ocultos tras bastidores, construyendo o dándole
el sentido deseado a las iniciativas gubernamentales. Con frecuencia estas
instancias informales concentran mayor capacidad de influencia, colocando en un
segundo plano a quienes se encuentran revestidos de la autoridad institucional
para tomar las decisiones: estos tienen autoridad, pero el poder se encuentra
en otro lado.
Algunos de estos actores hablan al oído, otros golpean la
mesa y buena parte de ellos reclaman las retribuciones por sus inversiones
electorales.
A quienes tienen acceso a los espacios de poder, se suman
las organizaciones y actores colectivos cuyas acciones o movilizaciones pretenden
influir en las decisiones: agricultores, educadores, municipalidades, iglesias,
taxistas, vecinos demandantes de servicios, entre otros, buscan darle la
tonalidad deseada a la acción gubernamental.
Cuando el diálogo social y la concertación entre actores
sociales, institucionales y políticos no encuentran lugar en la agenda política
nacional, las movilizaciones colectivas, la presión directa de los grupos de
interés o la acción de las figuras insertas en los resquicios del poder, son
las formas preponderantes de intervención en los procesos de generación de las
políticas y las decisiones.
Entre más débil y ausente de liderazgo sea la conducción
del poder ejecutivo, mayor será la incidencia de estos grupos en la orientación
de las políticas y las decisiones gubernamentales. Por este motivo, en épocas
en las cuales se acusa un creciente desprestigio de los políticos y una
devaluación de la política, diversos grupos de interés prefieren colocar sus
representantes en la posición de asesores. Desde ese reducto evaden el
descrédito, incrementan su poder y cumplen a cabalidad con su cometido. La
exigencia de transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad por los
resultados no es un asunto de ellos, todo eso recae en quienes ocupan las
posiciones en las estructuras formales de gobierno.
El análisis de estos procesos nos sugiere una serie de
preguntas: ¿Constituyen las acciones de estos grupos y la presencia de los
asesores una suerte de Estado paralelo o es, por el contrario, un mecanismo
habitual en el ejercicio del poder?¿Son estos los responsables de los abundantes
desaciertos gubernamentales?¿Sustituyen realmente estas instancias informales a los órganos del poder
ejecutivo formalmente establecidos?¿Se está en presencia de una clara confusión
entre el rol de asesoramiento y la función de toma de decisiones?¿Quién asume
la responsabilidad por los resultados de las decisiones originadas a partir de
grupos decisores ocultos tras el ropaje de
asesores?