VOTAR O NO VOTAR: UN DILEMA DEMOCRÁTICO

No se ha completado aún el rompecabezas con el cual dará inicio la carrera por alcanzar la silla presidencial y las apetecidas curules de nuestro parlamento. Algunas piezas provendrán de las primarias en marcha, de una posible coalición y de las propuestas, más o menos sorpresivas, originadas en algunos de los partidos en búsqueda de su aspirante. Hasta el momento, con la suposición de algún cambio, hacia arriba o hacia abajo, conforme se completa el cuadro y se desenvuelve el torneo electoral, la tendencia al abstencionismo resulta muy significativa.

La competencia no ha logrado despertar el entusiasmo de los electores, la descomunal desaprobación de la ciudadanía a la actual gestión gubernamental, la imparable pérdida de la confianza en las instituciones y el reinante malestar ciudadano, generan un hondo desencanto difícil de revertir empleando para ello tan solo el manido marketing político. Esta ha sido la tradicional manera de forjar candidaturas y de obtener triunfos electorales, cuyos resultados llevan al desengaño al quedar al descubierto  el contenido oculto por la atractiva envoltura.

El quiebre de la tradición familiar de votar siempre por la misma agrupación, la actividad partidaria centrada, casi de manera exclusiva en sus maquinarias electorales, aceitadas y extendidas al acercarse el período electoral, así como la búsqueda de diversas formas de expresión y movilización ciudadana desligada de las agrupaciones políticas, como ha ocurrido en las más destacados acciones populares o en las peculiares protesta sociales acaecidas en el país en los tiempos recientes, originan  un desafío de singulares proporciones a quienes buscan atraer votantes a sus tiendas partidarias.

A estos fenómenos se suman los frecuentes casos de corrupción, puestos al descubierto sobre todo por los medios de comunicación, en los cuales se involucran personajes de la vida política nacional o ligados a proyectos e iniciativas promovidas desde diversas instancias del aparato estatal. El repudio generado por estos escándalos públicos, tienen una no despreciable influencia en la posición reservada o abiertamente crítica de la población en relación con los políticos o la vida política partidaria, con frecuencia generalizada, sin efectuar las distinciones  con quienes se apartan de las formas de comportamiento censurables o deleznables.

Las situaciones coyunturales, colocadas en el diario vivir de los costarricenses, generando enfado, mofa e incertidumbre, podría ser algo pasajero de no ser su estrecha vinculación con una realidad más profunda y con un efecto más generalizado en los sistemas representativos. Como lo apunta Xavier Ruiz Collantes, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, “Dos de las consignas más populares del movimiento del 15 M en España, ponen el acento en esta cuestión: ‘lo llaman democracia y no lo es’, ‘no nos representan’ y ‘si votar sirviera de algo, ya lo habrían prohibido’. Más allá del uso en las manifestaciones y concentraciones contestatarias, estas consignas ponen de relieve una convicción que empieza a extenderse de forma cada vez más amplia”.

La enorme y creciente distancia entre la mayoría conformada por quienes consideran que se gobierna “para algunos sectores” y aquellos para los cuales se hace “Para la gente”, cuyos datos ofrece la última encuesta de UNIMER, recién publicada por el diario La Nación, no resulta diferente a lo acontecido en muy diversas sociedades democráticas. El incremento de las desigualdades se acompaña de un sentimiento de falta de respuestas a las demandas y aspiraciones de las mayorías. Esto se traduce en desapego hacia el sistema representativo y en reclamo hacia los gobernantes, cuyas diferencias ideológicas del pasado se dejaron a la vera del camino al abrazar una ruta común.

 Ante este panorama, han surgido y tomado fuerza algunas interrogantes, tales como las siguientes: ¿tiene sentido acudir a las urnas a depositar el voto? ¿Respaldaré de nuevo con mi decisión a quienes, según Stiglitz, gobiernan para el uno por ciento de la población? ¿En realidad me representarán a mí y a mis iguales a quienes con mi voto escoja para gobernar? ¿Existe la posibilidad de reorientar las políticas, echar abajo la opacidad y lograr la implantación de formas de gestión pública transparentes y en consulta con la ciudadanía? ¿Puede mi voto poner freno a la decadencia y a la colocación de los intereses particulares por encima del interés general de la nación?

 En una sociedad como la nuestra, con una prolongada trayectoria democrática, la respuesta a las preguntas tiende a ser positiva.  La mayoría de los costarricenses consideramos a la democracia, a pesar de los pesares, como la mejor forma de gobierno. Pero, no cabe duda de que los electores serán más exigentes en su selección, escudriñarán en detalle las propuestas y sus posibilidades reales de aplicación, distinguirán la fábula demagógica y oportunista y tendrán en cuenta las lecciones aprendidas, en el pasado reciente, a la hora de tomar su decisión.

 La comprensión sobre el alto costo del clientelismo para los grupos de más bajos ingresos, las propuestas de rectificación cierta en las prácticas políticas empleadas hasta hoy, la presentación de las medidas concretas por medio de las cuales se reanudará el camino del bienestar y la equidad, la decisión de retomar las función esenciales del alicaído sector público en el desarrollo del país, el papel de la ciudadanía y la apertura de espacios para el florecimiento de las alianzas público-privadas, serán algunas de las cuestiones  hacia las cuales volverán la mirada los votantes al decidir su asistencia a las urnas y su escogencia final. 

¿ES SUFICIENTE CON LAS EXPORTACIONES Y EL LIBRE COMERCIO?

Una controversia de larga data polariza a la sociedad costarricense. Las frecuentes discrepancias entre diferentes grupos o actores, algunas de considerable intensidad, son la expresión de una confrontación centrada en torno a las consecuencias del rumbo adoptado por el país desde hace un poco más de dos decenios. El conflicto es un elemento inherente al funcionamiento de la sociedad, motivo por el cual la presencia en sus diversas dimensiones no puede entenderse como una anormalidad. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo básico en relación con las líneas generales de la ruta a seguir para alcanzar el desarrollo -y con una visión compartida en cuanto a los que entendemos por desarrollo-, es un elemento generador de inestabilidad y de una disputa constante cuyas secuelas son impredecibles.

El mejor ejemplo en torno a este concierto básico es el de la propia Costa Rica del período 1950-1980. El modelo de desarrollo incluyente, generador de crecimiento económico, bienestar, cohesión y movilidad social, fue aceptado por tirios y troyanos. Esto, desde luego, no fue sinónimo de uniformidad o de una suerte de consenso absoluto. Las diferencias en relación con los equilibrios entre Estado y mercado o en cuanto a la extensión del sistema institucional y los mecanismos de redistribución del ingreso y de protección y bienestar social estuvieron siempre presentes y se plasmaron en tonalidades diferentes en el rumbo seguido por el país, en correspondencia con la orientación de quienes accedían a la conducción gubernamental o de quienes propugnaban por un cambio en la dirección conservada hasta entonces.

¿Por qué motivo se quiebra ese acuerdo básico? ¿En qué momento el disenso, deseable en la vida democrática, se convierte en el componente predominante en la actividad política de la nación? ¿Por qué resulta tan embarazoso alcanzar el consenso requerido para tomar las decisiones y definir los caminos a seguir?

Muchas de las respuestas a estas interrogantes se encuentran en el fundamento mismo del modelo de acumulación implantado en este período. La energía puesta, casi de manera exclusiva, en la apertura y liberalización de la economía, con una evidente desatención de los sectores sin una vinculación directa a la actividad exportadora, la atracción de inversiones o algunas áreas dinámicas integradas en la cresta del modelo, genera la exclusión de amplios grupos de la sociedad. Bien predecían los promotores de la apertura que con esta surgirían grupos ganadores y grupos perdedores; aunque no se referían al reducido número de los primeros y a lo extenso de los segundos.

El ensanchamiento de las desigualdades y el generalizado sentimiento de ausencia de respuestas a las demandas y aspiraciones de amplios sectores de la población, unido a una manifiesta extensión de la corrupción y los escándalos públicos, muchos de ellos ligados a una expansión de los “negocios” por todas las esferas de la sociedad, al amparo del libre comercio y a la ausencia de controles eficaces, provocan la propagación del malestar ciudadano, la pérdida de confianza en las instituciones y el inconveniente repudio a la vida política.

El clima enrarecido y la permanente crispación reinante en el escenario político costarricense, aprovechada en algunos casos por quienes consideran o juegan a “cuanto peor, mejor”, alentado por el casi inexistente diálogo social y las formas de gestión carentes de consulta y participación de la ciudadanía, son el corolario de la aplicación de un modelo excluyente cuyos beneficios no se distribuyen con equidad. Es clara, al cabo de varios años, la necesidad de introducir rectificaciones.

No basta con abrir mercados, ampliar las exportaciones y liberalizar la economía, condiciones necesarias para acometer el crecimiento económico en el integrado mundo contemporáneo; pero insuficientes para promover el desarrollo, generar el bienestar y la cohesión social. Revitalizar el papel del Estado, fortalecer la producción nacional y los mercados locales, así como reforzar los mecanismos de protección social y redistribución del ingreso,  son aspectos básicos para retomar la senda de la inclusión social.

La coyuntura electoral, en pleno desenvolvimiento, es un momento oportuno para reflexionar sobre estas preocupaciones compartidas por diversos grupos de la ciudadanía costarricense.

¿SURFING POLÍTICO O DEBATE DE FONDO?

La presencia de un nuevo proceso electoral podría ser una buena oportunidad para promover una discusión de fondo sobre los grandes desafíos enfrentados por el desarrollo en el país. Aunque, si nos atenemos a la tónica seguida por la mayoría de las agrupaciones políticas participantes en los torneos electorales, el debate tiende a ser muy pobre, centrado en temas aislados, sin un eje conductor, y situado en resaltar las virtudes o defectos de los aspirantes presidenciales (“firme y honesta”, “el menos malo”, “el hombre de las manos limpias”, “Sí Costa Rica, Oscar Arias”). Esto último,       en respuesta a la conducta de los electores y la tendencia a privilegiar a los aspirantes, por encima de los partidos o las propuestas programáticas. No obstante, es posible relacionarlo también con el fenómeno más general, característico de la sociedad actual, anotado por el sociólogo Zygmunt Bauman, para quien “En la cumbre jerárquica de aptitudes útiles y deseables, el arte de navegar sobre las olas ha sustituido al arte de sondear en las profundidades” (Bauman, 2013).

En la vida nacional, el surfing político, colocado en la superficie de los análisis sustanciales,  se ha convertido en la forma predominante de hacer política. Los discursos sobre la necesidad de delinear un “proyecto país” o de alcanzar los acuerdos políticos requeridos para superar los males que aquejan el sistema político y las crecientes brechas entre los grupos sociales -en gran medida causantes del extendido malestar ciudadano-; no lograrán concretarse en tanto no haya un examen prolijo sobre los obstáculos por zanjar, “sondear en las profundidades” de nuestras complicaciones y definir el rumbo a seguir para corregir los elementos excluyentes, de los cuales es portador el modelo de desarrollo adoptado en el país a partir de los años ochenta.

¿Estarán los partidos políticos nacionales, convertidos en simples maquinarias electorales, en capacidad de emprender una iniciativa de esta naturaleza?¿Estarán interesados, los dirigentes de estos partidos, en llevar a cabo un proceso de debate por medio del cual los electores tengan claro a qué apuntar y distinguir, entre las diferentes opciones, aquella considerada la más conveniente?¿Existirá el interés en la ciudadanía por asistir a una disputa electoral colocada más allá del prevaleciente marketing político, consustancial con la sociedad de consumo en la cual convivimos?¿Estarán los sectores interesados en impulsar alguna propuesta alternativa, en condiciones de colocar en la agenda pública la discusión sobre el modelo de desarrollo y las necesarias rectificaciones para reemprender el desenvolvimiento incluyente en nuestra sociedad?¿Ocuparán un lugar en esa agenda temas tales como el del crecimiento de las desigualdades sociales, el declive en la calidad de vida sufrido por la clase media, el deterioro en los servicios públicos básicos, la exclusión social vivida por amplios grupos de la población, la exigencia del reconocimiento de la diversidad y de los derechos de la ciudadanía integral y el ineludible robustecimiento de la democracia y del ámbito de lo público?

La apertura del torneo electoral conduce a un período en la vida nacional en el cual la ciudadanía, en general, incluyendo a los más escépticos con la política, vuelven la mirada hacia la contienda en curso. Este momento es oportuno para la reflexión y el análisis colectivo; si esto no lo impulsan los partidos políticos, por desinterés o por su imposibilidad de romper con la tradición y su comodidad con el status quo, sí podría ser promovido desde la sociedad civil, los centros académicos, los medios de comunicación alternativos o desde algunos think tanks, cuya condición les permite incidir en la discusión de los asuntos de interés nacional. 

UN LARGO AÑO POR RECORRER…

 “Las métricas típicas para juzgar la labor de un Gobierno en este momento no se aplican”, manifestó un ministro de gobierno de la administración Chinchilla Miranda a un medio de comunicación nacional, explicando el origen de esta situación por la condición de mujer de la mandataria. Es innegable la existencia de alguna crítica mordaz, con una clara relación con el pensamiento y las actitudes patriarcales persistentes en la cultura costarricense. Muchas de las referencias a la gobernante, rayan en lo soez y en la patanería. Pero la explicación del ministro revela, igualmente, una ausencia de autoevaluación y de autocrítica, al no reconocer los frecuentes y acentuados yerros políticos en los cuales ha incurrido el ejecutivo.

Si ante una ciudadanía informada, crítica y enfadada, resulta más complejo el ejercicio del poder, el desconocimiento de esta realidad, así como la creciente lejanía de la población en la toma de las decisiones -cuya demostración más elocuente es la forma cómo se otorga la controvertida concesión de la carretera de La Sabana a San Ramón, desoyendo y dando la espalda a los habitantes de los cantones del occidente del Valle Central-; el corolario no  será otro que el incremento del descontento y el repudio por parte de la ciudadanía.

La inevitable reculada ocurrida ante la movilización de comunidades y organizaciones ciudadanas opuestas a la concesión, luego del desacertado manejo político dado a la aparición pública de la presidente el 11 de abril, en plena cúspide del conflicto, sumado a la serie de pifias generadas alrededor del escándalo provocado por el viaje presidencial a Lima, Perú, llevan la pérdida de credibilidad y de confianza a niveles impensados, con el riego del surgimiento de una crisis de gobernabilidad.

Los resultados de las consultas sobre la popularidad presidencial, situación no revertida a pesar de los significativos gastos en publicidad y en el esfuerzo por mejorar la imagen gubernamental, sumados a los recientes desaciertos políticos, conducen a una delicada situación institucional la cual debe ser superada en respuesta al interés general. La administración Chinchilla Miranda tiene ante sí un largo año de gestión; la sociedad costarricense no puede darse el lujo de malograr doce meses en los cuales se requiere de la adopción de medidas políticas, sin esperar hasta la llegada de un nuevo gobierno. Superar el aislamiento político y evitar el aislamiento físico al que podría someterla el nuevo director de la DIS, en aras de incrementar la seguridad de la presidente, ¡cómo si el problema enfrentado fuera de seguridad, cuando, cómo queda muy claro, su problema es especialmente político!

El primer paso, desde luego, tendrá que darlo la mandataria. Refrescar su gabinete, reforzarlo con personas con la visión política y la experiencia con cuyo concurso pueda sortear el oleaje del año electoral y lograr los acuerdos necesarios para concluir con decoro su gestión, es una decisión enteramente en manos de la presidente.

CONCESIÓN Y GOBERNANZA

Una nueva situación conflictiva, de importantes proporciones, se avecina. Esta vez se trata de la concesión de la carretera de 58 Kilómetros, entre La Sabana y San Ramón,  otorgada a una empresa brasileña.  Esto, como de manera equivocada se afirma, no es un asunto de preocupación tan solo para unos cuantos vecinos de algunos cantones de la provincia de Alajuela. La táctica de tratar de minimizar la dimensión de una protesta social en curso o de catalogarla como una simple “majadería”, con el propósito de reducir la movilización, no siempre da los resultados esperados. Sobre todo, como en este caso, cuando se trata de una decisión gubernamental cuyas consecuencias van mucho más allá de los intereses particulares de un grupo de poblaciones.

La demanda por el mejoramiento de esta vía, así como de muchas otras por las cuales transitamos los costarricenses, sobrepasa la preocupación de los vecinos de los lugares directamente afectados con la disposición oficial. Pero, además, la decisión se relaciona con un tema político presente en el creciente malestar ciudadano, en el constante reclamo de transparencia en cada una de las acciones ejecutadas por las entidades públicas y el rechazo a la opacidad con la cual se manejan muchos de los asuntos de interés general.

El uso de la  figura de la concesión de obra pública, la cual podría ser un buen instrumento para subsanar las indiscutibles insuficiencias existentes en la infraestructura del país, sufridas cotidianamente por quienes requerimos de ella, se convirtió en un asunto controversial, en una fuente generadora de desconfianza y en una de las muestras de corrupción con más frecuencia señaladas entre la ciudadanía. En la medida en debate, la vinculación existente en algún momento del ministro de transportes con la empresa favorecida con la concesión, la ausencia de explicaciones fehacientes en cuanto a las posibles ventajas a obtener por la población, así como las dudas compartidas por diversos sectores en cuanto a los beneficios otorgados a la empresa concesionaria de la autopista, originan dudas y alientan el antagonismo a la decisión adoptada.

Les resulta muy difícil a los gobernantes comprender las condiciones en las cuales llevan a cabo su gestión. La toma de decisiones adoptadas de manera vertical, “de arriba hacia abajo”, propios de las formas anacrónicas del ejercicio del poder, ha dado lugar, desde hace ya bastante tiempo, a distintas formas de gobernanza. En estas, las relaciones horizontales, la consulta y la participación de los diversos sectores interesados (“stake holders”), en la política o la decisión tomada, es un aspecto básico en la gestión pública.

Hacer partícipe a la ciudadanía de los procesos mediante los cuales se adoptan las medidas, lejos de obstaculizar la toma de decisiones, favorece el desarrollo de las acciones, disipa las dudas, contribuye a la anhelada transparencia  y garantiza la correspondencia entre las demandas y aspiraciones de la población y las disposiciones gubernamentales.

¿GANARA CHÁVEZ OTRA ELECCIÓN?

El acto simbólico ejecutado por el presidente Chávez, al partir a su destino final, marca el rumbo inmediato de la sucesión en el poder en la República Bolivariana de Venezuela. La unificación de las diversas facciones o tendencias existentes en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y en el ámbito gubernamental, alrededor de Nicolás Maduro, con una suerte de unanimidad norcoreana, detiene una posible ruptura en la coalición gobernante, una vez desaparecido su  indiscutible líder.

La multitudinaria despedida brindada al comandante Chávez  por un significativo número de dignatarios y, de manera notable, por grandes masas de la población venezolana, sobre todo de extracción humilde, profusamente divulgada por los medios de comunicación alrededor del mundo, tiene un efecto interno de enorme magnitud. Esta manifestación popular opaca cualquier reacción opositora a la legitimidad del acto por medio del cual es investido, como presidente transitorio, el vicepresidente Maduro.

Esas manifestaciones masivas son el resultado de la ejecución de un proyecto con el cual se han beneficiado amplios grupos de la población, tradicionalmente excluidos de las políticas estatales. Por ese motivo, esa identificación, como ha ocurrido en varios países de América Latina, tiende a perdurar en el tiempo, como identificación o como nostalgia. No otra cosa sucede con las medidas adoptadas en su tiempo por el régimen peronista, las reformas sociales impulsadas por el presidente Calderón Guardia o los procesos de movilidad social con el cual se amplían y refuerzan los sectores medios de la población costarricense, promovidos bajo el liderazgo de José Figueres Ferrer. Estos caudillos desaparecen físicamente, pero siguen ganando elecciones o inspirando movimientos.

Si bien en la política no es posible predecir los resultados -¡la ciencia política, de igual forma que la economía,   como se ha comprobado de sobra, no son ciencias exactas! - todo parece indicar el surgimiento de un estado de conmoción y de adhesión al desaparecido caudillo, cuya prolongación en el corto tiempo al cabo del cual se efectuarán  las elecciones, tendrá consecuencias relevantes en el abreviado torneo electoral por venir.

Reponerse de una reciente derrota ante el imbatible Chávez, ganador en cuatro elecciones presidenciales, así como enfrentar los efectos de identificación masiva con el líder ausente, sumado a la aparente unidad de las fuerzas gubernamentales, le plantean un difícil reto por vencer a la oposición en su reiterado intento por desplazar del poder a la actual coalición hegemónica.

El sucesor no parece reunir las características del liderazgo carismático de Chávez, según la conocida visión weberiana, de acuerdo con la cual a esos líderes se les reconoce poseer cualidades excepcionales por parte de sus seguidores; ni parece poseer las destrezas mediáticas del comandante. ¡Esas condiciones no se heredan, ni se decretan! Sin embargo, de no surgir alguna situación extraordinaria, podría darse un escenario según el cual la efervescencia generada por su temprana partida y las emociones vividas por los electores, unidas a los otros factores ya mencionados, lleven al comandante Chávez a ganar de nuevo otra contienda electoral.

¿Es positivo esto para Venezuela y la América Latina? Si llegara a suceder así, solo  el tiempo lo dirá. 

NOTABLES RECOMENDACIONES

La presentación de las propuestas elaboradas por un distinguido grupo de ciudadanos, convocados por la Presidenta de la República con el propósito de entrgar al país una serie de recomendaciones “para avanzar hacia mayores niveles de funcionalidad y calidad de nuestra democracia”, ha llamado la atención y estimulado un significativo debate entre diversos sectores de la sociedad costarricense. Solo este hecho sería una ganancia para el país. La seriedad con  la cual estos ciudadanos emitieron su “criterio experto” y la colocación de su mirada y puntos de vista en temas cruciales de la institucionalidad política, nos permiten contar con propuestas rigurosas y con un material orientador para elaborar una agenda nacional e impulsar el diálogo y la negociación política requerida para convertirlas en decisiones  para agilizar el funcionamiento del Estado y sus vinculaciones con la sociedad civil.

Considero, por lo tanto, de que no se trata únicamente de manifestarse a favor o en contra de una o de todas las recomendaciones sometidas al conocimiento de la ciudadanía,  aspecto relevante en la vida democrática de la nación. Tratándose de temas tan sensible, ni siquiera el grupo de expertos logró alcanzar el consenso en el contenido de la totalidad de las propuestas. Es claro, eso sí, que estas apuntan a enfrentar una serie de temas considerados esenciales para tratar de mejorar la institucionalidad del país, sobre los cuales han existido preocupaciones, intercambios y debates. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y de estos con el Poder Judicial, el funcionamiento de nuestro parlamento o las relaciones entre el Estado y la sociedad, así como la organización y funcionamiento de la administración pública, para citar algunas de las áreas de trabajo de los expertos, son temas recurrentes en el análisis y el pensamiento de diferentes actores de la vida nacional.

Pareciera que llegó el momento de concretar las criticas e inquietudes en propuestas y medidas, para buscar soluciones mediante el entendimiento y la negociación.

Desde luego que es clara la intención de la comisión de centrar  el análisis en los aspectos institucionales, con lo cual se dejan de lado otras preocupaciones de los costarricenses. A pesar de la mención al tema de la pobreza, es imposible dejar de lado en este análisis y en la generación de recomendaciones, el desafío originado con el crecimiento de las desigualdades y la exclusión social, así como la necesidad de reforzar las políticas universales en asocio con las medidas de focalización. Estos fenómenos tienen una relación directa con la pérdida de credibilidad sufrido por las instituciones –recordando, por cierto, que la credibilidad es un atributo de estas, por lo cual son las instituciones quienes ganan o pierden la credibilidad, no los ciudadanos-, y en la disminución constante de la confianza de la ciudadanía en ellas.

Buena parte de las razones por las cuales se deteriora la credibilidad institucional obedece al sentimiento, compartido por grupos importantes de la sociedad, en el sentido de que las instituciones, ni los políticos, se preocupan por su suerte. Esto genera pérdida de identidad, de sentido de pertenencia y de cohesión social. Por este motivo, se debe responder a algunas preguntas clave, ¿Eficacia del funcionamiento y de la calidad de las instituciones para qué?¿A cuáles demandas de la sociedad responderán con prioridad las instituciones?¿Permitirá el mejoramiento en su calidad disminuir las desigualdades y la exclusión y promover la inclusión y la cohesión social?

Las recomendaciones, por su calado, tendrán una vigencia y alimentarán procesos que necesariamente irán más allá del período aún faltante para concluir el actual ejercicio presidencial. El gobierno actual, convocante de los expertos, puede dar inicio al diálogo, la negociación y la generación de las propuestas a adoptar en los ámbitos correspondientes, pero buena parte de ellas requieren, al menos, de un plazo superior al de la gestión Chinchilla Miranda para su concreción.

En ese sentido, el mejor destino para las recomendaciones de la comisión es que estas sean recogidas, analizadas e incorporadas en sus propuestas de programa gubernamental por los partidos políticos o las coaliciones aspirantes a conducir los destinos de la nación en el futuro próximo. Hacer de estas recomendaciones uno de los elementos para la discusión en el marco del torneo electoral que se avecina, será un buena manera de aprovechar este notable esfuerzo ciudadano y gubernamental.